Advierten por grave reforma de Milei en Inteligencia

El Gobierno Nacional prepara una reforma para otorgar mayor poder a la SIDE para concentrar todo el sistema de inteligencia, donde se establecen que toda las tareas serán “encubiertas” y se habilitara aprehender personas con una orden judicial o cuando están en situación de “flagrancia”.

Esa reforma se efectuará a través de un DNU que podría ser publicado hoy donde le da mas poder a la SIDE, que conduce Cristian Auguadra.

De acuerdo al texto al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas se establece en el articulo 2 que "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten

carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

Otro de los artículos que ya despertaron críticas de la oposición es el 19 que fija que "los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación,

durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial"

“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, destaca

Principales ejes.

La reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa el Gobierno tiene como norte, según las fuentes oficiales, centralizar, ordenar y especializar funciones que hoy aparecen dispersas o superpuestas.

Según El Destape, el eje estructural de la reforma -siempre según la versión del Gobierno- es la creación de una “Comunidad de Inteligencia”, bajo conducción de la SIDE, que articula de manera permanente a todos los organismos especializados del Estado (económicos, sanitarios, tecnológicos, climáticos, comunicacionales, etc.) y amplía el análisis estratégico más allá del plano estrictamente securitario.

Mientras que desde la Rosada dicen que se establece una “Comunidad Informativa”, que incorpora datos producidos por áreas no tradicionales para robustecer la base de información del sistema en un contexto de amenazas complejas y multidimensionales.

Otro punto central, según el Gobierno, es la redefinición de competencias. La iniciativa separa de manera explícita la ciberseguridad –orientada a la protección de redes y sistemas, que quedará bajo un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad en la Jefatura de Gabinete– de la ciberinteligencia, enfocada en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio.

Además la Agencia de Seguridad Nacional se concentra exclusivamente en tareas de contrainteligencia, dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad. Esa función queda definida por ley como preventiva y orientada a detectar espionaje, sabotaje e injerencias extranjeras, con un marco normativo actualizado frente a amenazas tecnológicas y de influencia política.

Los libertarios argumentan que la reforma avanza sobre viejos nudos del sistema: se habilita formalmente el apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad a la inteligencia, sin mezclar roles, y se ordena la inteligencia militar mediante la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem) y la concentración de la producción estratégica en el Estado Mayor Conjunto.

Repudio.

El anuncio de una profunda reforma en el sistema de inteligencia nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desató un fuerte rechazo de los bloques opositores en el Congreso.

Los cuestionamientos se centran en el DNU 941/2025, que otorga a la SIDE facultades para aprehender personas en casos de flagrancia y califica todas sus actividades como "encubiertas", lo que para diversos sectores representa la instauración de un "Estado policial".

Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida "clausura la conducción civil de la inteligencia" y crea de facto una "policía secreta".

En sintonía, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una "Guardia Nacional" subordinada a tareas de seguridad interior.

Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el "espionaje político", ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.

La disputa se trasladará ahora al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar hoy un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.

Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios.