Cárceles y cementerios

La catástrofe social avanza. El Indec dio a conocer el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de diciembre del año 2023, medido luego del fogonazo inflacionario donde el “León” llevó el dólar de $366 a $800. Una devaluación del 118%.

 

El número es conocido, a nivel general el IPC de diciembre alcanzó el 25,3%, la mayor desde el año 1990 y casi seis veces el índice de la Venezuela chavista. Sin embargo, siendo ese nivel general catastrófico en sí mismo, en el estratégico rubro “alimentos y bebidas” es aún peor y trepó al 29,7% mensual, totalizando el 251,3% anual.

 

Proyectando datos de noviembre, la Canasta de Pobreza llega a un costo de $502.000 para un hogar tipo 2 de cuatro miembros metropolitanos, en tanto la canasta de sobrevida calórica para el mismo hogar, la denominada Canasta de Indigencia, asciende $240.500 mensuales.

 

En ese mismo lapso, los salarios privados formales promedio ascendían a mediados de diciembre a $394.000 bruto, aplicando los descuentos de ley, llegaban a $315.000 neto, apenas el 62% del valor de la canasta de pobreza de diciembre.

 

Esto señala un deterioro inédito del salario -en este caso privado formal- respecto a la línea de pobreza. Ni hablar del promedio salarial informal que no llega al 50% del valor de la línea de pobreza del mes de diciembre.

 

Se trata de uno de los efectos más degradantes de un ajuste criminal que recae impiadoso sobre los ingresos familiares, lo que, adicionalmente supondrá una contracción económica que sobrevendrá de manera inexorable en torno al 5% del PBI, con niveles de inflación muy optimistas, no menores al 250% anual.

 

En rigor, la quemazón inflacionaria y el ingreso menguante no parecen un error sino un efecto buscado por el actual el gobierno “libertario”.

 

Como es habitual en estos “modelos” neoliberales, el único verdadero “ancla” del incendio inflacionario es la caída de los ingresos familiares y, aún siendo salvaje la estrechez, no se observa claramente que esto pueda detener el camino a la híper.

 

Esperar que este escenario se instale es demencial para todo el arco político, sea oficialista u opositor, que corre severos riesgos de volar por los aires o cristalizar su inoperancia y proseguir ocupando lugares frente a una sociedad rota. Para el caso es lo mismo y Argentina tiene doctorados en voladuras de la representación política.

 

Los niveles extorsivos del gobierno los expresó mejor que nadie Toto Caputo, el ministro que como bien señala el economista Sergio Chouza “logró que Argentina sea el único país del mundo en que una parte de la población aplauda por renegociar un crédito, al mismo funcionario que lo pidió y se lo patinó”.

 

En la conferencia tras el anuncio del “acuerdo” con el Fondo, Caputo lanzó una amenaza muy grave. "En la medida en que la ley (ómnibus) no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más". Muy libertario no suena.

 

En fin, lo cierto es que mientras el parlamento bajo extorsión discute el DNU y “Ley ómnibus”, la aceptación de la deuda y las condicionalidades del FMI, el aumento del desempleo, pobreza, indigencia y la licuación acelerada del valor del peso, el desmoronamiento de salarios, jubilaciones, pensiones y otras formas de ingreso, ya son un hecho consumado.

 

En este sentido preciso, Javier Gerardo Milei ya ganó, aunque probablemente, más temprano que tarde tampoco él pueda volver a caminar por las calles.

 

Cuando ese momento llegue, cobrará sentido parafrasear la advertencia que Luisa González, líder del Movimiento Revolución Ciudadana, durante la campaña para las presidenciales de 2023, dedicara recientemente al plan del presidente Noboa, frente a un Ecuador dolarizado y bajo el fuego cruzado narco-neoliberal: El plan de Milei sólo dejará cárceles y cementerios. (Por Artemio López, extractado de El Destape).