Hidroeléctricas siguen en manos de privados

El 1 de enero de 2026 comenzará el proceso para privatizar las cuatro grandes represas hidroeléctricas de Río Negro y Neuquén: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila. Desde el inicio de la gestión libertaria, la licitación de estas centrales provocó una serie de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, quienes pretenden “resguardar los intereses provinciales” mediante una participación accionaria que garantice “un esquema federal de gestión” e impida que su administración quede exclusivamente en manos privadas o del Ejecutivo Nacional

 

A través de un decreto publicado el viernes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dispuso que el primer día de 2026 comenzará un “Concurso Público Nacional e Internacional sin base” para vender los paquetes accionarios de las sociedades que todavía operan las represas. Hasta entonces, los concesionarios gozarán de una nueva prórroga para seguir administrando las centrales y asegurar el normal funcionamiento del sistema eléctrico mientras se desarrolla la licitación, habida cuenta de que los contratos firmados en 1993 duraban 30 años y están vencidos.

 

Durante aquella gestión neoliberal fueron liquidadas las empresas Agua y Energía e Hidronor y las represas públicas pasaron a manos privadas. Los contratos establecían que, vencido el plazo de concesión, las centrales debían ser devueltas al Estado sin costo ni cargo. Lamentablemente, el vencimiento (ocurrido en agosto de 2023), coincidió con el inicio de otra etapa aún más liberal y el actual gobierno rechazó una reversión del proceso privatizador, abriendo discusiones sobre las condiciones de operación y mantenimiento, y una eventual participación de las provincias en esa gestión.

 

Por eso, el decreto manifiesta la “intención del Estado Nacional de otorgar dichas concesiones a distintas Sociedades Anónimas constituidas al efecto, cuyas acciones serán luego vendidas al sector privado bajo un proceso competitivo y expeditivo de alcance nacional e internacional”.

 

Siete prórrogas.

 

A partir del vencimiento de contratos, el gobierno dispuso prorrogar la gestiones privadas con plazos perentorios, y desde entonces ya pasaron dos años y seis prórrogas.

 

La privatización se desarrollará mediante una licitación pública, y a partir del 1º de enero el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas dispondrán de sesenta días corridos para convocar al concurso.

 

Según el texto, cuestiones de “seguridad, celeridad, eficiencia, economía y transparencia” obligan a otorgar una séptima y última prórroga: “resulta necesario, concomitantemente con el desarrollo del procedimiento de selección, propiciar la extensión del Plazo de Operación de las concesiones, en las condiciones establecidas en los respectivos contratos y en el presente decreto, como fecha máxima hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o bien hasta el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional a través del cual se venderán las acciones de las nuevas sociedades, lo que ocurra primero”.

 

Al fundamentar la prórroga, el presidente aprovechó para recordar el pedido de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, quienes el 7 de abril solicitaron una extensión de contratos para que sus equipos técnicos pudieran realizar “un análisis completo del proceso que se inicia para poder transmitir al Estado nacional una acabada respuesta sobre el tema”.

 

Una semana después Nación envió a ambos mandatarios un borrador de pliego de bases y condiciones para la licitación, otorgándoles 15 días de plazo para evaluarlo y responder al PEN. “Es un tema sustancial para nuestra provincia pero lo están haciendo de forma apresurada” cuestionó entonces el ministro de Planificación, Rubén Etcheverry.