Al sur del Edén: el paraíso sin niños

Tras años de tendencia decreciente, las estadísticas oficiales revelaron un repunte en la Tasa de Mortalidad Infantil y perinatal en Argentina y una proyección negativa única fuera de África, debido al deterioro de las condiciones socioeconómicas y la vulnerabilidad en el componente neonatal. La caída en la cobertura de vacunación en la población infantil actúa como un factor crítico que amplifica el fenómeno: al reducirse la protección comunitaria mediante el Calendario Nacional de vacunación, se fractura el "efecto rebaño" y se expone a lactantes y recién nacidos al refloramiento de enfermedades inmunoprevenibles (como tos convulsa, neumococo o sarampión), transformando patologías evitables en causas directas de morbilidad grave y fallecimientos posneonatales. Ejemplo: partir de 2023 se produjo un sostenido aumento del número de susceptibles por la baja vacunación y en 2025 reapareció un brote de coqueluche (tos convulsa) que duplicó la incidencia prevista con vacunación adecuada, alcanzando los 1.200 casos confirmados y 11 fallecimientos todos de menores de dos años. Ni sus madres ni ellos tenían el esquema vacunal completado. Durante 2026 continua el aumento de casos y descensos en simetría con el aumento de la mortalidad infantil. Durante el 2025 la cobertura vacunal de lactantes y de embarazadas fue inferior al 67% por debajo del 95% tradicional y necesario para mantener inmunidad colectiva frente a los contagios.

Sin anuncios oficiales se opera en los hechos el alineamiento con las políticas sanitarias de Trump que ha recortado la lista de patologías del calendario oficial de inmunización infantil de 17 a 11 enfermedades, excluyendo recomendaciones universales para vacunas clave como las de la hepatitis A y B, rotavirus, influenza, meningococo y COVID-19. Esta medida formaliza la penetración de las tesis antivacunas en la gestión pública.

El origen del mito moderno que vincula las vacunas con el autismo nació de un fraude orquestado en 1998 por el Wakefield que en un estudio en The Lancet no solo alteró y falsificó los datos médicos de doce niños para inventar un falso vínculo con la vacuna triple vírica (SRP), sino que ocultó un flagrante conflicto de intereses: Wakefield había sido financiado por abogados que preparaban demandas contra los fabricantes de la vacuna combinada y, además, había registrado una patente propia para una vacuna individual competidora y kits de diagnóstico con los que planeaba lucrarse. Fue desenmascarado y despojado de su licencia médica por mala praxis y falta de ética en 2010

En nuestro país, la precarización alimentaria —que priva de nutrientes esenciales a más del 60% de las infancias en sectores vulnerables— retroalimenta la reaparición de desnutrición aguda, anemia y el resurgimiento de patologías infectocontagiosas ligadas al deterioro de las condiciones socioambientales de vida.

La Atención Primaria de la Salud no es un concepto teórico deseable; es la arquitectura preventiva que evita que los hospitales colapsen por enfermedades evitables. Históricamente, la Argentina construyó uno de los Calendarios Nacionales de Vacunación más sólidos y equitativos de la región.

Informes internacionales y análisis basados en datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan retiros alarmantes en las dosis de refuerzo clave en la Argentina. En el caso de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas), donde la cobertura nacional perforó el piso histórico situándose en torno al 46% al 47%. Adicionalmente, esquemas decisivos a los 11 años, como la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la triple bacteriana acelular, han descendido a rangos de cobertura de entre el 50% y el 55%. Cuando la inmunización pasa de ser una política pública activa a una responsabilidad individual librada a la capacidad económica o logística de cada hogar, los brotes epidémicos de sarampión o tos convulsa dejan de ser una amenaza teórica para convertirse en un riesgo inminente de la generalización de los casos citados.

La austeridad económica es también una falacia insostenible: Por cada u$s invertido en vacunación infantil se ahorran u$s 16 en costos médicos directos y pérdidas de productividad (hasta u$s 44 considerando el desarrollo socioeconómico). Por cada u$sr recortado en medicamentos de APS para hipertensión o diabetes, el sistema gasta más de u$s 5 en urgencias agudas.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las enfermedades no transmisibles generarán pérdidas por 7,3 billones de dólares en Sudamérica hacia 2050 (hasta el 4,5% del PIB anual). Esto se agrava por el impacto indirecto en los hogares, donde la falta de contención estatal obliga a una sobrecarga de trabajo no remunerado que puede insumir más del 30% del tiempo productivo de las familias cuidadoras.

Detrás de las proclamas de austeridad o libertad, opera una masiva transferencia de ingresos hacia el aparato sanitario privado:

Tratar una complicación grave en Terapia Intensiva representa un costo de US$ 1.500 a US$ 3.000 diarios (superando los US$ 15.000 por cuadro completo). Por cada caso grave desencadenado por falta de prevención, el sector curativo y droguerías capturan hasta 100 veces más ingresos que el valor de la vacuna omitida. Asimismo, el gasto de bolsillo directo en farmacias (con márgenes comerciales del 30% al 45%) sustituye al botiquín público.

Las decisiones no son fruto de la ignorancia o las convicciones sino de las políticas de concentración del ingreso en los que financian el modelo. La desinversión en prevención es para sobrealimentar la medicina curativa de alta rentabilidad comercial. La prevención estatal es la inversión de mayor retorno social: cada peso recortado hoy es una deuda multiplicada que se pagará en internaciones, días de trabajo perdidos, sobrecarga de cuidados y una evitable sangría de vidas humanas.

La deserción del Estado no genera "mayor libertad", sino profundas ineficiencias e ineficacias sociales agregadas cuyos negativos efectos se multiplican exponencialmente. Se degrada el contrato social, convirtiendo la salud en un privilegio individual ilusorio, transfiriendo indebidamente ingresos y condenando al cuerpo social a una pérdida irreparable de equidad y bienestar colectivo.

Ing. Javier Mariano García Guerrero. Ex Profesor de la Maestría en Gerencia y Administración de Sistemas y Servicios de Salud, durante 8 años.