Preska pide celulares de Caputo y Massa
Mientras avanza la causa por la expropiación de YPF, la jueza estadounidense Loretta Preska ordenó al Estado argentino que entregue información de funcionarios actuales y de la gestión anterior, incluyendo mensajes personales y correos electrónicos. La magistrada, titular del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York, solicitó particularmente acceder al contenido de la aplicación de WhatsApps del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa.
Preska también formuló pedidos similares sobre otros funcionarios, tanto de esta gestión como de gobiernos anteriores, y en la Casa Rosada aguardan que haya una reunión entre las partes para aclarar el alcance de la información demandada.
La solicitud judicial proviene de una medida judicial dispuesta en el contexto del “discovery”, es decir, el proceso durante el cual se realiza un intercambio de información y pruebas entre las partes antes de iniciar el juicio propiamente dicho. El planteo responde al objetivo de los fondos buitre, que pretenden demostrar una utilización política de la petrolera, una maniobra que resumen asegurando que YPF y el Estado argentino “son una misma cosa”.
Además, la jueza también autorizó discovery sobre posibles vínculos de “alter ego” con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Enarsa.
“Viola nuestras leyes”.
Según fuentes del gobierno argentino, la “medida de discovery ordenada hoy por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de Argentina, y particularmente vulnera la soberanía argentina. Además, no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”, añadieron.
Los voceros consultados explicaron que si bien la causa se encuentra en instancia de apelación, el Estado argentino ya desarrolló una “extensa cooperación” posterior al dictado de la sentencia, al entregar a los fondos buitre más de 100.000 páginas de documentos. “Resulta evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery: su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República y que usan esta estrategia de 'arrojar arena en los engranajes' de los esfuerzos que hace Argentina por reconstruir su economía”, enfatizaron.
Ayudita de los “amigos”.
Por tal motivo, el Estado está evaluando las opciones disponibles para apelar a la orden de discovery y “continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”. “Estados Unidos solicita autorización para presentar un memorando como amicus curiae en apoyo de la solicitud de suspensión pendiente de apelación de la República Argentina”, dicen los encabezados de los tres documentos a los que accedió este medio, que fueron firmados por el fiscal general David E. Farber.
Además, la administración de Donald Trump reclamó que se suspenda la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana, evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva correctamente en la instancia de apelación.
Fuentes oficiales aseguraron que el Gobierno se encuentra “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes, y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”.
Apelación.
Esta orden de Preska se conoció después de que los abogados argentinos presentaran un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control del 51 por ciento de las acciones de YPF. En la presentación advirtieron que ejecutar la orden de entregar acciones de YPF “causaría un daño irreparable a la República” y “podría desatar un conflicto diplomático significativo” con Estados Unidos.
Argumentaron además que la orden de la magistrada “vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero” y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino. Según la defensa argentina, el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino.
La Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación.
(Ambito)
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