“Espero que asuman la responsabilidad”

GUILLERMO QUARTUCCI, UNA DE LAS VICTIMAS DE LA DICTADURA

Guillermo Quartucci fue detenido ilegalmente por la dictadura cívico militar mientras daba clases de historia en el Instituto “José Ingenieros” de Jacinto Arauz el 14 de julio de 1976 y fue trasladado al puesto caminero de esa localidad, donde logró escapar. Después de seis días a pie llegó a Bahía Blanca y luego se exilió en México.
El docente asistió ayer a la primera audiencia del juicio oral y público de la Subzona 14 II, donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, y se mostró “preocupado” porque la mayoría de los acusados están en libertad o con el beneficio de la prisión domiciliaria. “Es una barbaridad”, advirtió.
“La esperanza es que se siga adelante en el esclarecimiento de todo lo que sucedió en esos terribles años de represión durante la etapa de Terrorismo de Estado que se vivió del 1976 al 1983. Es excepcional poner otra vez en el tapete estos temas que ocurrieron hace tantos años para que se reflexione sobre lo que está ocurriendo en este momento”, agregó.
“La desaparición de Santiago Maldonado debe poner en alerta a toda la sociedad -siguió-. Que estemos aquí reunidos puede ayudar para que quienes dicen que hay que olvidar porque pasó hace mucho tiempo se den cuenta que sigue pasando y puede pasar de manera más grave si no levantamos la voz”.

Una barbaridad.
Por otro lado, Quartucci advirtió que “es una barbaridad” que haya acusados en libertad o con arresto domiciliario y que “algunos hayan sido declarados mentalmente incapaces para seguir adelante en la indagatoria”, en referencia a los ex policías Omar Aguilera y Miguel Gauna y el ex militar Carlos Sabbatini.
Solo hay tres imputados detenidos en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de la capital. Son los condenados en el primer juicio de la Subzona 14, Néstor Bonifacio Cenizo (fue condenado en 2010 a 14 años de prisión) y Carlos Reinhart (20 años de prisión) y Luis Enrique Balradini (estuvo prófugo hasta 2011), a quien se le otorgó la prisión domiciliaria y debe fijar domicilio en Santa Rosa.
-¿Puede condicionar a los testigos las víctimas que tienen que hablar frente al tribunal?
-No puedo hablar por todos, pero creo que sí. Es un motivo de preocupación que salgamos de aquí y de pronto nos encontremos con algunos de los imputados que se encuentran en libertad. Siempre es algo que deba ponernos en alerta y tener algún cuidado al respecto.
-¿Qué espera del juicio?
-Espero que los imputados asuman la responsabilidad de lo que hicieron, reciban la sentencia acorde con eso y que la sociedad recapacite y reflexiones acerca de esto y sirva de lección para que no vuelva a suceder.
-¿Cree que los imputados van a asumir sus responsabilidades?
-No, hasta ahora vimos que hay pactos de silencio, es difícil que lo asuman. Estamos nosotros acá para da nuestro testimonio y será el veredicto de la historia y de la gente el que decida quiénes son responsables de lo que pasó.
-¿Personalmente, qué le provoca revivir aquella etapa?
-Pasaron muchos años. Francamente yo estoy muy tranquilo y convencido que esto debe hacerse. Obviamente lo que pasó no fue agradable, hemos pasado por situaciones muy extremas y ha dejado una marca en nuestra vida, que no se va a borrar nunca. Pero estos juicios nos ayudan a seguir adelante y a estar tranquilos”.

Pumilla es querellante
Juan Carlos Pumilla, quien fue víctima de la dictadura cívico militar y es querellante en la causa Subzona 14 II, lamentó la ausencia del ex militar Fabio Iriat y dijo que Luis Enrique Baraldini, ex jefe de la Policía pampeana, es “la figura más importante desde el punto de vista de la aplicación del plan”.
“Si hablamos del objetivo de justicia, muchas veces se resiente porque a 40 años de los hechos, no están muchas de las víctimas ni de los victimarios y pierde sentido y fortaleza la eventual condena que puedan recibir”, afirmó el periodista pampeano, que asistió a la audiencia junto a Raquel Barabaschi y Guillermo Quartucci.
Pumilla habló ayer con la prensa en un receso del juicio, que según dijo “se da en un contexto donde la Justicia está vapuleada porque estamos en un proceso donde las libertades públicas están conculcadas, hay un detenido desaparecido y permanece en prisión Huala, y Milagro Sala, y hay detenidos sociales”.
“En lo que a La Pampa respecta, la Justicia no ha intervenido ante el desmantelamiento de la Unidad de Búsqueda de Niños Apropiados, que resiente el objetivo de búsqueda de los dos niños de familias pampeanas secuestradas de desaparecidos”, agregó.
Siguiendo en esa línea, Pumilla destacó que “igualmente nos parece auspicioso que al cabo de tanto tiempo, los acusados estén en el banquillo para que sean indagados sobre cómo se manifestó el plan genocida que se aplicó en la provincia de La Pampa”.
-¿Es importante que estén los imputados escuchando el juicio?
-Sí, es importante para testigos, querellantes y supongo que también los imputados que sabrán a qué atenerse.
-¿Es importante que esté sentado Luis Baraldini, que estuvo prófugo en el primer juicio?
-La figura más conspicua de la represión en La Pampa es (Fabio) Iriart, que fue el jefe del plan sedicioso, luego del golpe y el primer mandatario de facto del gobierno. Baraldini es la figura más importante desde el punto de vista de la aplicación del plan, porque le cupo a él pergeñar los operativos y ejecutarlos algunos por mano propia.

“Memoria, Verdad y Justicia”
Bajo la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”, un grupo de diversas organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, políticas y universitarias se manifestaron ayer en el ingreso al Colegio de Abogados, sobre la avenida Argentino Valle145, y luego realizaron una marcha que frenó en la Seccional Primera, que funcionó como principal centro clandestino de detención en la dictadura, y finalizó en la Casa de Gobierno.
La concentración se realizó a las 8.30 y contó con la asistencia de militantes del Frente de Izquierda, Partido Obrero, Partido Comunista, Nuevo Encuentro, Frente Ciudadano La Pampa, Asociación Pampeana de Escritores, Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Partido Humanista, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Pampeana (Sitrasap), Luz y Fuerza, la agrupación universitaria Juntos por Humanas, entre otros.
En la manifestación, se leyó un documento del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos donde denunciaron “a jueces y fiscales cómplices de los genocidas, que entorpecen y demoran las causas”, y solicitaron “al Poder Ejecutivo no abandonar los juicios de lesa humanidad y la apertura de los archivos de la dictadura con nombres, fotos y legajos de los genocidas, y la información de los 30.000 compañeros desaparecidos y sus hijos apropiados”.
Además, se convocó para una manifestación en la plaza San Martín para reclamar el próximo viernes por la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien desapareció durante un operativo represivo que realizó Gendarmería Nacional en Chubut, en el marco de una protesta mapuche realizada el 1º de agosto pasado. La concentración será a las 18, en sintonía con el reclamo que se dará en todas las provincias.
Claudia Lupardo, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda-PTS, exigió también que “se abran todos los archivos de la represión en Argentina, tanto militares como policiales, judiciales y eclesiásticos y de otras instituciones comprometidas con el genocidio”.