"Es una cuestión económica y cultural"

La desarticulación en Toay de un matadero clandestino que faenaba y distribuía carne de caballos para consumo de la población, despertó alarma y mereció su publicación en formato de episodio policial. Sin embargo, no resulta un caso aislado sino una muestra de "situaciones que todavía se registran en muchos lugares y responden a cuestiones tanto económicas como culturales", reflexionó el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi.

 

En diálogo con LA ARENA, este médico veterinario de 45 años, graduado en General Pico, reveló que "la investigación del caso en Toay demandó seis meses y se inició en la Dirección de Ganadería, organismo al que la Ley 817 faculta para controlar las actividades de faena, elaboración y transporte de la industria cárnica". Luego de elogiar "la excelente y precisa tarea desarrollada por la Brigada de Investigaciones", recordó que estas causas suelen iniciarse "por denuncias y observación de publicaciones en las redes sociales, donde ofrecen carne a precios muy inferiores" al mercado convencional.

 

Por eso, Baraldi aclara que además de una cuestión penal "existe un problema social, porque hay vecinos que consumen" estos productos de faena clandestina, con el gran riesgo que conlleva su origen, ya que "no provienen de un frigorífico habilitado sino de establecimientos improvisados, que no implementan cadena de frío y donde los animales son ultimados, como en Toay, a hachazos y mal desangrados".

 

Aunque muchos consumidores no saben que la carne proviene de una faena clandestina, "los compradores al menos deberían sospecharlo por el precio". Según Baraldi "son maniobras que todavía ocurren en muchos pueblos, desde el carnicero que faena una vaca, cordero o cerdo" hasta la instalación de mataderos ilegales, como el de Toay. "Y debemos ser conscientes de que existen porque hay comerciantes, rotiserías, cocinas y carritos, que adquieren esa carne para comercializarla entre consumidores urbanos". "Seguramente muchos pampeanos han comido una hamburguesa o milanesa proveniente de faena clandestina, aunque nunca se enteraron", aseguró.

 

Sin control.

 

Para las autoridades provinciales "estos controles son un trabajo diario, que cobra gran relevancia porque la carne en mal estado puede provocar estragos en la salud de la población, con patologías graves como el Síndrome Urémico Hemolítico o la triquinosis". Precisamente, la aparición de infecciones con este parásito presente en la carne de cerdo provocó que la Mesa Provincial de Enfermedades Zoonóticas implementará un "programa de control y erradicación de la triquinosis, con 28 laboratorios habilitados para su detección mediante la técnica de digestión artificial".

 

Además, la faena clandestina perjudica "a establecimientos que hacen las cosas como corresponde, porque en La Pampa también funcionan excelentes frigoríficos y carnicerías".

 

Si bien el faenamiento informal involucra a todos los tipos de carne, resulta más común en las producciones ovina, caprina y porcina. "Todavía es una práctica extendida y naturalizada entre vecinos y productores, quienes crían animales y los faenan ellos mismos".

 

Según la normativa nacional vigente, todo criadero de animales para consumo humano debe ser registrado en el Senasa, sin importar su envergadura. "Inscribirse en el Senasa es el único requisito para criar animales destinados a consumo", recordó Baraldi. Sin embargo, "en los alrededores de muchos centros urbanos es común encontrar criaderos no registrados", situación que obliga a "encarar una lucha continua para promover su formalización desde los municipios, el Senasa y la Dirección de Ganadería".

 

El funcionario recordó que "incluso hay poblaciones donde el crecimiento urbano ha provocado que un criadero de cerdos funcione en el terreno contiguo a una vivienda o quinta, provocando denuncias y conflictos constantes entre las partes".

 

El plan que no fue.

 

Hace dos años, el presidente Alberto Fernández anunció un plan para instalar en distintas provincias una serie de criaderos factoría que producirían carne de cerdo para China. Afectado por un brote de fiebre porcina africana, que lo obligó a sacrificar más de cien millones de cabezas, el gigante asiático estaba dispuesto a realizar una inversión millonaria para crear 25 granjas, con 12.500 animales cada una, que permitirían exportar unas 900 mil toneladas anuales a Beijing.

 

La iniciativa despertó expectativas, pero también movilizó una intensa campaña en contra, promovida por organizaciones ambientalistas y sociales. El año pasado trascendió que en un memorándum de entendimiento entre ambos países figuraba el "despliegue de granjas de economía circular, maximizando contenido nacional en su construcción y operación". Su difusión despertó un inmediato repudio, traducido inmediatamente en la segunda "marcha plurinacional" contra las megafactorías de cerdos, en varias ciudades del país.

 

A la ola de repudio se sumó la increíble rapidez con que China recuperó su stock porcino: en solo dos años (2020 y 2021) pasaron de 310,4 a 449,2 millones de cabezas. Y ya hace más de un año que no trascienden novedades sobre este acuerdo, que parece haber muerto antes de nacer. La única provincia que avanzó fue Chaco, cuyo gobierno rubricó un acuerdo con la empresa de capitales chino-argentinos Feng Tian Food, para incorporar 36 mil madres. El propio Jorge Capitanich explicó que instalarían una serie de "granjas en las que habrá 2.400 madres, un frigorífico exportador, una planta de biodiesel, un biogestor con generación de energía y una planta de alimentos balanceados". De todos modos, la inversión, estimada en unos 130 millones dólares, todavía no se concretó.

 

La Pampa, marginal.

 

"La ganadería de nuestra provincia es netamente bovina. Si bien existen producciones porcinas, caprinas y ovinas, en el volumen total del mercado siguen manteniéndose como actividades de tipo marginal y alternativo", recordó Baraldi. Por eso, "este anuncio de los clusters chinos tuvo menor impacto en La Pampa que en las provincias con mayor producción porcina, y desde el gobierno provincial tomamos el recaudo de esperar para ver cómo respondían estas jurisdicciones", agregó.

 

Baraldi informó que, según datos registrados hasta el pasado 30 de junio, "La Pampa cuenta con 2.950 productores porcinos, con un stock de 143.780 cabezas, de las cuales 22.800 son madres productivas". La mayor parte se emplazan "en los departamentos Maracó y Capital, seguidos por Trenel y un conglomerado de unidades en la zona de Realicó, Rancul, Conhelo y Quemú Quemú", áreas habituales de cosecha gruesa que proporcionan maíz, insumo principal para alimentar a los cerdos.

 

Esta producción se destina a siete plantas de faena habilitadas, cinco de tránsito provincial (Anchorena, 25 de Mayo, Jacinto Arauz, Intendente Alvear y Uriburu) y dos de tránsito nacional: Pilotti (La Adela) y HV (Bernasconi). Entre todas procesan unos 2.500 animales mensuales, que comercializan en plantas elaboradoras de chacinados y carnicerías. Y si bien los 17 kilos por año que consumen los argentinos sigue lejos de los 47 kilos de vaca, "la carne porcina ha conseguido un espacio importante en la canasta alimentaria y su producción seguirá creciendo paulatinamente", concluyó Baraldi.

 

El final de la media res.

 

"En La Pampa ya están todos los frigoríficos alertados y preparados para implementar el nuevo formato a partir del primero de noviembre" anunció Baraldi. Ese día entrará en vigencia la resolución por la cual la comercialización de carne vacuna destinada a comercio minorista "sólo podrá hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos cuyo peso individual no superará los 32 kilogramos". La nueva medida, marcará el final para un centenario modelo de comercialización que ya había resistido muchos intentos de cambio.