El galope de la desigualdad

Uno de los males, quizás el peor, que hoy afecta a la Argentina es el de la creciente desigualdad social. Es un fenómeno complejo producto de varios factores que en los últimos años convergieron para afectar decisivamente a un país como el nuestro que, en esta materia, siempre pudo diferenciarse positivamente del resto del continente latinoamericano.

En principio hay que considerar que fueron las políticas neoliberales del macrismo las que en apenas cuatro años hundieron los salarios de los argentinos -medidos en dólares- del primero al octavo puesto en la región. Después, a solo tres meses de asumido el gobierno del Frente de Todos, sobrevino la pandemia de Covid-19 que, en el terreno de la economía, afectó muy negativamente a los sectores populares mientras las grandes corporaciones vieron multiplicar sus ganancias. Y por último, la guerra en Ucrania aceleró vertiginosamente el aumento de los precios internacionales de los alimentos, los que pegan directamente en la mesa de los argentinos por la ineficacia de las políticas tendientes a desacoplarlos de los precios locales. Como país productor y exportador de granos y carnes, en lugar de beneficiarnos con esta contingencia nos perjudicamos porque las montañas de dólares que ingresan al país se concentran en el sector agroexportador y no se derraman hacia los millones que miran el gran festín con la ñata contra el vidrio.

Hoy en la Argentina convive la bonanza de la elite económica que se beneficia de un notable crecimiento de sus ingresos con niveles de pobreza que, con la disparada de la inflación en los últimos meses, seguramente superará con holgura al 40 por ciento de la población al final de este semestre.

En la edición de ayer LA ARENA publicó un par de noticias que hablan de este proceso tan preocupante. Una de ellas da cuenta de un dato que proporciona la última Encuesta Permanente de Hogares: apenas el 10 por ciento de los que viven de un salario percibe más de 100 mil pesos, el 90 por ciento restante cobra un monto que lo ubica por debajo del nivel de pobreza. Es un fenómeno novedoso en la Argentina y habla del profundo deterioro de los ingresos de la clase trabajadora.

La otra noticia proviene de una estadística de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME): las ventas minoristas bajaron en mayo último un 8,9 por ciento con respecto a abril y un 3,4 por ciento interanual. Según el informe, los casi 900 comerciantes encuestados en todo el país coincidieron en señalar que "el aumento de los precios" fue la causa determinante de la caída en las ventas y remarcaron que los consumidores se limitaron a comprar "solo lo necesario". No hace falta demasiada perspicacia para advertir que son los sectores pertenecientes a los deciles medios y bajos los que más contribuyeron a interrumpir la tendencia alcista que hasta hace poco mostraba la curva del consumo.

La "guerra contra la inflación" que anunciara el gobierno está mostrando resultados muy pobres. Los grandes formadores de precios siguen vaciando los bolsillos de las mayorías y llenándose los propios. Esa gigantesca transferencia de ingresos desde los débiles hacia los opulentos no es frenada por el Estado y no hace otra cosa que alimentar el crecimiento de la desigualdad. Es el desafío más urgente que debe abordar el gobierno del Frente de Todos si quiere, en primer lugar, revertir este proceso tan nocivo para las mayorías, y, en segundo lugar, ir a las elecciones del año que viene con perspectivas ciertas de ganar.

El duro debate interno que atraviesa a la coalición gobernante tiene a esta cuestión como punto central. En tanto, la derecha política y mediática goza de estas vicisitudes del gobierno e incluso, envalentonada, se anima a anticipar en voz alta que, de ganar en 2023, su receta consistirá en un ajuste todavía más drástico y veloz que el de 2015/19.