El aborto no punible a Comisión Interamericana de DD.HH.

Qué pasó y pasará.
La llamada "Ley Peppino", en alusión al diputado provincial socialista Adrián Peppino, impulsor de la norma, reglamenta la atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos pampeanos con una interpretación amplia de los permisos que ya prevé el Código Penal. El 29 de noviembre de 2007 fue aprobada por amplia mayoría, 18 votos contra 5, pero Jorge la vetó a poco de asumir en sintonía con los reclamos de la Iglesia Católica local, ya que su antecesor, el actual senador Carlos Verna, no la había promulgado. La norma tuvo el respaldo de todos los legisladores del Frepam y el ARI y la mayoría de los justicialistas. Los únicos oficialistas que se opusieron fueron Oscar Pepa, Rodolfo Iturrioz, Jorge Lezcano, Antonio Vicente y Alicia Re.
La organización no gubernamental Foto No al Veto inició una campaña pública para revertir la decisión del gobernador teniendo en cuenta que la ley 2394 simplemente protocoliza y reglamenta lo que es una obligación. El protocolo le permitiría a los médicos intervenir en los casos previstos en el artículo 86 sin necesidad de solicitar una autorización a la justicia, algo que ocurre en los hechos. También la norma prevé la creación de un registro en el que figuren los profesionales que por cuestiones de conciencia no acuerden con él. Hasta ahora, el PJ no ha mostrado predisposición por sumar los dos tercios que le permitirían a la Cámara de Diputados rechazar el veto y obligar a Jorge a que promulge una ley que incluso contempla los criterios de la Guía Integral de Atención de los Abortos No Punibles que redactó el Ministerio de Salud de la Nación cuando su titular era el médico sanitarista Ginés González García.Casi un año después del "no" del gobernador, el PS y la ONG presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el veto. El Superior Tribunal de Justicia lo admitió y le dio vista al procurador general, Mario Bongianino, quien rechazó al recurso. El 14 de diciembre del año pasado, el STJ denegó la acción de inconstitucionalidad, en un fallo firmado por sus cinco ministros, al entender que los partidos políticos no tienen "legitimación suficiente" para este tipo de acciones colectivas porque "la discriminación social y/o por condición física" es un asunto "extraño" a ellos. O sea, se recostó en una cuestión formal para justificar el rechazo.Ante ello, Gil Domínguez -un constitucionalista pampeano de reconocido prestigio a nivel nacional- presentó un recurso extraordinario ante el propio STJ para ir a la Corte Suprema. Recibió otro rechazo y por eso en abril fue a la Corte en queja.
El abogado, pese a la falta de notificación, adelantó que "antes de fin de año" presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, para que allí se trate el veto de Jorge. "Hay una serie de pactos incluidos en la Constitución Nacional que fijan recomendaciones particulares para que el artículo 86 se aplique, en forma uniforme y concreta, en todo el país; pero como eso no ocurre se está violando el derecho a la salud reproductiva de las mujeres. El Estado, al no haberle dado tratamiento (al recurso), está incumplimiento con esos tratados internacionales", como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, concluyó Gil Domínguez.

Perdida entre 197 causas
La “falta de fundamentación” del Partido Socialista figura perdida en un listado de 197 causas resueltas el 31 de agosto por la Corte. Se trata de 134 recursos de hechos, 60 recursos extraordinarios y tres recursos ordinarios. Allí hay de todo: daños y perjuicios, robos con armas, regulaciones de honorarios, ejecuciones de alquileres, homicidios agravados, abusos sexuales, estafas, despidos y diferencias salariales, quiebras, concursos preventivos, ejecuciones hipotecarias, separación de bienes, amparos, demandas contra el Banco Ciudad y la Administración Federal de Ingresos Públicos, falsificaciones de documentos, reclamos de filiación, sucesiones, etc.
En la misma nómina aparecen la confirmación de una sentencia contra los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera; un recurso extraordinario de otro represor, Luciano Benjamín Menéndez; acciones de Multicanal contra el Grupo Uno; demandas de Metrovías contra el Gobierno porteño; presentaciones de Carrefour por infracciones a una ley; la cadena de supermercados Disco apelando una multa; causas de la petrolera Petrobras Energía y la fabricante de neumáticos Bridgestone Firestone Argentina contra la Dirección General de Aduanas; y un reclamo de incumplimiento de contrato contra la aerolínea United Airlines. Una pequeña Torre de Babel.

Qué opinan los académicos
Los académicos en derecho penal más reconocidos del país emitieron recientemente un dictamen técnico para clarificar los alcances de los permisos vigentes para abortar, según publicó el diario Página/12. En una declaración firmada por integrantes de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, se precisó: “Los abortos justificados en el Código Penal Argentino, que no necesitan autorización de jueces ni de comités médicos para su realización, son: a) el realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico, cuando no existe otro medio para evitar un peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, b) cuando el embarazo fue causado por una violación respecto de una mujer sana mentalmente, c) cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer menor de 13 años, d) cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer que por alguna otra razón (por ejemplo, deficiencias mentales) no pudo consentir el acto sexual, y e) cuando el embarazo no es producto de acceso carnal, sino de cualquier acción no consentida contra cualquier mujer, como una inseminación artificial”. Los expertos reafirmaron que en los casos de violación no es legal exigir la denuncia penal ni probar quién fue su autor para realizar la intervención.
Entre los integrantes de la asociación –que nuclea a más de 300 profesores de universidades públicas y privadas– figuran el ministro de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni (firmante del rechazo a la pretensión del Partido Socialista), y el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien tampoco se pronunció sobre el recurso pampeano.