La opción entre “mano dura” y “garantismo”

La inseguridad afecta a todas las capas sociales, sobre todo en las grandes ciudades y se ensaña con los sectores más vulnerables. Por ello, es importante definir desde qué perspectiva se la aborda y combate.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

La difusión de hechos de inseguridad por parte de los medios hegemónicos de comunicación y el discurso cada vez más fuerte de la derecha política, inciden en las posturas de “mano dura” que tienen amplios sectores de la sociedad, incluyendo los más desfavorecidos. Así, se masifica la idea que la solución vendría con aumentar las penas para los delitos contra la propiedad o la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, así como darle más potestades a la Policía o incluir a la Gendarmería para el combate contra la inseguridad. Esta última propuesta la realizó la vicepresidenta Cristina Fernández en su discurso en La Plata, cuando definió al debate sobre ambas opciones, como “cínico y berreta”. Muy lejos está de serlo.

 

Cuando se habla de “inseguridad”, el discurso dominante hace referencia casi exclusivamente al delito contra la propiedad (arrebatos callejeros, asaltos a domicilios, robos de automotores, etc.). En estos episodios suele haber delitos mayores como homicidios o lesiones graves a las víctimas.

 

Sin embargo, no se visualiza del mismo modo la evasión fiscal o la fuga de divisas, que también constituyen delitos contra la propiedad, en este caso del Estado, que debe recaudar para solventar los servicios de salud, educación, administración de justicia y la propia seguridad.

 

Doctrina Chocobar.

 

El debate entre “garantismo” y “mano dura” es actual e importante, porque en la Argentina, en mayor medida durante las dictaduras pero también en los períodos democráticos, hemos sufrido y seguimos sufriendo las doctrinas que propician la brutalidad policial y desprecian las garantías constitucionales. La posición “dura” subestima el respeto a las leyes porque sería considerar los “derechos humanos de los delincuentes”. El caso Chocobar fue un ejemplo: el policía asesinó por la espalda a un joven ladrón que estaba huyendo, cuando no representaba un peligro para su vida ni para la de otra persona. Chocobar fue tomado como ejemplo por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, quien lo recibió como un héroe en su despacho. Sin embargo, Chocobar fue condenado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber", aunque su pena fue leve (dos años de prisión en suspenso).

 

Las víctimas del “gatillo fácil” policial son miles en todo el país y contra ese accionar policial se organizan todos los años las “marchas de la gorra”.

 

El “garantismo” no pretende la impunidad de los delincuentes, sino que se cumpla lo que ordena la Constitución Nacional en su art. 18: que nadie sea condenado (y menos ejecutado) sin juicio previo y con la garantía de la debida defensa.

 

Inseguridad alimentaria.

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, define a la inseguridad alimentaria como la carencia de las personas al acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para una vida activa y saludable.

 

Sin embargo, no forma parte de los discursos sobre la “seguridad”, siendo la desigualdad social uno de los factores que favorecen el crecimiento de los delitos.

 

Según el informe de la FAO que analizó los índices alimentarios en 2019, la Argentina fue el país de la región sudamericana con mayor aumento de población que padece inseguridad alimentaria. Abarca al 37% de la población en total, cuando en el período 2014-2016 representaba un 19,2%, 17 puntos menos.

 

El gobierno dispuso un nuevo “dólar soja” para el sector agroexportador, mientras retrasa el otorgamiento de un aumento de suma fija o bono para los trabajadores y jubilados. Cuando se reclama por aumento en los montos de los planes sociales y la Tarjeta Alimentar, es para disminuir la población que padece esa inseguridad alimentaria.

 

Contra los pobres.

 

El fiscal Marijuan investiga el cobro indebido de beneficiarios/as de planes sociales, como el Potenciar Trabajo, luego que de un informe de la AFIP difundido por los medios, surgiera que 250.000 personas lo estarían cobrando indebidamente. Según esta información habría beneficiarios propietarios de inmuebles o automotores, o que habrían adquirido dólares o registrado movimientos de tarjetas de créditos por grandes montos.

 

Según Laura Vales (Página 12, 23/11) luego de un registro minucioso del padrón se encontró que solo 10.477 personas con Potenciar tenían un automotor de menos de un año y en todos los casos eran motos. La periodista indicó que las 39.000 beneficiarias que figuraban con “comercios o explotaciones agrícolas o ganaderas” eran monotributistas que realizaban actividades agrícolas (quinteros de la agricultura familiar), o pequeños emprendedores, como los que venden en su domicilio productos de limpieza.

 

Sin embargo, no hay fiscal alguno que investigue los 86.200 millones de dólares que según el informe del Banco Central de la República Argentina de mayo de 2020, se fugaron del país entre 2015 y 2019. No hay ninguna pesquisa para que las personas y empresas que cometieron esos delitos (sacar divisas del país sin declarar su origen), sean juzgados y condenados.

 

Mapuches.

 

La lucha mapuche en sus territorios ancestrales, es visto desde el sector “mano dura” como un problema para la “seguridad” del Estado. En 2017 fue desaparecido y muerto Santiago Maldonado, y ese mismo año, asesinado por la espalda el joven Rafael Nahuel. Ambos crímenes fueron defendidos por Bullrich quien reivindicó a la Gendarmería en ese conflicto territorial, que tiene como base el legítimo derecho del pueblo de la Puel Mapu a reclamar lo que la Constitución Nacional les reconoce: la propiedad de esos territorios. Hoy hay cuatro mujeres mapuches detenidas con sus pequeños hijos luego de la represión y el desalojo del 4 de octubre pasado en Río Negro.

 

Por ello, fue una sorpresa que Cristina haya propuesto que Gendarmería fuera al conurbano bonaerense como forma de combatir la inseguridad. Según encuestas, ese problema figura por encima de la inflación como preocupación de la población, pero la saturación de fuerzas de seguridad cuestionadas por su accionar no es la forma democrática de combatir ese flagelo.

 

En 2009 se elaboró el Acuerdo para una Seguridad Democrática, que fue presentado ante el Congreso con una amplia gama de dirigentes políticos, sociales, de derechos humanos, etc. Ese Acuerdo se pronunciaba por “instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia”.

 

Esa te la debo.