La contradicción cruel del gobierno de Milei

El escándalo de alimentos sin repartir desde hace seis meses, dio lugar a explicaciones mentirosas por parte de un gobierno al que no lo conmueve ni el hambre ni la pobreza que aumentan día tras día.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

La ministra Sandra Pettovello está en el ojo de la tormenta, aunque el presidente Javier Milei se empeñe en defenderla con argumentos distópicos. “... los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro. Amorales, hipócritas, chorros y mentirosos”, expresó Milei en su cuenta de X. Todas las pruebas y actuaciones judiciales apuntan a la corrupción en el super-ministerio de Capital (In)humano, pero los corruptos serían los otros.

 

Miente, miente.

 

Cuando el periodista Ari Lijalad denunció en El Destape, hace dos semanas, que 5 mil toneladas de alimentos estaban almacenadas en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires y en Tafí Viejo, Tucumán, el gobierno lo desmintió. Lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni y todos los funcionarios de ese ministerio, incluida su titular. Fue la primera de una serie de mentiras.

 

Juan Grabois hizo una denuncia judicial por ese acopio, que debía llegar a los comedores populares, y el juez federal Sebastián Casanello ordenó al gobierno que debía presentar un plan para el reparto de esos alimentos, lo que le valió que la subsecretaria legal del ministerio Leila Gianni, lo llamara “juez militante”.

 

Según información del propio gobierno, citada por Lijalad, se trataba de 3.146.707 kilos de yerba, 1.173.815 kilos de leche en polvo, 479.261 botellas de 900 ml de aceite, 137.796 kilos de puré de tomate, 81.148 kilos de garbanzo, 20.416 kilos de harina de trigo y maíz, y otras cantidades de arroz con carne y con hortalizas, arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva y huevo en polvo.

 

La segunda mentira del gobierno fue decir que esos alimentos no eran para entregar a comedores sino para casos de “emergencias y catástrofes”. Pero no fueron usados para ayudar a la población de Bahía Blanca ante el tornado ocurrido en diciembre, que dejó un saldo de 13 muertos, decenas de heridos y familias sin techo.

 

Pobreza en aumento.

 

El escándalo de los alimentos sin repartir, se vuelve más cruel y obsceno en una situación de crecimiento exponencial de la pobreza e indigencia. Tal como publicó ayer LA ARENA, según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, la pobreza pasó del 44,7 por ciento en el tercer trimestre del 2023 al 55,5 por ciento en el primer trimestre de este año. La indigencia, en tanto, pasó del 9,6 por ciento al 17,5 por ciento en el mismo período, casi se duplicó.

 

Para que se entienda bien: una familia de dos adultos y dos niños se considera por debajo de la línea de pobreza cuando sus ingresos no alcanzan a cubrir la Canasta Básica de Alimentos, que para abril era de 828.158,19 pesos. Y ese monto no cubre el alquiler de una vivienda. La indigencia hoy afecta a 7,8 millones de compatriotas, que no alcanzan a cubrir las cuatro comidas diarias. Más de la mitad de esas personas, la mayoría infancias, están en situación de hambre severa.

 

Y todo ello en el país productor de alimentos por excelencia. Esa es la contradicción más cruel de nuestro país.

 

Para los amigos.

 

Desenmascarado en sus mentiras e inoperancia, finalmente el ministerio de Capital Inhumano tuvo que salir a repartir los alimentos cuya existencia negaba hasta hace pocos días.

 

Pero siguió negándoles esa asistencia a los miles de comedores y merenderos que funcionan a lo largo y ancho del país, sostenidos con mucho esfuerzo por organizaciones sociales, la mayoría de ellas conformadas por mujeres de las barriadas, quienes le ponen el cuerpo a las crisis.

 

El gobierno firmó un convenio con la organización CONIN, cuyo presidente es el médico Abel Albino, que posee 64 centros de distribución, con comedores y merenderos. No se conoce auditoría sobre la totalidad de las organizaciones que brindan asistencia alimentaria a la población, que permita asegurar que CONIN sea más transparente que otras a quienes el gobierno les niega esos productos, hoy próximos a vencer.

 

Por ahora, el reparto será de 465 mil kilos de leche en polvo, y su entrega estará a cargo del Ejército, operativo que comenzó ayer.

 

Albino es un conocido médico pediatra, cercano al Opus Dei, que se opone al aborto y a los métodos anticonceptivos, incluso para evitar enfermedades de transmisión sexual. Para este personaje de pensamiento cuasi-medieval, el mejor anticonceptivo es la “virginidad” de las mujeres.

 

Según el plan de Pettovello, Mendoza será la provincia más beneficiada con este reparto, con 190.806 kilos de leche en polvo; así como Entre Ríos, que recibirá 43.380 kilos. Son dos provincias con gobernadores aliados de La Libertad Avanza.

 

La provincia con el 40 por ciento de la población del país, y con altos índices de pobreza e indigencia, Buenos Aires, solo recibirá 5.129 kilos.

 

Juicio político.

 

Además de la denuncia de Grabois, Pettovello enfrenta un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, impulsada por referentes políticos, sindicales y sociales, por “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. El fundamento se basa en “el escándalo por la ausencia de distribución de alimentos a los sectores más vulnerables, muchos de los cuales ya están en mal estado”.

 

Corrupción.

 

A la gravedad de este escándalo se sumó la destitución de Pablo de la Torre, como fusible de una situación que destapó la corrupción en ese ministerio, por la supuesta creación de un sistema de recaudación política ilegal montado en torno a contratos firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para la compra y distribución de alimentos. Según el gobierno, Pettovello no sabía nada de estos convenios, sin embargo su firma está estampada en ellos. La denuncia la presentó el abogado Leonardo Martínez Herrero, por "malversación de caudales, cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta y asociación ilícita atento la cantidad de personas involucradas". Ello surgiría de una planilla donde figurarían pagos a un listado de “contratados” que facturaban a la OEI con fondos públicos, para cumplir tareas, con una retención de entre 10 y 12 por ciento de los montos percibidos, que iban a una “cajita” cuyo destino se desconoce.

 

Todo huele muy mal en este escándalo, mientras “la casta” goza de muy buena salud.