Aumentos irrisorios en los haberes previsionales

El ajuste se ensaña con los jubilados, cuyos haberes están en su más bajo nivel, desde la crisis del 2002. Crecen los adultos mayores que vuelven a trabajar para sumar ingresos.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Ayer se anunciaron los incrementos en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que son una muestra cabal de la diferencia abismal que existe entre los beneficios previsionales y lo que cuesta vivir hoy en la Argentina.

 

Viejos “meados”.

 

Así calificó con grosería y crueldad el presidente Javier Milei a las personas adultas mayores, en una confesión horrible de la valoración que le merece quienes han trabajado toda una vida, recompensados con haberes de miseria.

 

No se trata solo de aquellos hicieron aportes durante el tiempo estipulado por la ley, pues hay millones de compatriotas que no los tienen por haber trabajado en la informalidad, en empleos precarios, y porque sus patronales no se los hicieron, etc.

 

En otras épocas semejante calificación hubiera constituido un escándalo, digno de ser denunciado ante el Inadi (hoy desmantelado) y también repudiado por la opinión pública. Pero lamentablemente los medios corporativos y los periodistas “amigos” (o “ensobrados”, como los llamaba antes Milei) ocultan estas agresiones y algunos hasta las festejan.

 

Cada vez más viejos.

 

Entre la población en edad de jubilación (60 años para las mujeres y 65 para los varones), se estima que en Argentina hay 6,5 millones de habitantes, casi el 14 por ciento de la población total.

 

Al compás de las orientaciones del FMI, el gobierno anuncia su intención de aumentar la edad jubilatoria: a 65 años para las mujeres, y para los varones ¡a 75 años!!!

 

Más allá del incremento en las expectativas de vida, que son reales y que configuran un problema para los sistemas previsionales, pretender que un trabajador se jubile a esa edad es criminal. Si comenzó su vida laboral a los 25, quiere decir que habrá aportado (si es un trabajador formal), ¡50 años!

 

Los falsos “igualadores” piensan que está bien que la edad jubilatoria de las mujeres sea la misma que la de los varones, pero esa falsa equiparación significa negar la doble y triple jornada laboral que pesa sobre los hombros femeninos. Las tareas de cuidado, que incluye el trabajo doméstico en el hogar, la crianza de las infancias, la atención de personas con discapacidad y adultas mayores, etc., recaen mayoritariamente sobre las mujeres, y ese trabajo no es registrado ni remunerado. Solo subsiste la posibilidad de sumar años de aportes (2) por cada hijo de la mujer que pretende jubilarse.

 

Moratorias.

 

Las moratorias previsionales son mecanismos, aprobados por el Congreso, que permiten jubilarse a las personas que, llegado a la edad correspondiente, no suman aportes requeridos para acceder al beneficio. No es un mecanismo gratuito, tampoco es un “gasto” del Estado que no tenga sentido. Es el reconocimiento al trabajo precario, informal, que en la Argentina representa casi la mitad de la fuerza laboral.

 

No es gratuito porque quienes se acogen a la moratoria, pagan la diferencia de los aportes faltantes con descuentos en sus haberes, durante el tiempo necesario para completarlos.

 

Los detractores de las moratorias aducen que para esas personas existe la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), pero ese haber es inferior al de la jubilación y se alcanza a los 65 años, con lo cual implica un aumento de 5 años en la edad jubilatoria de las mujeres.

 

Haberes paupérrimos.

 

Según la noticia difundida ayer, con el aumento dispuesto para los haberes de julio, la jubilación mínima será de 295.540 pesos, monto que incluye el bono de 70.000 pesos que se viene otorgando a esos haberes (los mínimos, el resto no lo percibe), sin ninguna actualización.

 

El aumento fue del 4,6 por ciento, conforme la nueva fórmula de actualización que decretó Milei para reemplazar la anterior. Los haberes se ajustan por inflación, pero la pérdida de su poder adquisitivo ha sido constante, ya desde los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, pero mucho más en la breve gestión de La Libertad Avanza.

 

Es que la devaluación y disparada de inflación de diciembre 2023 y enero 2024, afectó duramente los ingresos de trabajadores y jubilados. El superávit fiscal del que se jacta Milei fue posible gracias al recorte en salarios y haberes previsionales, además de otras obligaciones del Estado, como la obra pública, la transferencia de fondos provinciales, Fonid, etc.

 

La Canasta Básica Total, que marca el límite de la pobreza, a valores de junio, es de 873.169 pesos. Y actualmente, según los datos del INDEC, el 50 por ciento de la población está por debajo de esos ingresos. En el caso de los jubilados, la situación se agrava por los costos elevados en el rubro salud, que implica gastos de medicamentos, tratamientos médicos, etcétera.

 

Volver a trabajar.

 

Ningún hogar debería tener ingresos por debajo de la CBT, cuyo monto no incluye alquiler, con lo cual lo que necesita una familia para no ser pobre está por encima del millón de pesos.

 

Que la mitad de las personas adultas mayores de nuestro país tengan ingresos paupérrimos, que no alcanzan los 300.000 pesos, es una vergüenza que recae en los gobiernos que durante años no atendieron la situación de los jubilados y jubiladas, en particular de quienes perciben el haber mínimo.

 

El proyecto de ley que se aprobó en junio en Diputados, mejora un poco los haberes y tiene una fórmula atada al Indice de Precios al Consumidor (IPC). Establece un aumento del 8 por ciento a partir de abril, para compensar la pérdida del valor adquisitivo de las jubilaciones en enero.

 

Con ese proyecto, las jubilaciones y pensiones mejorarían un poco. Hace falta un aumento significativo en los haberes previsionales, para que se reduzca el número de jubilados pobres.

 

O lo que es peor, jubilados que deben volver a trabajar, porque con lo que ganan no pueden vivir. Según la agencia EFE, que cita datos oficiales del cuarto trimestre de 2023, de 19 millones de personas ocupadas (formal e informalmente) dentro de la población urbana de Argentina, un 4,4 % eran mayores de 65 años, buena parte de ellos jubilados. Así, de 10,6 millones de personas con ocupación formal, 927.405 son mayores de 60 años y, dentro de ellos, 329.716 son trabajadores que ya cobran una jubilación. La situación se agrava porque hay un número mayor de jubilados que trabajan en la informalidad, con changas o cuentapropistas, para sumar ingresos.