Una buena medida, pero con un aroma electoral

El gobernador Martín Llaryora anunció un incremento en el haber mínimo de jubilaciones y pensiones provinciales, buscando diferenciarse del ajuste de Javier Milei, con represión incluida, contra los adultos mayores.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

El anuncio del gobernador cordobés de aumentar un 84,21 por ciento el haber mínimo de jubilaciones y pensiones fue noticia esta semana en todo el país, con diferentes miradas.

 

La oposición provincial de derecha (PRO, UCR y La Libertad Avanza) calificó de “oportunista” el anuncio por la proximidad de las legislativas de octubre.

 

Para las organizaciones de jubilados que todos los miércoles marchan en la Plaza San Martín de la capital cordobesa, el aumento es insuficiente y fue fruto de la lucha.

 

El anuncio.

 

¿A cuántos beneficiarios/as alcanza esta medida? Según el abogado especialista en Previsión, Aníbal Paz (Comercio y Justicia, 28/07), este aumento beneficiará a unos seis o siete mil beneficiarios. Si en Córdoba hay 116.000 personas que perciben sus haberes en la Caja de Jubilaciones, el incremento alcanza a poco más del seis por ciento del total de jubilados/as y pensionados/as provinciales.

 

Para los 650.000 jubilados/as y pensionados/as cordobeses de la Anses (jubilados nacionales), no hay ningún aumento, porque dependen del sistema previsional nacional.

 

Según el anuncio oficial, que todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial, el haber mínimo pasará de 380.000 pesos a casi 700.000 pesos a partir de julio. En realidad, el haber mínimo es de 210.000 pesos, y se alcanza la suma de 380.000 a través de un “complemento”. El aumento otorgado será también con ese mecanismo, manteniendo la mínima en 210.000 pesos. Se anunció también la implementación de un bono bimensual a quienes perciban haberes inferiores a 1.300.000 pesos.

 

Acuerdo con Nación.

 

El gobernador aclaró que esta medida es posible gracias al Convenio de Financiamiento arribado con la Nación, que suspende el trámite de los juicios que Córdoba iniciara ante la Corte Suprema de Justicia, por cobro de las sumas que el gobierno nacional no ha cumplido en relación al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

 

Dicho Convenio establece el pago de un monto de 60.000 millones de pesos, en 12 cuotas de 5.000 millones de pesos. Si por cualquier causa la Nación no cumple con esos pagos, según lo expresado por el gobernador, el bono no se pagaría.

 

Si bien este anuncio se enmarca en la campaña electoral hacia octubre, al reconocer que el aumento ha sido posible gracias al Convenio firmado con la Nación, Llaryora le está haciendo un “guiño” a La Libertad Avanza para que puedan presumir (como lo están haciendo) de haber hecho posible esta medida. Lo que no pueden explicar los mileístas es por qué facilitan fondos para este aumento en Córdoba, mientras el presidente ratificó en la Derecha Fest, el evento realizado la semana pasada en la capital cordobesa, que va a vetar el modesto aumento que aprobó por ley el Congreso.

 

Quiénes aportan.

 

El sistema previsional de Córdoba difiere del nacional, en particular en relación a los aportes que realizan los trabajadores estatales en actividad. Mientras que en el Estado nacional el personal aporta un 11 por ciento de sus salarios para la Anses, en Córdoba, los y las estatales aportan entre un 14 y un 22 por ciento de sus sueldos a la Caja de Jubilaciones.

 

El aporte a la obra social -la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) – es también superior, ya que mientras en la Nación y en el sector privado se aporta un 3 por ciento, en Córdoba se descuenta un 5,5 por ciento a los activos y un 6 por ciento a los jubilados.

 

Así, una porción importante de los trabajadores del Estado cordobés destinan casi un tercio de su salario para su futura jubilación y su obra social, siendo esta última obligatoria para todo el personal estatal, con prestaciones deficitarias y escasa cobertura de medicamentos.

 

Ajustes.

 

El anuncio de Llaryora trajo alegría al pequeño grupo de beneficiarios/as que verán aumentados sus magros ingresos. Pero para el resto de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas provinciales, sigue vigente el fuerte ajuste que implicó la sanción de la ley 10.694, en mayo de 2020, en plena pandemia.

 

Esta ley introdujo un “aporte solidario” para quienes perciban dos ingresos, por ejemplo jubilación y pensión, sea de la misma Caja o de otro sistema previsional. Se trata de un descuento del 20 por ciento si la suma de los dos haberes supera las seis mínimas (1.260.000 pesos). Esta medida afecta de manera particular a quienes, siendo viudos o viudas, perciben su jubilación y la pensión de su cónyuge fallecido.

 

Tampoco recibirán nada los 650.000 jubilados/as y pensionados/as de la Anses que viven en Córdoba. A ellos se les aplica el régimen nacional, ahora con la amenaza del veto presidencial al modesto aumento que fue recientemente sancionado por el Congreso.

 

A estos cordobeses debería explicarles Llaryora por qué apoyó hasta hace muy poco las medidas de ajuste del gobierno de Milei. Sus diputados aprobaron la ley Bases y otras iniciativas en el Congreso acompañando la gestión de LLA, mientras que el propio gobernador concurrió a la firma del Pacto de Mayo firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán.

 

La medida de Llaryora, aunque esté teñida de electoralismo, beneficiará a un pequeño núcleo de jubilados y jubiladas, que hasta ahora tenían haberes paupérrimos. Pero no mejora en absoluto los ingresos de los 110.000 beneficiarios/as restantes del sistema provincial, quienes seguirán reclamando cada miércoles contra el ajuste previsional. En ese marco, hay una iniciativa popular en marcha para que se apruebe un proyecto de ley para derogar la ley 10.694 y en reclamo de mejores prestaciones de Apross.

 

El pasado 1 de julio hubo una audiencia pública en la Legislatura, convocada por la legisladora Luciana Echevarría (MST-FITU) con numerosos referentes sindicales, sociales, de movimiento de jubilados y hasta legisladores de la oposición (UCR, PRO, LLA) que, de manera muy oportunista se pronuncian en contra el ajuste de Llaryora, pero nada dicen de los brutales recortes que padecen los jubilados nacionales, ni tampoco de la represión que descargan sobre ellos cada miércoles las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich.