“¡Los mayores primero!”

Los adultos mayores son quienes tienen el mayor riesgo de morir en una inundación, por lo que deberían ser la prioridad en la consigna de salvataje.

Horacio Pracilio *

En salud pública se define el concepto de riesgo como “la probabilidad de que un hecho ocurra”. El conocimiento de los factores de riesgo cardiovascular ha permitido desarrollar estrategias preventivas, individuales y colectivas, que salvan millones de vidas anualmente. De igual manera, por la experiencia de los desastres y catástrofes ocurridos a nivel mundial, sabemos que además de las causas naturales o sociales que las provocan, existen factores de riesgo que pueden servir a veces para evitarlas, y siempre para mitigar los daños. Para la OMS, una de las funciones esenciales de la salud pública es la reducción del impacto de las emergencias y desastres que afectan la salud de la población.

La geografía, la historia, la meteorología y otras ciencias ambientales nos permiten establecer “mapas de riesgo” de las poblaciones frente a desastres naturales. La ingeniería y la política tienen la responsabilidad de planificar y ejecutar las soluciones preventivas locales. La epidemiología, así como demostró el mayor riesgo de infarto en los fumadores, advierte los riesgos específicos de las personas y comunidades frente a los desastres, a fin de prevenir o mitigar sus consecuencias. Está estudiado que en las inundaciones, terremotos, etc., quienes sufren el mayor daño son los grupos y personas más vulnerables, por atributos biológicos, sociales, culturales o ambientales de riesgo. Quienes corren el mayor riesgo son los adultos mayores, por su “vulnerabilidad biológica”, o sea por sus limitaciones físicas, pero también por razones sociales. Frente a la ola de calor de Europa de 2003, en París las principales víctimas fueron los ancianos, tanto por su deficiente respuesta biológica a las altas temperaturas, como por el aislamiento social en una sociedad individualista.

La Plata.

En la catastrófica inundación de la ciudad de La Plata, el 2 de abril de 2013, en pocas horas llovieron 400 milímetros de agua. La intensidad y rapidez del fenómeno meteorológico y la insuficiencia del sistema de evacuación pluvial, impactó fuertemente en el casco urbano e inundó todas las zonas ubicadas en los cauces de escurrimiento de los arroyos naturales, algunos intubados. Por la magnitud del desastre, resultaron afectadas viviendas de familias de todos los niveles sociales. Pero en especial, “la rapidez con la que subía el agua y la fuerza con la que avanzaba arrasando todo a su paso impidió que muchas personas mayores, algunas con movilidad reducida, pudieran buscar refugio. La mayoría murieron ahogados, arrastrados por la corriente o tratando de ayudar a otros” (Gascón S, Revista Lazos, 2013). Las historias conocidas de estos ancianos, y las de muchos que lograron sobrevivir, son terroríficas en cuanto a los momentos vividos, atrapados en sus viviendas, sin poder acceder a ninguna salida ni tipo de ayuda.

Según los datos oficiales, la inundación de La Plata causó 89 muertos por efecto inmediato, sin tener en cuenta los casos de muertes súbitas o posteriores por el stress postraumático que sufre toda la población afectada. Del total de fallecidos, el 72% eran mayores de 60 años, y la mayor parte de más de 80. Aunque afortunadamente en el caso de Bahía Blanca la cifra de defunciones es mucho menor, ya que según la información oficial no habría más víctimas que las 16 personas identificadas hasta el momento, se observa que 10 de ellas son mayores de 70 años, y también la mayoría de más de 80, varios de ellos residentes de instituciones geriátricas.

Frente a esta indiscutible realidad, cabe preguntarse si en aquellas ciudades donde la geografía, la historia y la ciencia ambiental indican un mayor riesgo de inundaciones, y por tanto la probabilidad de que estos hechos se repitan periódicamente, no deberían planificarse medidas especiales de protección para las personas mayores. Así como en las embarcaciones existe un implemento llamado precisamente “salvavidas”, podría sugerirse o suministrarse su uso preventivo en las instituciones u hogares con adultos mayores. Del mismo modo, en ciudades inundables podría haber botes o inflables en las zonas que señalen los mapas de riesgo, para utilizar en salvatajes urgentes, y si por fortuna no se usan en años, pueden servir como juegos de niños en las plazas.

La salud, la enfermedad y las catástrofes no son una fatalidad que depende de la “ira de los dioses”, o sólo de factores biológicos o naturales inevitables, sino que se trata finalmente de un producto social. En tal caso, habría que reconocer la razón del pensamiento medieval que atribuía la enfermedad al “pecado de los hombres”, ya que la mayoría de los problemas de salud pública tienen su origen en los modos, condiciones o estilos de vida de la sociedad. Pero la mayor responsabilidad no está en los individuos, sino en los actores sociales y políticos que por acción u omisión, pueden influir sobre los determinantes de la salud individual o colectiva. La crisis climática, la deforestación, el avance del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios, la falta de planificación territorial y de obras de infraestructura son las verdaderas causas de las inundaciones, todo producto de la acción humana.

Después de la inundación de la ciudad de Santa Rosa en 2017, docentes y estudiantes de la UNLPam hicieron un trabajo proponiendo que “la causa de las inundaciones son más políticas que naturales”, en base a la Teoría Social del Riesgo.

Bahía Blanca.

Del mismo modo, hay consenso en que el evento climático del 7 de marzo en Bahía Blanca fue una catástrofe anunciada. Además de las históricas inundaciones de 1933 y 1944, un relevamiento periodístico local identificó que entre 1990 y 2023 hubo un total de 198 noticias vinculadas a eventos de lluvias intensas o temporales, aunque sólo hubo muertos en 2023. Entonces, no se trata solo de lluvias extraordinarias, que serán cada vez más frecuentes. Tampoco cabe culpar al gobierno de turno, ya que se trata de una falencia estructural del Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal. El sistema político de la democracia representativa, debido a la alternancia y la competencia entre los actores políticos, no favorece la planificación de largo plazo ni el establecimiento de políticas de Estado. La última gran obra en Bahía Blanca fue el canal Maldonado, proyectado en 1947 en el Primer Plan Quinquenal y terminado en 1950. En tal sentido, es una gran noticia que La Pampa es la primera provincia en poner en marcha un Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático (PPRCC), como anunció el Gobernador en enero de este año.

Mientras tanto, frente a eventos climáticos como los recientes, en los que tanto el Estado como la misma comunidad tengan que salir como bomberos a rescatar a las víctimas de una catástrofe que con planificación podría haberse evitado, habría que replantear las consignas para el salvataje. Si en la catástrofe del Titanic se impuso la clásica consigna de “mujeres y niños primero”, aunque solo para las clases media y alta, las inundaciones de La Plata y Bahía Blanca nos enseñaron dramáticamente que frente a una catástrofe similar, la consigna debería ser: “Los mayores primero…!”

* Médico sanitarista, Profesor de salud y medicina comunitaria (UNLP y UNICEN).