La lucha contra las drogas

En Argentina se persigue más el narcomenudeo que a los grandes traficantes de drogas. Tampoco se investigan seriamente los vínculos de este crimen con las fuerzas policiales, la política, el Poder Judicial y el sistema financiero.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Las bandas de narcos dominan sus territorios apuntando a la población más vulnerable: las infancias y la juventud, que se entusiasman con obtener dinero frente a las privaciones y magros ingresos que les ofrece un trabajo precario con sobreexplotación.

 

El consumo de drogas es parte del consumismo capitalista: niñes y jóvenes se convierten en distribuidores al menudeo (para luego ir ascendiendo en la banda), en procura de ingresos que sus padres no pueden darles o que un trabajo honesto no les ofrece. Así pueden adquirir los bienes promocionados por el capitalismo para alcanzar “éxito” y “felicidad”: zapatillas de marca, celulares de alta gama y hasta automóviles.

 

Por ello, la droga es parte esencial del sistema capitalista, y no es casual que gobiernos socialistas muestren mejores resultados contra el narcotráfico. El gobierno de Fidel Castro en 1989 en Cuba condenó a muerte a un Héroe de la República, el general Arnaldo Ochoa, por sus vínculos con el narcotráfico. China también aplica duras condenas para los narcotraficantes, siendo que históricamente sufrió el embate de las drogas, cuando el imperialismo inglés introdujo el opio en el siglo XIX. Bolivia, donde el cultivo de coca es ancestral, avanzó contra el narcotráfico desde que el MAS expulsó a la DEA.

 

Estado paralelo.

 

Los narcos llegan a los sectores populares a través del consumo y atendiendo necesidades que el Estado no cubre. Compran medicamentos y/o tratamientos médicos inaccesibles para las clases más pobres, pagan casamientos y cumpleaños de quinceañeras, o sea, “mejoran” las condiciones de vida de sectores a los que el Estado no presta atención.

 

Tiene razón el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que hay que atacar la pobreza y el abandono del Estado, a los que reconoce como las causas del narcotráfico. En Argentina estamos fritos: el ajuste que implica el acuerdo con el FMI, con el achicamiento del gasto social para lograr déficit cero, profundiza la pobreza y la marginalidad. Y ese es el caldo de cultivo ideal para el avance del narcotráfico entre los más humildes. Claro que la droga también está presente en otras capas sociales, con otras características, no menos destructivas ni violentas.

 

Bandas, no carteles.

 

Según el diputado provincial de Santa Fe, oriundo de Rosario, Carlos Del Frade, no hay carteles en esa ciudad sino “bandas narco-policiales barriales” que se han asentado en “zonas liberadas”. La recuperación de esos barrios, según Del Frade, debe hacerlo la política y no los militares, pues de lo contrario estaríamos siguiendo la receta de EE.UU. y la DEA, que bajo la figura del “narco-terrorismo”, impusieron un modelo que costó 300 mil víctimas en México y 800 mil en Colombia.

 

Del Frade propone terminar con la corrupción en las fuerzas de seguridad y dotar de mayor presupuesto a los organismos destinados a políticas públicas hacia la Juventud. Esto último es responsabilidad del intendente de Rosario, Pablo Javkin, que culpa al gobierno provincial y nacional por su falta de apoyo en el combate contra los narcos, pero su gestión ha reducido los fondos para la promoción de la educación, el deporte, el empleo, etc.

 

Contra los bancos.

 

El legislador dice que para el combate contra el negocio narco “hay que cortar la circulación del dinero”, e identifica a los dos principales negocios del capitalismo: las drogas y el tráfico de armas. Estos negocios florecen en Rosario, en cuya zona se ubican 30 terminales portuarias, todas en manos privadas. Por ello, una de las soluciones pasa por la recuperación de esos puertos por el Estado, para combatir el tráfico ilegal de drogas y armas, y como una solución soberana para el ingreso y salida de mercaderías de nuestro país.

 

Eso debe ser una “decisión política” que no han tomado ni los gobiernos nacionales ni provinciales ni municipales. Tampoco el Poder Judicial, en particular el federal, que durante el año pasado solo elevó a juicio oral una causa por narcotráfico.

 

Según Jorgelina Hiba, del diario La Capital de Rosario, el negocio del narcotráfico mueve unos nueve millones de dólares mensuales en la provincia.

 

Violencia sin fin.

 

La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en Rosario fue en 2022 de 22,3 contra 4,6 a nivel nacional: 288 asesinatos. Este año son 64 hasta el 8/03, casi un crimen por día.

 

Omar Perotti no da con la tecla para combatir esos altos índices de criminalidad: en los últimos tres años pasaron cuatro ministros de Seguridad y diez jefes de policía.

 

Y a pesar de los anuncios sobre el incremento de efectivos y para dotar de nuevas tecnologías a las fuerzas de seguridad, los fondos destinados siguen siendo insuficientes. Según la Fundación Apertura, citada por Hiba, en 2022 Santa Fe recibió de la Nación para Seguridad, 2.224 pesos por habitantes, cuando el promedio para el resto de las provincias fue de 8.613 pesos. Y la diferencia se agranda si se lo compara con CABA o con la provincia de Buenos Aires, distritos que recibieron 9.584 pesos para políticas de Seguridad.

 

Ausencia del Estado.

 

Toda la dirigencia política coincide en que una de las causas del incremento del tráfico de drogas y la violencia es “la ausencia del Estado”. Pero el Estado está gobernado por dirigentes y partidos políticos que hace años gestionan tanto la Nación como Santa Fe (y otras donde también hay narcotráfico y violencia, como Buenos Aires). Entonces no hay lugar para declamaciones, cuando hay responsabilidad en las políticas que se llevan adelante.

 

Ninguna solución habrá sin cambiar el actual contexto de pobreza y marginalidad, cuyos índices son obscenos en Rosario. Doblemente reprochable pues se trata de una región productiva: desde sus puertos se exportaron bienes en 2022 por 88.466 millones de dólares, pero en esa ciudad y sus aledaños la pobreza en 2021 fue del 39,4 por ciento, según datos del Indec.