Adonde van a parar los subsidios

Generosos subsidios se derraman sobre la capital argentina. Además de la energía, la zona denominada AMBA acaparó un 78% de los subsidios otorgados por Nación para el transporte público en 2021.

 

JOSÉ ALBARRACÍN

 

Entre los así llamados "comunicadores" que pululan en medios radiales y televisivos de la ciudad de Buenos Aires, se ha instalado un latiguillo constante, no exento de un fuerte componente racista: "Estoy harto de mantener vagos con mis impuestos". La frase apunta, desde luego, a discutir la política de Estado existente -y seguida por gobiernos de todos los signos- de subsidiar a los sectores sociales menos favorecidos, en un país con un inaceptable nivel de pobreza e indigencia. Y contiene al menos un error conceptual: los impuestos pertenecen al Estado, no al contribuyente obligado a pagarlos. Sin embargo, cualquier análisis serio que se haga de la distribución de fondos públicos, y en particular, los que van a parar al distrito de la CABA, tiende a indicar que el problema está en otro lado.

 

Energía.

 

Un informe publicado ayer en este diario -originalmente dado a conocer por Río Negro- muestra el ranking de lo que pagan en promedio los usuarios de los servicios de energía en los distintos distritos del país. El distrito más caro es Neuquén ($ 5.733 de promedio), tan luego el lugar donde se encuentra asentado, en su mayor parte, el yacimiento de gas natural conocido como "Vaca Muerta". El distrito donde la energía es más barata, en cambio ($ 1.868 o $ 1.876, según la distribuidora) es la CABA, donde por cierto no se produce ningún tipo de energía. En La Pampa la energía es un 84% más cara que en Buenos Aires ($ 3.717), por lo que con alguna libertad puede decirse que pagamos el doble que los porteños.

 

Expresando preocupación por los efectos de la llamada "segmentación de tarifas", un periodista de aquel distrito subrayaba que los 400 Kw de consumo mensual que se fijaban como tope para los subsidios a la energía eléctrica, equivalía al consumo de "un monoambiente" en esa ciudad, dato que no dejará de sorprender a los pampeanos, donde muchos hogares con varios habitantes no llegan ni a la mitad de ese consumo.

 

Es cierto que, por la densidad poblacional, la ciudad de Buenos Aires tiene menores costos de distribución de energía. Pero hay otro dato no menor, y es que en ese distrito, el valor de las tarifas lo define directamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

 

Subsidios.

 

No paran allí los generosos subsidios que se derraman sobre la ciudad capital. Otro informe reciente, con sólida base numérica, demuestra que la zona denominada AMBA (que además incluye al llamado Conurbano, parte de la Provincia de Buenos Aires) acaparó un 78% de los subsidios otorgados por Nación para el transporte público en 2021. Dicho en términos bastos, de cada cinco pesos que se gastan en estas prebendas, la zona metropolitana se lleva casi cuatro.

 

Aquí también puede aducirse que esa diferencia obedece a la mayor densidad poblacional de esa zona. Pero la verdad es que el AMBA representa alrededor de un tercio de la población nacional, por lo que esa relación no justifica tamaña desproporción en la asignación de recursos públicos.

 

Otro tanto puede decirse, por ejemplo, del dato reciente sobre la balanza de pagos por distrito: CABA es la jurisdicción que más dólares consume, y la más deficitaria al respecto, ya que la mayoría de las provincias exporta más de lo que importa. Para no hablar de otras prebendas históricas, como el hecho de que la justicia ordinaria de la Ciudad sea mantenida por el presupuesto nacional.

 

Macrocefalia.

 

Por supuesto, el problema de la desproporción en población y riqueza entre Buenos Aires y el llamado interior del país es de larga data y hasta parece estar naturalizado. Pocos recuerdan hoy aquel intento de los años '80 que proponía trasladar la capital nacional a Viedma, y que llegó a plasmarse incluso en una ley sancionada por el Congreso, la cual irónicamente continuaría vigente.

 

Pero la sangría debería parar en algún momento, y esto se hace especialmente dramático con motivo de un litigio que CABA mantiene con el Estado nacional, con motivo del decreto de 2016 por el cual el PEN había otorgado a la capital más de dos puntos porcentuales de coparticipación para atender a los gastos de su policía distrital.

 

En datos que no han sido desmentidos, hace apenas un mes la entonces ministra de Economía indicó que "el presupuesto para 34 mil agentes distribuidos en todo el país de la Policía Federal es de 70 mil millones de pesos. La CABA quiere por 19 mil agentes $ 112 mil millones para un territorio que es el menos del 1 por ciento de territorio nacional".

 

El juicio está en manos de la Corte Suprema, un tribunal menguado en su dotación y tanto más en su prestigio. El mismo que, mientras se muestra incapaz de hacer valer su propio fallo en el litigio de La Pampa contra Mendoza por el río Atuel, ha dado varias muestras de congraciarse con la CABA, incluso otorgándole el rol de "provincia" que la Constitución no le confiere.

 

Desde esta perspectiva, basada no en prejuicios ni en tirrias añejas, sino en números contantes y sonantes, se hace imperioso considerar seriamente el proyecto presentado por un conjunto de gobernadores, que intenta ampliar el número de miembros de la Corte con un criterio federal. El proyecto será perfectible, a no dudarlo. Pero difícilmente su resultado sea peor que el actual estado de cosas.