Milei y el impulso a una persecución ideológica

Envalentonado en los resultados obtenidos, que en los términos de su plan económico son exitosos, el presidente Javier Milei ingresó en un peligroso terreno: la persecución ideológica desde el Estado. El último episodio ocurrió nada más y nada menos que ante las fuerzas de seguridad, dónde habló de la "penetración de ideas de izquierda" en varias instituciones, entre ellas la universidad.

El mandatario participó de la celebración de los 203 años de la Policía Federal y aseguró que las Fuerzas de Seguridad “necesitan tener el respaldo del Gobierno” para cumplir con el rol del Estado que es “proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos”. A su vez, señaló que “hace 11 meses decidimos decirle no al garantismo barbárico que solo trae miseria, para decirle sí al orden cívico que garantiza el desarrollo”, y destacó que “gracias a este cambio de rumbo estamos viendo resultados sorprendentes”.

Milei continuó con su discurso y explícitamente habló de la supuesta infiltración en entidades, lo que justificaría sus políticas de ajuste, desfinanciamiento o cierre. "Debido a la penetración de la izquierda en las instituciones, las universidades, la dirigencia policial, empresarial y los medios de comunicación fueron abandonando esta función indelegable del Estado hasta que convirtieron a nuestro país en un baño de sangre”, señaló.

Avance libertario.

No es la primera vez que la gestión libertaria da muestras de su avance sobre este camino. Durante la semana, el Gobierno nacional utilizó la aplicación Mi Argentina -una herramienta del Estado- y los altoparlantes de las estaciones de ferrocarril para difundir un mensaje amenazante y antisindical en la previa al paro que realizó la Mesa Nacional del Transporte el 30 de octubre.

"Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicios de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134", es el mensaje completo que se difundió, a pesar de que el derecho a huelga está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y un sinfín de tratados internacionales a los que la Argentina adhiere y que tienen rango constitucional.

La comunicación apunta contra dos dirigentes conocidos que son opositores al Gobierno: Pablo Moyano, cotitular de la CGT y secretario general de Camioneros, y Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

A esto le sumó luego lo que ocurrió tras echar a la canciller Diana Mondino por votar en la ONU a favor de levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba. Ante esto, desde la Oficina del Presidente anunciaron que se abrirá una investigación para identificar a aquellos funcionarios -de carrera y designados por concurso- que no se encuentren alineados al perfil de la gestión libertaria. "El Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad", indicaron.

Descalificar de esta manera a todas aquellas personas y organizaciones que no comparten su visión del mundo tiene como objetivo desprestigiar y justificar cualquier ataque o ajuste sobre ellas. La historia de nuestro país tiene varios antecedentes negativos, el último fue el más sangriento y brutal: la dictadura cívico militar que se impuso en 1976 y que persiguió, asesinó y desapareció a miles de personas con el mismo argumento.