Río Negro: policías y penitenciarios rechazaron el aumento

Con el reciente antecedente de la violenta protesta policial que paralizó a la provincia de Santa Fe, el gobierno de Río Negro se encamina hacia un nuevo frente de tormenta. Sectores de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario rechazaron de plano los últimos anuncios de recomposición salarial y amenazan con medidas de fuerza por tiempo indeterminado.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, representantes del personal uniformado entregaron un petitorio formal en General Roca y anunciaron un acampe para este miércoles frente a la Casa de Gobierno en Viedma.

 

La convocatoria, impulsada por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro (CBPPRN), busca visibilizar el hartazgo de los agentes ante la precarización de sus haberes y lo que consideran un "estancamiento del diálogo" con la administración del gobernador Alberto Weretilneck.

 

Reclamo.

 

El reclamo central del pliego elevado por el Consejo es alcanzar un haber inicial mínimo de $1.800.000, una cifra que consideran indispensable para garantizar la seguridad alimentaria de las familias policiales.

 

Rubén Muñoz, referente del sector, advirtió sobre la grave crisis socioeconómica que atraviesan las fuerzas: "Muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y algunas familias no logran asegurar la alimentación básica".

 

Además, los uniformados están tejiendo alianzas estratégicas. El Consejo confirmó que estableció contactos con ASSPUR (la Asociación Sindical de Salud Pública provincial) para coordinar acciones conjuntas y ampliar el frente de protesta estatal. Muñoz anticipó que el acampe en la capital será "indefinido" hasta que se eliminen los ítems "en negro" que desfinancian a la obra social y perjudican a los retirados.

 

Oferta.

 

El rechazo policial se produjo luego de que el Ministerio de Seguridad de Río Negro anunciara el esquema de aumentos diseñado para febrero. La propuesta oficial estableció una mejora total del 6,79%, compuesta por: Un 5,2% de ajuste automático por inflación (IPC). Un 1,5% adicional específico para el sector de seguridad. Este esquema elevó el haber inicial de un agente de seguridad a $1.417.366 (quedando casi $400.000 por debajo de lo pretendido por el Consejo).

 

El punto de mayor fricción radica en la modalidad de pago del incremento adicional y de los bonos compensatorios: El 6% extra se pagará en cuotas: El Gobierno informó que el adicional exclusivo para la Policía se abonará en cuatro cuotas del 1,5% con los sueldos de febrero, marzo, abril y mayo.

 

Suma fija dividida: Se otorgó un bono no remunerativo de $250.000, pero también segmentado en dos pagos de $125.000 (el 20 de febrero y el 20 de marzo).

 

Lo único que se abonó de manera íntegra con los haberes de febrero fue el aumento del 100% en el ítem de ayuda escolar ($80.000 por hijo y $160.000 por hijo con discapacidad).

 

Lejos de descomprimir la tensión, el pago escalonado en cuotas fue el detonante que empujó a la fuerza de seguridad a endurecer su postura y marchar hacia la gobernación.

 

Santa Fe.

 

Por otra parte, al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador Maximiliano Pullaro centró su discurso en el eje de la seguridad y envió un contundente mensaje político respecto del reciente conflicto policial.

 

Frente a la Asamblea Legislativa —y por primera vez un 15 de febrero, tras la reforma constitucional del año pasado— el mandatario santafesino se refirió a las tensiones recientes con la fuerza de seguridad. "Desde un principio los entendimos como justos", reconoció sobre los pedidos de los uniformados, y detalló que el Ejecutivo adoptó medidas para "mejorar las condiciones laborales sin afectar el plan de seguridad que vamos a profundizar".

 

Sin embargo, Pullaro fue tajante al apuntar contra las facciones que intentaron capitalizar el conflicto en las calles: "Quisieron usar un reclamo legítimo para volver al pasado oscuro de Santa Fe, para recuperar privilegios". En ese sentido, lanzó una fuerte advertencia: "No lo consiguieron ni lo van a conseguir porque los santafesinos ya decidimos no dar un solo paso atrás".

 

Para respaldar su política de seguridad y demostrar el apoyo a la labor policial, el gobernador enumeró los recursos inyectados en la institución desde que se "hizo cargo" de una situación que calificó como "extremadamente crítica": se incorporaron 2.000 nuevos efectivos a las calles. Se concretó la compra de 2.500 móviles policiales. Se amplió la red de videovigilancia con 5.000 cámaras en Rosario y 2.000 en la capital, apoyadas por el sistema "Lince" de inteligencia artificial para la investigación criminal. (NA)