El Presupuesto de Milei recorta inversión en educación al nivel más bajo en 10 años

El proyecto de Presupuesto 2026 que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso nacional semanas muestra que la participación de “Educación y Cultura” en el PBI se reducirá al 0,75 %, el nivel más bajo en los últimos diez años.

Los datos surgen del informe “Presupuesto educativo nacional 2026”, de la ONG Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Martín Nistal, donde analizaron el proyecto de la ‘ley de leyes’ que ingresó al Congreso el mes pasado. Los especialistas tomaron en cuenta los gatos de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, sumado a las erogaciones destinadas a la función “Educación y Cultura” (que corresponden en un 80% a la Secretaría, pero abarcan también recursos de otros ministerios como Defensa e Infraestructura).

En el informe se destacan los “cambios de impacto directo en la manera de distribuir los recursos tales como derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (que fija la obligación de destinar al menos el 6% del PBI a la educación), la reducción progresiva de la inversión en ciencia y tecnología (que contempla un máximo de 1% del PBI) y el Fondo Nacional para las Escuelas de Educación Técnico Profesional”.

La inversión nacional representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público y el restante 75% corresponde a las provincias. Desde 2015, cuando se alcanzó un pico de 1,59% del PBI, la inversión en educación muestra una caída constante, donde el gasto real pasó de $12,9 billones (constantes 2025) a $6,2 en 2025. Para 2026, el Gobierno proyecta una leve recuperación de 8% en términos reales (de hasta $6,8 billones) aunque en un contexto general de contracción y ajuste del gasto público.

Dentro del nuevo esquema la Secretaría de Educación exhibe un aumento nominal del 17,9%, lo que implica una suba real de solo 3,6% según la inflación estimada en el propio Presupuesto 2026 (13,8%). En términos relativos, el área educativa pierde peso dentro del gasto total: su participación en la función "Educación y Cultura" caerá del 85% al 81,7%.

Incremento.

Según las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación será una de las cuatro áreas del Estado con mayor incremento de fondos en 2026: sus recursos variarán un 17,9% con respecto a 2025, lo que equivale a un crecimiento real de 3,6% (según la inflación del proyecto de ley) y de 0,1% con la inflación del REM. Solo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (78,9%), Obligaciones a cargo del Tesoro (30,6%) y el resto de las áreas del Ministerio de Capital Humano (20,1%) tendrán aumentos mayores.

De aprobarse el proyecto de la gestión libertaria, el financiamiento de la educación quedará sin un piso legal, puesto que la inversión en educación caerá al 0,75 % del PBI en 2026, el nivel más bajo desde que se sancionó la norma. El retroceso es estructural: mientras en 2015 el gasto educativo nacional representaba el 1,59% del PBI, en 2024 cayó al 0,8%, y este año cerrará en torno al 0,82%.

“La programación presupuestaria realizada por el Ejecutivo para 2026 sugiere el inicio de una posible reversión del profundo ajuste que caracterizó al sector educativo durante los últimos años", expresó Javier Curcio. En esa línea destacó que "es imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos para la educación con la legitimidad que otorga la aprobación parlamentaria".

La función "Educación y Cultura" representará apenas el 5,3% del Presupuesto 2026, detrás de rubros como Seguridad Social (57 %) y Deuda Pública (8,5 %). En la última década, la educación perdió casi la mitad de su peso relativo dentro del gasto total del Estado.

“En términos políticos, la eliminación del piso legal del 6% del PBI marca un quiebre histórico: el financiamiento educativo deja de tener un respaldo normativo y pasa a depender de la discrecionalidad fiscal del Gobierno”, analizó una nota de ambito.com

Y agrega que “el cambio revela un giro en la estrategia oficial: menos foco en capacitación y materiales, pero más énfasis en extensión del tiempo escolar. El Gobierno lo presenta como un paso hacia la ‘eficiencia estructural del sistema’, pero los expertos advierten que se trata de un redireccionamiento sin una política pedagógica de base”.

Alfabetización.

El Plan Nacional de Alfabetización (PNA), lanzado en 2024, es una de las pocas áreas con incremento significativo: su presupuesto sube 78,9% nominal (más de 50% real), impulsado por la universalización de la jornada extendida, que absorberá el 82% de los fondos. Sin embargo, este cambio de prioridades implica fuertes reducciones en las “acciones complementarias” del programa (-96,9 %) y en la formación docente en alfabetización (-25,2%).

La reconfiguración del plan muestra un giro: menos recursos para capacitación y materiales, y más para infraestructura y extensión del horario escolar, un enfoque que el Gobierno presenta como “eficiencia en la inversión”, aunque especialistas advierten sobre la pérdida de políticas de acompañamiento pedagógico.

Universidades.

Las universidades siguen siendo el principal destino del financiamiento educativo nacional. Dentro del presupuesto, el programa de “Desarrollo de la Educación Superior” representa el 77% del total (con una caída de 2,1 puntos con respecto a 2025), seguido por el “Plan Nacional de Alfabetización” con 9,2% (3,1 puntos más que en 2025) y “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” con 5,8% (0,5 puntos más que en 2025).

En total, el gasto destinado a programas de educación obligatoria y superior no universitaria alcanza el 14,6% del presupuesto de la Secretaría de Educación, mientras que casi 8 de cada 10 pesos (77%) son para el nivel universitario y el restante 8,4% para el rubro “otros gastos”. La porción de recursos destinados al sector de la educación superior es más grande de lo que fue históricamente.

Para Juan Doberti, doctor en Ciencias Económicas y docente e investigador de la UBA, el proyecto del Gobierno pone en relieve "la consolidación del desfinanciamiento educativo que se dio en 2024 y 2025". De este modo, para el especialista "el Estado restringe su rol a un magro sustento económico de las universidades nacionales y deserta del sostenimiento de la mayoría de los programas para la educación básica en aspectos tales como la infraestructura y el equipamiento escolar, la formación docente, la innovación tecnológica o la provisión de computadoras”, precisó.

Entre los recortes más marcados figuran las partidas para infraestructura (-62,9 %), formación tecnológica (-49,6 %) y el programa "Conectar Igualdad", que desaparece del Presupuesto 2026.