Domiciliaria para Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil emitió ayer una orden de arresto domiciliario para el expresidente, Jair Bolsonaro. El juez del STF, Alexandre de Moraes, justificó la decisión afirmando que Bolsonaro no respetó las medidas cautelares que le impuso al haber publicado contenido en las redes sociales de sus hijos, quienes también son políticos.

"No cabe duda de que la medida cautelar impuesta a Jair Messias Bolsonaro no se cumplió", afirmó Moraes, quien lleva el juicio contra el ex candidato presidencial por su presunto nexo con el intento de golpe de Estado en 2023, informó RT.

El medio citado indicó que el magistrado le prohibió tener visitas en su hogar, con excepción de sus abogados y familiares cercanos. Igualmente, dispuso que tomaran todos los celulares que estaban en la vivienda, para lo cual la Policía Federal hizo un allanamiento.

"Es inaceptable que un ex jefe de Estado utilice su influencia política para cuestionar decisiones judiciales y fomentar el desorden institucional", afirmó.

"La conducta observada aquí pone de relieve la urgente necesidad de medidas más severas para preservar el orden público y la autoridad del Poder Judicial", agregó.

Cautelares.

Por el mismo motivo, violar las medidas cautelares al usar redes sociales, Moraes descartó una prisión preventiva el mes pasado. En ese momento lo consideró una "irregularidad aislada". La Justicia brasileña y, particularmente Alexandre de Moraes, está bajo la amenaza del Gobierno de EE.UU., que de forma oficial ha declarado que sobre Bolsonaro pesa una "cacería de brujas".

Ante esto, el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó uno de los mayores aumentos arancelarios de su lista: 50 % a las importaciones brasileñas que lleguen a su país.

Mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro incluyó a Moraes en la "lista de nacionales especialmente designados", también conocida como "lista SDN" de sancionados.

El STF ha repudiado las advertencias de Washington y ha declarado que mantendrá el proceso incólume. Por otra parte, la Procuraduría General de la República ha solicitado hasta 43 años de cárcel contra Bolsonaro por los presuntos delitos de intento de golpe, de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de organización criminal.