"Hay delitos que no se pueden dejar pasar"

Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos advirtieron ayer en el Congreso de la Nación sobre la "grave situación" en la provincia de Jujuy, donde se registran "decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas", y convocaron a una movilización para el próximo 20 de julio en todo el país para repudiar esos hechos.

 

La movilización se realizará en el marco de un nuevo aniversario de la denominada "Noche del Apagón", ocurrido el 20 de julio de 1976, cuando se sucedieron una serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, la mayoría de ellos realizados con vehículos del ingenio Ledesma.

 

La marcha se realizará a un mes de la represión ocurrida en Jujuy el pasado 20 de junio sobre manifestantes que protestaban contra la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial, que terminó con varios heridos y detenidos.

 

En una conferencia de prensa que ofrecieron en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, los dirigentes coincidieron en responsabilizar al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por esos hechos y exigieron la liberación de los detenidos por participar de las protestas, entre ellos docentes, dirigentes sociales, sindicales y docentes y varios abogados defensores, que fueron aprehendidos en las últimas horas.

 

Universidad.

 

También se denunció el ingreso de fuerzas policiales a las universidades públicas de Jujuy, como ocurrió en la sede de la UBA de Tilcara.

 

La rueda de prensa se realizó minutos antes de que el presidente Alberto Fernández dispusiera la intervención del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Jujuy.

 

De la conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, organizada por la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que lidera el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky, participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), así como diputados oficialistas y del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.

 

"Queremos repudiar a este individuo que pasó de ser represor a genocida, Morales. Es un reflejo de lo que puede llegar a pasar si estos individuos llegan a ganar las elecciones", dijo Almeida, quien pidió: "Cuando vayan a votar hay que hacerlo con memoria y recordar no quién es el adversario, sino el enemigo".

 

Carlotto.

 

Carlotto, por su parte, destacó la importancia de "cuidar la democracia" y dijo

 

que "hay delitos muy graves que no pueden pasarse por alto", a la vez que llamó

 

a "formar una gran cadena de unidad".

 

"Los vamos a ayudar pero los que tienen que trabajar son ustedes para que esta situación se termine", remarcó.

 

En la oportunidad, Pietragalla afirmó: "Nos preocupa que en un momento electoral tengamos que hacer esta conferencia porque a 40 años de la democracia, la libertad y el derecho a la protesta, están en peligro", y añadió: "Le pedimos a Morales parar esta locura, en su afán de ser vicepresidente porque es peligroso y puede acarrear que todo el Estado sea responsable de las violaciones a los derechos humanos en Jujuy".

 

De la conferencia participaron además referentes de la UBA, integrantes de organizaciones de derechos humanos, la CTA, su par Autónoma (CTAA), la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, la Ctera, la UTEP, la CCC, el Espacio Producción y Trabajo (Pymes y cooperativas), entre otros.

 

Heridos y detenidos.

 

Unos 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos resultaron de la violenta represión policial que se extendió por más de cuatro horas en Jujuy el pasado 20 de junio sobre manifestantes que protestaban contra la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial.

 

El avance policial comenzó poco después de las 11 contra una multitudinaria marcha que congregó a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña contra la reforma en las puertas de la Legislatura, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva Carta Magna local.

 

Efectivos de infantería de la policía jujeña dispararon con balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes que confrontaron lanzando piedras, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña que se extendió por más de cuatro horas por diversas arterias.

 

Nuevas protestas.

 

Sindicatos docentes y otros agentes estatales de Jujuy, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y pueblos originarios, confluyeron el viernes al mediodía en movilizaciones realizadas en calles de San Salvador de Jujuy para exigir la libertad y el desprocesamiento de nuevos detenidos por las protestas contra la reforma constitucional.

 

"Libertad, libertad, de los presos por luchar", fue uno de los principales reclamos de los manifestantes que avanzaron en distintas columnas demandando el cese de la "persecución a docentes, estudiantes, pueblos originarios y profesionales" que participan de las protestas, sobre quienes se disparó una nueva ola de detención desde el pasado miércoles.

