Sobre berreos y aberraciones

La discrepancia entre la opinión pública y los resultados de las elecciones del domingo, donde las propuestas "privatistas" obtuvieron alrededor de un 60% de los votos válidos, es una base para la conclusión de que el resultado electoral expresa más decepción que un corrimiento hacia la derecha.

JOSE ALBARRACIN

Como se ha señalado con acierto, existe una discrepancia entre la tendencia de la opinión pública -medida por encuestas- favorable al rol activo del Estado en materias claves como la educación y la salud, y los resultados de las elecciones del domingo pasado, en que las propuestas "privatistas" obtuvieron alrededor de un 60% de los votos válidos. Esta discrepancia ha sido base para la razonable conclusión de que el resultado electoral expresa más un sentimiento de hartazgo y decepción que un efectivo corrimiento de la población, en el espectro ideológico, hacia la derecha. Tanto más, cuando buena parte de las propuestas esbozadas por estos candidatos han sido vagas y simplificadas, cuando no, directamente, basadas en afirmaciones falsas.

Aberrante.

El carácter emocional del pronunciamiento del domingo -cuyas consecuencias efectivas en la conformación del gobierno son muy preliminares- no nos exime de continuar con el debate de ideas para el cual ha sido creado este medio de prensa. En particular, cuando en los discursos del domingo se escuchó a un candidato referirse a la justicia social como "una aberración", reiterando la muletilla mercantilista de que "alguien tiene que pagar" los derechos que nacen de las necesidades de la población.

Para evitar la corrupción del lenguaje, cabe indicar, en primer lugar, que el significado oficial de la palabra "aberración" (DRAE) es "grave error de entendimiento", o también "acto o conducta depravados, perversos, o que se apartan de lo aceptado como lícito".

Sea cual fuere el origen de la expresión del candidato, la verdad es que la justicia social no constituye un error ni una perversión ni una depravación, sino que, por el contrario, se trata de un conjunto de derechos consagrados en la Constitución Nacional. Lo perverso, en realidad, es negar su existencia o su legitimidad. Particularmente, si se tiene en cuenta de que, en el hipotético caso de ser electo, el candidato en cuestión, en el mismo momento de asumir el cargo, debería juramentar su voluntad de respetar y hacer cumplir esa misma Constitución.

Por supuesto que hacer cumplir y otorgar efectivamente esos derechos tiene un costo, que se sufraga con el presupuesto estatal. Pero precisamente, ese presupuesto está diseñado para que el gobierno cumpla con su obligación de hacer respetar la Constitución, lo cual no sólo incluye la manera en que se gasta, sino también la forma en que se procuran los recursos, diseñando un sistema impositivo que imponga cargas mayores a quienes están en mayor posibilidad de contribuir.

Distribución.

El concepto de justicia social no es ninguna novedad. Se lo puede encontrar en la "justicia distributiva" de la que hablaba Aristóteles, y en buena parte de la doctrina social de la Iglesia Católica. Se incorporó masivamente a las constituciones occidentales ya desde principios del siglo XX, a través de normas tendientes a lograr el llamado "estado de bienestar" en la población, combatiendo la pobreza, la desigualdad de oportunidades, los derechos laborales, de las mujeres y de las minorías.

Si bien en Argentina se asocia ese concepto con el peronismo -que lo incorporó en la Constitución de 1949- no es menos cierto que ha sido abrazado por muchas otras fuerzas políticas, al punto que podrías hablarse de un amplio consenso al respecto. De hecho, aún cuando el golpe de estado de 1955 abrogó la reforma constitucional justicialista -como parte de sus medidas para darle una "solución final" a ese movimiento político- la convención de 1957 no pudo menos que incorporar el artículo 14 bis, que básicamente reconocía los derechos laborales.

Y por si fuera poco, en 1994, cuando se produjo la última reforma constitucional -y pese al sesgo derechista del gobierno en funciones- lejos de limitarse los derechos sociales, éstos fueron considerablemente ampliados, incluyendo también los derechos del consumidor, los derechos ambientales y otros tales como el derecho a la información.

Curioso.

Lo curioso del caso, es que desde el espectro conservador de la política -el candidato en cuestión incluido- no se niega vigencia de esta agenda social. Se reconoce la necesidad de combatir la pobreza -al punto incluso de comprometer un objetivo de "pobreza cero"-, como también la importancia crucial de la educación de la población, y del mantenimiento de la salud pública. La diferencia estaría dada por los métodos: estos candidatos tienen una visión mercantilista, según la cual, el sector privado, en su búsqueda del lucro, solucionaría por sí esos problemas sin necesidad de que intervenga el Estado.

Cabe preguntarse, por ejemplo, cómo hubiera resuelto el sector privado la construcción del gasoducto nacional que acaba de inaugurarse, cuya necesidad ha sido reconocida en forma unánime, y para cuya financiación se acudió, tan luego, al tan cuestionado aporte solidario impuesto a las grandes fortunas en ocasión de la pandemia.

Pero a estos candidatos no se les exige coherencia, ni buenos modales, ni preparación específica. Quienes actúan en política -aún diciéndose "outsiders"- para defender los intereses de los grupos económicos concentrados, pueden berrear todo tipo de improperios, incurrir en la extravagancia, la grosería, la violencia y hasta en el desquicio, que todo les será permitido.

Que con semejante conducta, y con la responsabilidad que acarrean por las debacles de 2001 y 2018, continúen teniendo chances electorales, algo tendrá que ver con la torpeza y la inoperancia de quienes dicen defender los intereses populares.