Unicef cuestionó el enfoque punitivo en el debate por el Régimen Penal Juvenil

Unicef publicó un posicionamiento con criterios claros sobre cómo debe abordarse cualquier modificación del Régimen Penal Juvenil, en un contexto en el que el proyecto ingresó ayer a Diputados. “Se ha demostrado que la privación de la libertad, como medida habitual, genera un entorno de violencia para los jóvenes detenidos, lo cual favorece la reincidencia”, aseguraron. 

Desde el organismo emitieron un comunicado que fue compartido a LA ARENA, donde manifestaron que Argentina debe avanzar en “un debate amplio y la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil que esté en línea con los estándares internacionales”. Explicaron que la adecuación de la normativa “requiere la implementación de un sistema de justicia especializado que asegure -de manera real y efectiva - el acceso a la justicia, el debido proceso, penas y medidas diversas y graduales enfocadas en la prevención del delito y de la reincidencia, la incorporación de la perspectiva restaurativa y de la víctima, y que establezca criterios de responsabilidad para los autores dentro del marco de la comprensión de la criminalidad de sus actos, en consonancia con su madurez y evolución”.

El documento hace referencia a evidencia científica y a estándares internacionales, incluyendo la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño, que sostiene que la madurez y la capacidad de comprensión de consecuencias están en desarrollo durante la adolescencia. Unicef cita textualmente que “pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años”.

Es por ello que el Comité pide a los Estados que eleven la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo y llama a los Estados que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, a que no la reduzcan en ninguna circunstancia. 

Argumentos.

Desde Unicef plantearon que la respuesta será eficaz si se quita al adolescente del entramado delictivo, si se interviene sobre las causas (abandono escolar, consumos, violencia, captación por grupos criminales) y construye una alternativa de vida que evite que haya nuevas víctimas. Hicieron hincapié en que los niños y adolescentes “son vulnerables” porque se encuentran dentro de un proceso de maduración y de formación incompletos, además de que pueden ser víctimas de grupos criminales.

“Un sistema penal juvenil deseable debe considerar el creciente nivel de responsabilidad en función de la edad del infractor, la reparación a la víctima y a la sociedad, y la existencia de mecanismos de apoyo que generen oportunidades para la gradual inclusión social de aquellos que han cometidos delitos”, señalaron. Dijeron que, en ciertas excepciones, se puede incluir como último recurso la privación de libertad.

“Se ha demostrado que la privación de la libertad, como medida habitual, genera un entorno de violencia para los jóvenes detenidos, lo cual favorece la reincidencia. Los adolescentes privados de su libertad son los que presentan mayores dificultades para la reinserción comunitaria, terminar la escuela e insertarse laboralmente”, apuntaron y sostuvieron que “las penas no deben ser desmedidas ni deben determinarse de la misma forma que a las personas adultas”.

Datos.

Por otro lado, recordaron que, según datos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, la mayoría de los conflictos con la ley por parte de adolescentes son por delitos contra la propiedad. “Argentina, que tiene la edad en 16 años, registra un promedio de 3,7 homicidios cada 100 mil habitantes en 202511, lo que representa una reducción interanual del 5,6 %, ubicándose muy por debajo de otros países de la región, como por ejemplo Brasil, con una tasa de 23,1 en 2023 (con una edad mínima de 12 años); Uruguay, con una tasa de 10,3 en 2025 (13 años); o Chile, con una tasa de homicidios de 6 en 2024 (14 años)”, detallaron.

“Es necesario que haya sanción proporcional y contextualizada, reparación, reinserción efectiva, y prevención, protegiendo y recuperando a los más jóvenes en la mayor medida posible. Y eso requerirá de legislación equilibrada, políticas integrales y financiamiento adecuado. Una justicia juvenil moderna, basada en derechos, evidencia y con intervenciones especializadas, reduce la reincidencia, previene nuevas víctimas y contribuye sustancialmente a mejorar la seguridad ciudadana”, concluyeron desde Unicef.