 

El referente del Pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jeréz, explicó que "con estas acciones queda demostrado que en Jujuy no existe el estado de derecho" y sostuvo que "se están llevando detenidos a hermanos y hermanas, dirigentes de movimientos sociales, de gremios, como así también a abogados e ingresando a sedes universitarias".

 

"Nos preocupa la violencia".

 

El presidente y titular del Consejo nacional del Partido Justicialista (PJ), Alberto Fernández, intervino ayer el partido en la provincia de Jujuy para "ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno de Gerardo Morales y las políticas represivas".

 

"Acabo de firmar la intervención del PJ, estamos siguiendo muy de cerca y con preocupación lo que está pasando", dijo Fernández en declaraciones a la prensa al retirarse de un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde inauguró de forma remota y simultánea 100 obras públicas en 100 localidades de las 23 provincias del país.

 

Sobre los motivos de esa decisión y la situación en Jujuy, el mandatario agregó: "Preocupa la violencia institucional, nunca la hemos aceptado en nuestra gestión y nos preocupa que en algunos lugares de la patria los gobiernos provinciales hagan ese tipo de cosas".

 

La decisión había sido comunicada minutos antes por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su cuenta de Twitter.

 

"El presidente del PJ Alberto Fernández ordenó la intervención del Partido Justicialista de Jujuy para ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno y las políticas represivas de Gerardo Morales", informó Cerruti.

 

De esta manera, Fernández decidió desplazar de la conducción del PJ jujeño al diputado provincial y precandidato a senador nacional por Unión por la Patria (UxP), Rubén Rivarola, que acompañó al espacio político de Morales (Juntos por el Cambio) en la aprobación de la reforma de la Constitución provincial, que sigue generando protestas en la provincia norteña, con actos de represión y persecución política.

 

Según se anunció, la intervención del PJ jujeño estará en manos del intendente del municipio de Merlo, Gustavo Menéndez -quien fuera presidente del PJ bonaerense- y el ministro de Seguridad, el quilmeño Aníbal Fernández.

 

Entre los fundamentos que esgrimió Alberto Fernández al adoptar esta medida, señaló: "Que no queden dudas que las autoridades del PJ distrito Jujuy, comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista".

 

Asimismo, en la resolución partidaria conocida por la tarde, se destaca que "un grupo de legisladores del PJ jujeño, amparados por las autoridades del partido distrital, votaron favorablemente a la introducción de modificaciones en la Constitución Provincial avasallando y restringiendo derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna".

 

Abogados se sienten amenazados.

 

Un grupo de abogados jujeños denunció ayer que "el libre ejercicio de la profesión" en esa provincia "está amenazado", al repudiar la detención del letrado constitucionalista Alberto Nallar, quien es acusado por "difundir sus opiniones" en el contexto de las protestas que se sostienen contra la reforma de la Constitución local.

 

Estos profesionales presentaron "un pedido de protección" ante el Colegio de Abogados de Jujuy para que realice acciones destinadas a lograr "la inmediata libertad de Nallar".

 

El letrado participaba de distintas charlas sobre las modificaciones a la carta magna jujeña en protestas y manifestaciones, y planteó en una de esas concentraciones la posibilidad de presentar un pedido de intervención federal sobre el Poder Judicial de la provincia.

 

Por esas actividades, Nallar fue denunciado por los delitos de sedición, instigación e incitación a desconocer la autoridad, según informó el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, luego de su detención.

 

Tras un pedido ante la justicia local, en las últimas horas se le otorgó la prisión domiciliaria hasta tanto se le haga conocer la causa de su imputación.

 

"El hecho que se haya producido la detención física de este colega no solo daña a la institución de la Justicia, si no que genera, en todo el foro, la inseguridad de trabajar dignamente", planteó hoy el abogado Roberto Alemán, integrante de este grupo de letrados que se presentó este pedido ante el Colegio de Abogados de Jujuy.

 

Por su parte, Carlos Blanco, que forma parte de este colectivo, afirmó que como profesionales del derechos que bregan "por el ejercicio liberal de la profesión" se sienten "atemorizados, lo mismo que otros colegas que no se manifiestan por la inminencia de amenazas y atropellos".

 

(Télam)