Escandaloso ocultamiento

Para las autoridades pampeanas no es ninguna novedad decir que el director del Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza es uno de los más tenaces opositores en cuanto a la cesión de agua a La Pampa. Al titular de ese organismo, que lleva largos años al frente del mismo, le da lo mismo que las razones pampeanas en cuanto a compartir las aguas del Atuel provengan de las ciencias, las leyes o el sentido común. Lo esencial es negar cualquier razón, venga de donde venga y, cuando ya no hay argumentos, directamente negar el agua.

El enfoque pampeano de semejante necedad siempre se ha cuidado de no hacer extensiva semejante postura al pueblo mendocino porque, es evidente, la actitud está en la clase dirigente. Lo prueba que en los últimos años, llamativamente, han surgido en la provincia cuyana voces populares –individuales y colectivas— que reclaman un arreglo con La Pampa.

Esas distintas formas de apreciar el problema se han hecho públicas en un nivel de escándalo (el calificativo es de los medios mendocinos) al conocerse que durante el año pasado y comienzos del presente, el Departamento concretó y mantuvo en secreto una resolución por la que se permitió a un poderoso empresario realizar perforaciones sobre un acuífero que está prohibido. En realidad, la autorización surgió de un “acuerdo” entre el empresario y el organismo oficial después de algunos cruces judiciales y está referida, concretamente, a nueve perforaciones subterráneas en la subcuenca de El Carrizal, ubicada sobre la margen derecha del río Mendoza, una zona de restricción hídrica desde mediados del año pasado. Paradójicamente, la prohibición había sido avalada por el propio Director de Irrigación durante 2024.

Lo más llamativo del caso es que la gestión no apareció en el Boletín Oficial de la provincia, ocultando con ese acto una flagrante violación que contradice sus propios informes científicos y jurídicos. Pero el escándalo se agravó al conocerse que había otras autorizaciones similares, siempre para empresarios poderosos y de cercanas relaciones políticas con el gobernador de la provincia, y aún con el presidente Milei. Precisamente, la presencia de uno de ellos en el caso comentado daría luz sobre aquella inexplicada utilización de un hotel de lujo durante la campaña por la Presidencia. Todo en medio de una crisis hídrica que acaso obligue al gobierno mendocino a dar marcha atrás con la medida. Uno de los senadores mendocinos ya postuló un pedido de juicio político al jefe de Irrigación.

Por de pronto, el funcionario cuestionado y titular del organismo debió concurrir a la Legislatura provincial para defender su postura, lo que hizo usando argumentos retóricos y administrativos y, siguiendo un hábito ya arraigado en la política de derecha del país, recordando problemas de vieja data y endilgándoselos –cómo no— al kirchnerismo.

El suceso, sobre el que hasta ahora el Ejecutivo mendocino mantiene un prudente silencio, viene a refrendar el repetido argumento pampeano acerca de que uno de los principales problemas –sino el principal- en cuanto al río Atuel es la actitud cerradamente negativa de la clase política cuyana, actitud que con el suceso comentado ha vuelto a evidenciar favoritismos y privilegios que parecen dejar atrás los intereses de los pequeños productores mendocinos y de quienes sostienen el criterio de unidad de cuenca.