La doble vara de la derecha gritona

A la derecha argentina le gusta presentarse en público como un espacio político "racional", "republicano" y "respetuoso de la institucionalidad". Cuatro años de ejercicio del gobierno nacional bastaron para mostrar que a esa derecha le cabe a la perfección el refrán que dice: "dime de qué alardeas y te diré de qué careces". Sería largo y tedioso enumerar aquí todas las violaciones a la ley, a la división de poderes, al respeto a los derechos ciudadanos, a la incompatibilidad de intereses privados y públicos de sus funcionarios, tanto como el uso abusivo de la violencia policial, de los tribunales y de los organismos de inteligencia como maquinaria de persecución política, entre tantos otros ejemplos que jalonaron el cuatrienio que tuvo a Mauricio Macri ocupando la Casa Rosada.

 

Hoy, cuando arrecia el griterío de la oposición de derecha contra el gobierno del Frente de Todos por un presunto "incumplimiento" de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, con la que se busca beneficiar económicamente a la Ciudad de Buenos Aires, resulta oportuno divulgar una información que ha circulado estos días en muy pocos medios.

 

Las múltiples violaciones a la ley cometidas por el expresidente Mauricio Macri cuando tomó la deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI son objeto de investigación judicial. Aunque nadie se haya enterado, hay una causa iniciada por la Coordinadora de Abogados de Interés Público que pretende echar luz sobre ese oscuro entramado de negociaciones que terminaron con el mayor desembolso otorgado por el FMI a un país.

 

Según informó el portal de noticias El Destape, el expediente a través del cual se debió haber tramitado la decisión de contraer el crédito se inició el 21 de junio de 2018, nueve días después de la carta de intención donde se acuerda la deuda. Además el gobierno no emitió dictamen jurídico previo a la firma de la carta con Christine Lagarde. Sin expediente ni dictamen jurídico no hay actuación válida, de acuerdo a la propia ley nacional de procedimiento administrativo.

 

Pero hay más. El Banco Central no cumplió con su obligación de emitir un dictamen técnico sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos. Sin un estudio del BCRA, toda deuda externa es nula, según la ley de administración financiera.

 

Tampoco se dictaron actos administrativos que autorizaran la toma del crédito, como un decreto presidencial o resoluciones de Hacienda o el BCRA. Por lo tanto, ni los ministros ni presidentes del Central contaban con competencia para firmar por su cuenta sin autorización del Presidente, de acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional.

 

Por todas estas omisiones los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la carta de intención no se fundan en ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica. Sin una causa válida, toda decisión administrativa es nula.

 

Desde su propio origen el préstamo tomado con el FMI es ilegal e inconstitucional. Pero para Juntos por el Cambio y sus grandes usinas mediáticas los "desprolijos", los que "avasallan la institucionalidad y la ley" y los que "van por todo" son Alberto Fernández y Cristina Kirchner.