Conflicto laboral en Castex: Cámara rechazó embargo millonario contra comercio

(Eduardo Castex / Corresponsal) - La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería ratificó una resolución del Juzgado Laboral 2, donde se rechazó un pedido de embargo preventivo sobre el inmueble de Frigorífico Warner en Eduardo Castex. La solicitud fue formulada por María José Rolhaiser, exempleada del frigorífico local, en el marco de un conflicto laboral con su antigua empleadora, Andrea Cristian Wagner.

La demandante solicitó trabar embargo por más de 82 millones de pesos sobre un inmueble ubicado en el kilómetro 403 de la ruta nacional 35, al sur del ingreso a Eduardo Castex. Alegó incumplimientos laborales, retención de aportes previsionales y una supuesta insolvencia por parte de Wagner.

Acompañó la solicitud con intercambios epistolares, informes dominiales, capturas de la web de ARCA y publicaciones en redes sociales que, según sostuvo, evidenciarían una inminente venta del inmueble, lo que podría poner en riesgo el cobro de una eventual sentencia favorable.

Decisión judicial.

Sin embargo, tanto el juez de primera instancia como la jueza María Anahí Brarda, quien resolvió la apelación en forma unipersonal, consideraron que no se acreditaron de manera suficiente los requisitos legales para el embargo preventivo, a saber: verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

En cambio, se mantuvo vigente una medida cautelar de no innovar sobre el inmueble por 45 días, dispuesta para evitar modificaciones que puedan afectar el objeto del litigio, aunque sin efectos registrales.

Fundamentos.

La Cámara de Apelaciones señaló que los hechos relatados por la actora se sustentan en elementos controvertidos, y que el riesgo invocado no fue suficientemente probado. Incluso advirtió que el crédito reclamado representa una proporción mínima del valor total del inmueble (menos del 10%) y que el demandado posee otros bienes registrables con los que podría responder.

En cuanto a las publicaciones en redes sociales que harían referencia a una eventual venta del bien, la jueza consideró que no constituyen prueba fehaciente de un intento de evasión patrimonial. Con estos argumentos, la Cámara desestimó el recurso de apelación y ratificó la decisión del juzgado de primera instancia. Además, impuso las costas del proceso a la apelante y reguló los honorarios de los abogados intervinientes.

El fallo refleja que el tribunal evitó adoptar una medida que pudiera afectar al comercio demandando, sin elementos contundentes que justifiquen el inicio de la demanda civil.