Duro revés para Milei en Diputados

La Cámara de Diputados emitió ayer dictamen favorable al proyecto para declarar la emergencia por un año en el hospital pediátrico Garrahan, que la oposición busca sancionar en el recinto de sesiones entre la próxima semana o los primeros días de agosto.

 

La iniciativa se analizó por espacio por más de horas de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Familia, Niñez y Juventudes, y Presupuesto y Hacienda, con el fin de firmar el despacho que habilitará el debate en el recinto de sesiones.

 

El dictamen de mayoría cosechó 65 sobre 109 legisladores presentes, mientras que la Libertad Avanza presentó otro de rechazo que junto 10 firmas, según informo el libertario José Luis Espert.

 

Por su parte, la UCR junto a la macrista, Ana Clara Romero, y de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, presentó un dictamen de minoría de diez firmas, y la izquierda otro con las firmas de Cristian Castillo y Vilma Ripoll.

 

Uno de los temas que más dividieron a la oposición es la inclusión de un artículo para derogar la resolución del ministro Mario Lugones, sobre las residencias médicas, por lo cual la UCR decidió presentar su propio despacho.

 

La mayoría del PRO decidió no firmar ningún despacho aunque es probable que muchos voten junto con el oficialismo y otros se abstengan.

 

En el inicio de la reunión se provocó un debate sobre quien debía presidir el plenario debido a que no pudo llegar el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, por lo cual quedó a cargo de la presidencia el legislador libertario José Luis Espert.

 

La reunión se realizó con la presencia de médicos, y trabajadores del hospital Garrahan.

 

El dictamen fija que las autoridades deberán garantizar el “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

 

Otro punto clave que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

 

En todos los casos, se dispone que “la recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”.

 

Financiamiento universitario.

 

Con una amplia base de consenso, la oposición doblegó al oficialismo y logró dictaminar el proyecto de ley de financiamiento universitario para estabilizar el presupuesto, y recomponer salarios y partidas para gastos de funcionamiento-

 

Tras el emplazamiento votado el miércoles pasado en la última sesión, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica unieron lanzas y le dieron despacho de mayoría, desafiando abiertamente al presidente Javier Milei, quien ya adelantó que va a vetar la iniciativa si se convierte en ley.

 

En la previa al debate, rectores de todo el país enrolados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y referentes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) se habían sacado una foto grupal en la puerta del edificio anexo y dejaron decenas de carpetas con miles de firmas a favor de la sanción de la ley.

 

El primer orador del debate, que fue presidido por Alejandro Finocchiaro (PRO, presidente comisión de Educación), fue el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, quien hizo énfasis en la necesidad de “recomponer los salarios” docentes, factor que considera el “punto más crítico” de la crisis del sistema universitario.

 

Según advirtió, hay docentes con cargo de ayudante de primera, con hasta 15 años de antigüedad, que cobran apenas 280 mil pesos, una suma que apenas representa el equivalente a los viáticos.

 

“Para que esta ley sea sancionada y quebrar el eventual veto hay que crear una gran movilización, una tercera marcha federal universitaria”, instó el dirigente trostskista.

 

“Estamos en un tema muy sensible, muy relevante. Una población de más de 2 millones de estudiantes en las universidades públicas, decenas de miles de docentes que están esperando que votemos la recomposición salarial”, indicó Castillo, quien adelantó que el FIT presentaría un dictamen propio que incorpora un fondo especial para las obras sociales universitarias, una partida especial para pagar salarios de docentes ad honorem, y el financiamiento del área de Ciencia y Técnica de las universidades públicas.

 

A su turno, Hugo Yasky (Unión por la Patria) enfatizó que “tenemos la oportunidad de restituir en parte un equilibrio que tiene que ver con garantizar que el ejercicio de la docencia tenga mínimamente una calidad retributiva, que no es suficiente pero es un paso adelante para recuperar el terreno perdido”.

 

“Ningún servicio se sostiene sin financiamiento”, predicó el secretario general de la CTA y diputado de extracción docente.

 

En tanto, Lorena Pokoik (Unión por la Patria) remarcó que “la educación y el conocimiento genera valor agregado, y necesitamos una universidad financiada que cuide a sus docentes, alumnos, investigadores".

 

“Esta ley es una reparación de varios retrocesos que este Gobierno ha generado”, consideró la diputada kirchnerista, que criticó que desde el oficialismo quieran imponer que la educación “la regula el mercado y que es un privilegio”.

 

El dictamen de mayoría, que apoyaron Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, propone una recomposición de los gastos de funcionamiento para el período 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024, además de un mecanismo de indexación a aplicar desde el 1 de enero de 2025 para que las partidas se vayan actualizando automáticamente de forma bimestral en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

 

En cuanto a los salarios, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios de docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley en un porcentaje no inferior a la variación del IPC en ese período.

 

Además, se establece que en el transcurso de este 2025 deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva.

 

También se prevé actualización de partidas para programas de extensión universitaria, para hospitales universitarios, para el sistema de Ciencia y Técnica, y actualización de montos de becas por IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.

 

En tanto, la iniciativa dispone la realización de auditorías para el control administrativo externo de las instituciones universitarias. (NA)