Los únicos “secretos deseables”

Hay "secretos deseables" dentro de un sistema republicano, pese a que éste se basa en la transparencia y en la publicidad de los actos de gobierno.

 

JOSE ALBARRACIN

 

Gracias a la curiosa metamorfosis que viene operando el discurso de los candidatos de derecha, la campaña electoral en curso se ha transformado en un debate para aclarar las leyes más sencillas, no sólo del derecho argentino, sino hasta de la física. Y es que, si hay "libertarios" que niegan la ciencia de las vacunas, o la curvatura del planeta Tierra, no es de extrañar entonces que se ponga en duda la vigencia de los derechos humanos o de la justicia social, entre otros derechos constitucionales. En el mismo andarivel debe inscribirse el comentario de una candidata a presidente que acaba de anunciar que, de asumir el gobierno, dispondrá un vasto sistema de intercepción de las comunicaciones telefónicas de las personas privadas de su libertad, incluso las que mantengan con sus abogados defensores.

 

Mutis.

 

Curiosamente, semejante atropello no ha merecido casi réplicas desde la corporación de los abogados, salvo notorias excepciones individuales. Y es que no sólo es una barbaridad que se plantee como política de gobierno una violación masiva del derecho a la privacidad en las conversaciones personales (acción que, salvo que sea ordenada por un juez, en una causa específica y con fines muy limitados, constituye lisa y llanamente un delito). También es una aberración que se postule la posibilidad de espiar las conversaciones de los presos con sus abogados, las cuales están protegidas por el llamado "secreto profesional" que asiste a los letrados en el ejercicio de su profesión.

 

Este derecho está lejos de tener un fundamento corporativo: se basa en el principio constitucional del debido proceso y del derecho a la defensa en juicio. Se entiende que para ejercer eficientemente esa defensa, el abogado debe tener acceso a toda la información que posea su cliente, incluso aquella que lo incrimina en algún delito. Y ese secreto profesional implica para el letrado la obligación de guardar silencio sobre esas comunicaciones con su defendido, quien, de no existir este principio constitucional, no podría tener la confianza necesaria en su defensor.

 

Y si es un delito por parte del abogado revelar los secretos que le confía su cliente, tanto más lo sería que un tercero (incluso el Estado) obtenga esa información en forma subrepticia, en momentos en que se supone que se está elaborando la defensa del ciudadano sometido a proceso penal.

 

Sinceramente.

 

Este sincericidio de la candidata forma parte aparente de una novedosa estrategia electoral, consistente en anticipar lo que verdaderamente se hará en el poder, estrategia ésta que resulta diametralmente opuesta a la ensayada en 2015 por la misma fuerza política.

 

Pero antes de tirar por la borda el secreto profesional de los abogados, deberían estudiar un poco los antecedentes de este instituto, que se remonta a la época del Imperio Romano. Sin ir tan lejos, se enterarían por ejemplo de que fue la violación de este precepto lo que selló la suerte (y la expulsión de su cargo) del juez español Baltasar Garzón, quien intentó valerse de las escuchas de conversaciones entre abogados y sus clientes en un sonado caso de corrupción pública durante el gobierno del Partido Popular.

 

Como se sabe, Garzón no es santo de la devoción de la derecha argentina, dado como es a adoptar posturas progresistas (perdón, populistas). Pero acaso lo que nunca le perdonarán será su activismo judicial en materia de derechos humanos, que lo llevó a poner tras las rejas -bien que sólo por algunos meses- al dictador chileno Augusto Pinochet, el creador de ese "modelo" económico que tanto enamora a los neoliberales locales.

 

Otros.

 

No son los abogados los únicos titulares de este "privilegio" (como se lo llama en el derecho anglosajón). También los médicos están obligados a guardar silencio sobre la información que les transmiten sus pacientes, sin la cual no podrían ejercer debidamente el arte de curar. O los sacerdotes de distintos credos que incluyen el sacramento de la confesión, ya que, si el feligrés no se siente libre de poner en palabras los pecados cometidos, el rol de su confesor se vería comprometido.

 

Hay muchos de estos "secretos deseables" dentro de un sistema republicano, pese a que éste se basa en la transparencia y en la publicidad de los actos de gobierno. También existen secretos en la industria y el comercio, lo cual ha generado una verdadera industria del espionaje entre los empresarios: acaso de ahí es que venga la obsesión de algunos partidos "pro-bussiness" (como se autotitulan, así, en inglés) por promover el espionaje a los ciudadanos cuando llegan al poder.

 

Y existe también, desde luego, el secreto profesional de los periodistas, entronizado en la Constitución desde la Reforma de 1994. Éste busca, principalmente, proteger la identidad de los informantes (fuentes) anónimos, pero incluye además varios otros aspectos del trabajo periodístico, previos al momento en que la noticia se publica. El fundamento de esta protección está dado, fundamentalmente, por la prohibición constitucional de establecer la censura previa.

 

Es curioso que haga bastante tiempo que no se intentan, desde el poder político, ataques contra la libertad de prensa. Acaso se deba a que buena parte del sistema corporativo que nos gobierna está constituido por grupos de medios de comunicación que se encargan de silenciar los chanchullos de sus políticos predilectos.

 

O acaso sea que estos políticos están simplemente distraídos, ocupados como están en destruir otros pilares de la Constitución nacional. Habrá que estar precavidos: nunca se sabe cuándo pueden decidir emprenderla contra los periodistas de carne y hueso. Después de todo, nuestra profesión sufrió la baja de 84 trabajadores durante la última dictadura, ese período que algunos comienzan a mirar con indisimulada nostalgia.