Distribución de material de abuso infantil: extienden preventiva a pampeano

La Justicia de San Luis extendió a 120 días la prisión preventiva para el pampeano Adrián Tobio Morán, de 30 años, imputado en aquella provincia por “distribución de material de abuso sexual infantil”. El joven, oriundo de Telén, fue detenido hace dos semanas en Santa Rosa por efectivos de la policía local, que recibieron un pedido de colaboración de la fuerza puntana para dar con su paradero.

Luego de cumplir el trámite de extradición fue trasladado a San Luis, donde el viernes 5 de septiembre se formularon cargos en su contra “por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil, previsto en el artículo 128 del Código Penal”, informó el Periódico Judicial puntano. Inicialmente le dictaron prisión preventiva por 90 días, pero Mercedes García, titular de la Fiscalía de Género Nº 2,  presentó ante Tribunal de Impugnaciones un recurso para extenderla.

Al fundamentar el pedido señaló que “el riesgo principalmente lo difumina el hecho de que es nacido en otra provincia, tiene su núcleo familiar allí y aquí no tiene trabajo. Dice ser estudiante de psicología, pero este año no se inscribió en ninguna materia”.

Secuestro de celular.

Además, la necesidad de extradición entraña “peligro de entorpecimiento”, porque “la evidencia que se busca es digital y su volatilidad nos obliga a tener un mayor resguardo, pero Tobio Morán podría haber alterado o eliminado la evidencia”. Según García, “al momento de su traslado estaba en posesión de un celular Samsung A10 facilitado en el lugar de detención, lo que implicaba un riesgo para la investigación: acceder a sus cuentas implica para nosotros un grave juicio y un grave peligro de entorpecimiento”.

Luego de detenerlo, la policía pampeana “secuestró su teléfono celular, el teléfono con el que estaba en comunicación en Santa Rosa, una CPU, adaptadores de memoria, DVDs, una caja de CDs y manuscritos que, por la primera lectura, contarían historias de niños abusados”. Para esta tarea se requirió “el trabajo conjunto de peritos informáticos, de delitos complejos y caligráficos” quienes deben sortear diversas dificultades: “un teléfono ya es un mundo para la investigación. El primer obstáculo es simplemente el desbloqueo. Si no se cuenta con el patrón del bloqueo, se atrasa la investigación hasta que los peritos puedan acceder”.

Prórroga de prisión.

La fiscal pidió “la ampliación del plazo de prisión preventiva a 120 días” y argumentó que “cuando un video es compartido, hay un menor que ha sido abusado sexualmente y cada vez que ese video es distribuido, es revictimizado”. La Defensora de Niñez N° 2 de San Luis, Marcela Torres Cappiello, adhirió a su pedido.

El imputado es representado por el defensor público, Carlos Salazar, quien se opuso a una prórroga de la prisión preventiva, porque no existen conductas que sugieran intención de evadir ni entorpecer la investigación. Señaló que “no ha habido ninguna conducta tendiente a evadir el procedimiento” y consideró que la complejidad del caso y la condición digital de la prueba secuestrada, no justifican una extensión de la medida cautelar. “La prueba debe estar resguardada, custodiada, y deben estar interviniendo expertos especializados en la materia”.

Además, la prisión preventiva es la medida más severa del proceso. “La última ratio es la medida más gravosa, la cual se le impuso a mi asistido” dijo, y recordó que el Código Procesal prevé otros mecanismos para solicitar una extensión en otro momento, si fuera debidamente justificada.

Luego de evaluar la cuestión el Tribunal de Impugnación hizo lugar al pedido de la fiscalía.

El caso.

La causa corresponde a una investigación internacional originada en un reporte de Instagram. La plataforma detectó que el imputado había enviado un video clasificado como B1 (abuso sexual grave contra una menor) desde su cuenta personal, lo que facilitó su identificación y evita la controversia sobre su autoría. “A diferencia de otros mecanismos que suelen ser utilizados, como cuentas falsas, él utilizó su cuenta personal. Se verificó la titularidad de su línea, el mail registrado y el perfil de Instagram que utiliza”, contó la jueza.

La investigación provocó allanamientos en 15 países de América y en 13 jurisdicciones argetinas: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Salta, Córdoba, Tucumán, Misiones, Formosa, La Rioja, San Juan y Santa Cruz. En San Luis realizaron cuatro allanamientos y detuvieron a tres hombres. El cuarto sospechoso era Tobio Morán, pero estaba en La Pampa.

El 28 de agosto, las autoridades puntanas ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre el operativo, encabezada por el Procurador general, Cadelago Filippi; la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; la titular de Delitos Complejos, Carina Bernal; el integrante de Delitos Complejos, David Fuentes; las fiscales Antonella Córdoba, Mercedes García y Marisol Boschi, y el comisario Juan Carlos Romero.

Los detenidos tienen entre 30 y 70 años. No se conocían entre ellos y tampoco están vinculadas sus causas penales.