La Fiscalía pidió agravar la pena de José Pedraza

La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Gabriela Baigún pidió ayer agravar la condena contra el ex jefe de la Unión Ferroviaria José Pedraza, quien fuera acusado por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrida en octubre de 2010.
En una audiencia ante la Sala III, la fiscal solicitó agravar la pena de 15 años que se le impuso a Pedraza, acusado de haber instigado el crimen de Ferreyra, cuando éste participaba de una manifestación sobre las vías del ferrocarril Roca a la altura de la estación Avellaneda.
En su alegato ante los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani, la fiscal aseguró que las balas que mataron a Ferreyra no solo acabaron con su vida, "sino con el derecho de todos los ciudadanos de manifestarse en contra de lo que consideran injusto".
Además, catalogó la "gravedad institucional" del hecho, por el cual pidió elevar la pena sobre Pedraza y demás acusados.

"Dolo directo".
Para la querella, una de ellas representada por el CELS y la otra por abogados del Partido Obrero, hubo "dolo directo", o sea una intención clara de matar.
Por su parte, el abogado de Pedraza, Carlos Froment, negó la participación del sindicalista en los hechos y cualquier vinculo de él con el acusado Cristian Favale, acusado de haber efectuado el disparo mortal, y quien fuera condenado a 18 años de prisión.
"Pedraza no conoce al señor Favale. Esto fue introducido hábilmente por uno de los alegatos de la querella, no hay absolutamente nada", sostuvo Froment.
También, según el letrado, "se introdujo prueba que no fue debatida" en el juicio y durante la investigación.

Asesinato.
Ferreyra fue asesinado el 20 de octubre de 2010 cuando participaba de una marcha de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca.
Por el episodio, Pedraza y su entonces segundo en el gremio, Juan Carlos Fernández, fueron condenados a 15 años de prisión; en tanto que Pablo Marcelo Díaz, Gabriel Fernando Sánchez y Cristian Daniel Favale recibieron 18 años de prisión; Jorge Daniel González y Salvador Pipitó, 11 años; y el delegado Claudio Alcorcel, la pena de 8. (NA)