Concejales contra la justicia: “el STJ se lavó las manos”

Luego del falló del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa (STJ) que avaló la legalidad de la implementación de la ordenanza de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vehicular, rechazando la demanda de los concejales y concejalas de la oposición Diego Camargo, Luján Mazzuco, Romina Paci (UCR), Fernanda Oddi y Marcelo Guerrero (PRO) “por falta de legitimación activa”, las y los ediles salieron al cruce del máximo tribunal.

“En orden a la sentencia del STJ sobre la RTO y frente a las afirmaciones erróneas que han circulado al respecto, entendemos necesario que los vecinos sepan que: el STJ no se pronunció sobre el planteo de fondo, referido a las irregularidades en la implementación de la RTO, ni convalidó el accionar del Ejecutivo municipal”, dijeron en un comunicado de prensa.

Y añadieron que “lo que hizo fue desentenderse del tema, argumentando que los concejales no tenemos legitimación activa para accionar en defensa de los vecinos, y que sólo podemos velar por los intereses de la comunidad en el marco del Concejo Deliberante. La falta de legitimación fue declarada de oficio, es decir, sin que el municipio la hubiera planteado como defensa”.

“Eludió el tema”

En esa línea, desde los bloques PRO y UCR aseguraron que “el STJ eludió el tema central y no se expidió sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza 6977/2023 -que tornó exigible la RTO invadiendo competencias provinciales- ni sobre la resolución 30/2024, con la que se llamó a licitación sin la ordenanza previa que exige la ley. Simplemente decidió no tratar la cuestión”.

“Según el fallo, los concejales no podríamos actuar judicialmente para proteger a los vecinos por no tener un ‘interés personal y directo’ en el caso, ni para preservar la división de poderes. Así, el STJ concluye que no existe un conflicto de derechos real y concreto que deba resolver”, analizaron.

Y concluyeron que “por lo tanto, el rechazo de la demanda no significa que la RTO municipal sea válida, ni que tenga alcance nacional, ni contradice los fundamentos jurídicos planteados por los concejales de la UCR y el PRO. En definitiva, el STJ se lavó las manos y eligió no involucrarse en la discusión. Y aunque evitó darle la razón al intendente Di Nápoli, le brindó protección para avanzar con una RTO ilegal y puramente recaudatoria”.