Otra de la Gestapo de Macri en La Pampa

Que el exgobernador Carlos Verna apareciera en el listado de personas vigiladas por el entramado de espionaje ilegal montado durante el gobierno de Mauricio Macri debería provocar, además de expresiones de repudio, otras de alarma. Porque además de afectar a un dirigente que alcanzó un elevado rango político -el más alto de la provincia- empezó a quedar claro que La Pampa también estuvo en la mira de los llamados «sótanos de la democracia» que prosperaron bajo el cuatrienio de Cambiemos. Ya no se trata de lo que en principio se pensó que era un caso aislado, como el del diputado Espartaco Marín, a quien operaron desde la Agencia Federal de Investigaciones para involucrarlo en una causa policial en complicidad con sectores de la Justicia Federal. De ahí que las preguntas empiecen a surgir espontáneamente: ¿cuántos casos más saltarán de ahora en adelante? ¿Habría también políticos del palo macrista espiados tal como ocurrió en la CABA y la provincia de Buenos Aires? ¿Y dirigentes gremiales, sociales o periodistas entre los blancos que todavía no saltaron?
Son hechos de una extrema gravedad institucional. A tal punto que no se conocen ejemplos siquiera parecidos bajo otros gobiernos surgidos por el voto popular luego de la recuperación de la democracia en 1983. De hecho, se trata de procedimientos detestables mucho más cercanos al funcionamiento de una dictadura que de un gobierno constitucional. Y el líder político que desplegó semejante mecanismo de vigilancia ilegal cuando ocupó la Casa Rosada ya venía con frondosos antecedentes de su paso por el gobierno de la Capital Federal.
La escasa importancia que le dan al tema los grandes medios de comunicación porteños contribuye a que se diluya su trascendencia en buena parte de la sociedad. Es que esa prensa que calla fue cómplice del oscuro entramado de espionaje en el que participaron muy activamente no pocos de sus periodistas más conocidos. La impecable investigación del juez Alejo Ramos Padilla dejó toda esa podredumbre al descubierto.
Ahora bien, si los tentáculos del espionaje paraestatal llegaron a una modesta provincia como La Pampa, de relativo peso político en el tablero nacional, entonces cabe inferir que todo el país estuvo bajo esta ominosa forma de vigilar desde las sombras. Ya son varios los Estados provinciales en donde se destaparon conexiones con este sistema de fisgoneo ilegal, aunque hasta ahora aparecieron mencionadas solo las jurisdicciones mayores. El involucramiento de nuestra provincia en ese listado habla de la extensión de esta metodología a nivel nacional.
Esta oscura red de vigilancia de personas por fuera de los procedimientos legales reactualiza un debate nunca saldado sobre las tensas relaciones que la derecha política siempre mantuvo con las reglas de la democracia. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, las festejadas «doctrinas» «Chocobar» e «Irurzun», la «mesa judicial» para poner y sacar jueces y fiscales a dedo son otras muestras de una lista más extensa de casos que, en apenas cuatro años, expusieron con crudeza las escasas convicciones democráticas de la derecha neoliberal que gobernó hasta 2019.