Intencionado palabrerío

En lo que respecta a la política hídrica para con la provincia de Mendoza, numerosas veces desde estas mismas líneas se ha destacado la necesidad de que el gobierno mantenga una actitud de prudencia y –lamentablemente entre dos provincias confederadas— de no demasiada confianza en el proceder de sus autoridades y de las fuerzas vivas.

No es una postura caprichosa sino es una actitud que surge de una larga serie –casi un siglo según se la considere— de un negacionismo mendocino a distintas actitudes administrativas y técnicas que favorecían a La Pampa en cuanto al agua que le corresponde y a las que los gobiernos cuyanos respondían con argumentos falsos o, simplemente, con un silencio que refrendaba aquello de “quien calla otorga”. El mejor ejemplo está dado por el hecho de que, arrinconada por el fallo del más alto tribunal del país, la Corte Suprema, la provincia cuyana directamente se niega a acatar el fallo, y más todavía: dice sentirse perjudicada en sus intereses, al punto tal de llegar al desplante y la necedad de amenazar con separarse de la Confederación Argentina, por insólito que parezca.

Lo dicho se ve ampliamente demostrado por el último comunicado con el reclamo que expresaron los empresarios de la provincia vecina al gobernador Rodolfo Suárez: “No dejar que El Baqueano se transforme en un Portezuelo más, ni que La Pampa se interponga en el desarrollo de Mendoza”, junto con el pedido al mandatario para que presente un proyecto al Coirco que incluya el trasvase del río Atuel.

La manifestación surgió tras una tensa reunión, así calificada por el periodismo, en la que los emprendedores presentes apelaron a que “las decisiones de inversiones se hagan aquí en el sur porque es un dinero que nos pertenece”, en el que vuelven a recomendar para insistir ante el Coirco con el proyecto ejecutivo de la variante de Portezuelo del Viento con “el trasvase del Río Atuel incluido”. Ya que estaban, apuntaron contra nuestra provincia por las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles que, en el criterio de los empresarios, “están mal pagadas” y “La Pampa debe devolver lo que no le pertenece”.

Como se advierte, la contumacia mendocina en los niveles gubernamentales y empresarios no tiene remedio y consideran a La Pampa –la provincia enormemente perjudicada por ellos— como su gran enemiga. Es claro que, detrás de ese concepto está la bronca porque fue nuestra provincia la que alertó a las condóminas del río Colorado acerca de los peligros del trasvase. En el reclamo suena absurdo el requerimiento al Coirco de un nuevo estudio de impacto ambiental cuando, desde hace varias décadas, Mendoza hizo oídos sordos al pedido de ese organismo en cuanto a realizar esos estudios. Para más, la embestida cuyana coincide con algunos nuevos emprendimientos que podrían perjudicar al río Colorado si no tienen un cuidadoso manejo. El más significativo de ellos es el que hace a la posible utilización de los caudales del río Valenzuela, portador de las mejores aguas de la cuenca y cuyo inadecuado manejo podría alterar la salinidad del cauce principal.

Lo curioso y muy significativo de todo este intencionado palabrerío es que aparece cuando en el escenario del problema han surgido nuevas y distintas manifestaciones en aquella provincia que reniegan de las actuales políticas mendocinas en cuanto a recursos hídricos y aceptan las razones de La Pampa. Asimismo, se advierte el menosprecio cuyano para con la consideración global de la cuenca, ya que en su estrecha concepción dejan de lado el desequilibrio que supondría sacar agua de la alta cuenca sin compensar con caudales del río Negro en la cuenca media, tal cual planteara la concepción original del proyecto.