Lunes 06 de febrero 2023

Ambientalistas se oponen a proyecto minero en Malargüe

Redacción 16/11/2022 - 08.15.hs

Las Asambleas por el Agua de Mendoza protagonizaron el fin de semana una multitudinaria movilización para rechazar el proyecto minero Cerro Amarillo, cuya etapa de exploración fue enviada nuevamente a la Legislatura provincial por el gobernador Rodolfo Suárez. “Sería muy negativo que avance la exploración, y más una posterior explotación, porque pondría en riesgo una de las más prístinas y hermosas áreas de la cordillera en Malargüe, y afectaría los ríos Grande y Colorado, poniendo en riesgo una vez más la convivencia con provincias hermanas que comparten la misma cuenca hídrica”, advirtió el geógrafo Marcelo Giraud, miembro de aquella agrupación ambientalista.

 

La iniciativa, que pretende la explotación de una veta de cobre ubicada a 2.800 metros de altura y a 60 kilómetros al oeste del centro malargüino, ingresó por segunda vez a la Legislatura mendocina, tras haber sido rechazada en octubre de 2014, durante el mandato de Francisco Pérez, cuando todavía no se había completado el inventario de glaciares en las cuencas de los ríos Grande y Malargüe.

 

Al elevar nuevamente el proyecto, que ayer tomó estado parlamentario, Suárez aseguró que no utilizaría ningún químico prohibido por la Ley 7722, ni afectaría cursos de agua, y aclaró que por ahora abordaría solamente la etapa de exploración para determinar cuánto mineral hay y dónde se encuentra.

 

Rechazo de ambientalistas.

 

“Nos dicen que se ajustaría a la Ley 7722 porque no utilizarían sustancias tóxicas, pero pasan alto que sí utilizarían el xantato y la poliacrilamida, dos elementos que deberían ser considerados tan peligrosos como el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio, y sobre los que un dictamen de la UNCuyo ya estableció que violan la Ley 7722”, advirtió Giraud.

 

“También argumentan que se encuadraría dentro de la Ley de Glaciares, cuando se observa muy claramente que el área de concesión minera está completamente rodeada de glaciares, y representa un ambiente protegido por esa ley”, agregó el ambientalista en diálogo con Radio Universidad.

 

El expediente elevado al parlamento provincial incluye una declaración de impacto ambiental realizada en 2014. “Los informes ambientales requieren una actualización bianual, pero la presentación firmada por el gobernador, el ministro Enrique Vaquié y el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, no incorporan nuevos estudios: solo aseguran que no habría interferencia con la Ley de Glaciares y concluyen que no habría objeciones”, alertó.

 

Según Giraud, esta presentación “llama la atención porque ese viejo expediente había sido archivado en junio de este año, junto con los antecedentes donde constaba que no estaba completo el inventario nacional de glaciares en las cuencas del Atuel y el Grande”. Ese relevamiento, que finalmente terminó de completarse en enero de 2017, “muestra claramente que hay una gran cantidad de glaciares (cubiertos, descubiertos y de escombros) en el área de la concesión minera y particularmente en adyacencias de la laguna Cajón Grande, un lugar prístino y maravilloso”, dijo.

 

Un área muy sensible.

 

Si bien el nuevo expediente propone la perforación de nueve pozos exploratorios “en la última fase del proyecto de 2014 se contabilizan 19 pozos, muchos de los cuales están muy cerca de los numerosos glaciares identificados en el área”, advirtió Giraud, antes de manifestar su esperanza de que “los legisladores actúen como representantes de los pobladores y no de un puñado de empresarios que pretenden saquear nuestra cordillera”.

 

Giraud recordó que el yacimiento se encuentra en “un área extremadamente sensible que integraba la superficie propuesta por el diputado nacional Guillermo Carmona para constituir el Parque Nacional Pehuenche, que finalmente no avanzó porque algunos empresarios malargüinos se opusieron”, y advirtió que la fase de exploración “no implica la misma magnitud y extensa variedad de impactos ambientales que podría provocar la explotación, con la apertura de un rasgo a cielo abierto, depósitos de escombreras y el procesamiento de mineral”.

 

De esta manera, el proyecto pondría en riesgo “un área de altísimos valores ecosistémicos, particularmente la zona de Cajón Grande, uno los paisajes cordilleranos más bonitos del departamento Malargüe”.

 

Según el ambientalista de la UNCuyo, este proyecto minero debería contar también con la aprobación del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. “Desde La Pampa ya expresaron su preocupación, porque al encontrarse sobre la cuenca del río Grande cualquier inconveniente ambiental implicaría la intervención del Coirco”, dijo. Y concluyó que “así como para Potasio Río Colorado resultaba obligatoria la intervención del comité de cuenca, ahora también correspondería darle participación para su aprobación ambiental, ya que el proyecto está claramente dentro de la cuenca del Colorado”.

 

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