¿Se privatiza la gestión de licitaciones?

JUAN JOSE REYES
Cinco abogados, cuatro arquitectos, un contador público, dos técnicos y algunos administrativos propuestos por la consultora Idear SRL, cuyo titular es el arquitecto Fabián Ganora, ex presidente de la Asociación de Arquitectos de La Pampa, relevarán licitaciones en las obras públicas locales. Para eso la consultora firmó un contrato de locación con el gobierno pampeano y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) cuyo costo es de cinco millones de pesos por ocho meses de trabajo.
La incógnita es el origen de los fondos para financiar el contrato. Se conoce que el estudio se denomina "Plan Estratégico 2012-2015" y asistirá técnicamente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos en el desarrollo de proyectos. La consultora tiene que inspeccionar 274 obras nuevas durante 2012, cuyo monto total asciende a los 325 millones de pesos previstos en el Presupuesto de este año.

Honorarios.
Los honorarios de los profesionales intervinientes van desde los 35 a los 52 mil pesos mensuales, más gastos e impuestos. En vano fueron los reiterados intentos por hablar con el secretario general del CFI, Juan José Ciacera, para dilucidar la procedencia de los fondos. Menos aún en la provincia, donde nadie dio la cara ni siquiera para asegurar o desmentir la especie periodística. Según el "acuerdo arribado" el Estado provincial entregará a la consultora todos los documentos de base a partir de la cual comenzarán a desarrollarse las tareas de revisión y readecuación de la misma de modo que se llegue a generar nuevas pautas para los próximos llamados a licitación pública. Se deja en claro que Idear hará el trabajo en forma conjunta con la Dirección de Obras Básicas y el personal de planta que el Ministerio destine a esos efectos.

"Agobiados".
El propósito del proyecto, con la millonaria financiación ya acordada, es un estudio que "comprende la necesidad de dotar a la administración pública de la agilidad que los tiempos requieren y de actualizar la información que se encuentra dispersa y que los actuales funcionarios consideran imprescindible para tener un mecanismo que dé respuestas inmediatas y con el menor margen de error posible".
El informe da cuenta que se recurrió a la asistencia técnica externa debido "a la alta carga de trabajo" a la que están afectados todos los equipos técnicos del plantel permanente de la Dirección General de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, a cargo de Jorge Varela. Las etapas que abarcará el estudio será la de relevar y recolectar datos técnicos y legales; hacer proyectos de edificios; elaborar documentación técnica y los aspectos legales de cada licitación; evaluar las ofertas técnicas y otros aspectos legales de obras públicas que en la provincia se demanda y no pueda hacerlo con personal propio.

Los pliegos.
El trabajo será realizado "en estrecha cooperación y comunicación entre los técnicos y personal del Ministerio de Obras Públicas y la Consultora. Los responsables del Estado junto a los de la consultora viajarán las veces que resulte necesario a las localidades donde se llevarán a cabo las obras, de manera de lograr que la documentación puesta a consideración del gobierno cumpla con el grado de definición suficiente para posibilitar una correcta cotización de la obra".
Según se afirma, la documentación para el llamado a licitación debe ser consensuada con los técnicos del Estado, a fin de conseguir un texto definitivo, que permita la contratación dentro del esquema, en el que la obra se contratará que es en el marco de la Ley Provincial de Obra Pública. Una vez concretado el llamado a licitación y la venta de pliegos, el equipo técnico también revisará la documentación, a fin de aclarar las cuestiones que pudieran surgir ya sea por necesidad del Ministerio o en respuesta a pedidos de las empresas que hayan adquirido el pliego.

Obras públicas, inspectores privados.
El acuerdo da expresas directivas a Idear SRL para la realización de la inspección de la totalidad de las obras de construcción de viviendas y de su correspondiente infraestructura, de acuerdo al pliego licitatorio en las distintas localidades. La realidad es que coordinarán, junto con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOySP), las actividades de inspección con los distintos organismos intervinientes.
El acuerdo de pago con la consultora sería el siguiente: 15% a la firma del contrato; 20% a la finalización de cada uno de los informes (cada uno dura un mes) y un 25% a la aprobación del informe final. Esto incluye los honorarios profesionales ya enunciados y gastos específicos (la consultora sólo paga los viajes, los alquileres de vehículos y los gastos informáticos). Lo demás corre por cuenta del CFI o del Estado provincial, según se haya acordado.
Más allá de quién pone el dinero, queda en el debe saber si es legal que el Estado brinde a una consultora privada datos sensibles de la obra pública y que delegue en ella el seguimiento administrativo y legal del cumplimiento del pliego y las cláusulas contractuales, como así también, la elaboración de los Certificados de Obra y la realización y seguimiento de las redeterminaciones de precios.
También importa el seguimiento administrativo y legal de los contratos y las modificaciones de obra, ampliaciones, paralizaciones, rescisiones, autorización de cambio de materiales y todo lo referente a los adicionales y deductivos de obra, en los cuales la consultora podrá hurgar. ¿Es legal delegar tamaña responsabilidad pública en privados?