Como La Pampa, Santa Fe reclamó en la Corte los fondos del déficit previsional

Después de tratar sin éxito con el ministro Luis "Toto" Caputo, el pago que la Anses dejó de hacer a las cajas de jubilaciones de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el gobierno de Javier Milei reestablezca los anticipos mensuales automáticos con la caja de jubilaciones.

La presentación va en sintonía con el reclamo que presentó el 15 de abril el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien exigió a Nación ante la Corte $90.277.032.140,36, que surgen del déficit de 2020, los anticipos recibidos en 2023, los anticipos pendientes de ingreso de 2024 y el estimado de los déficits previsionales de 2021, 2022 y 2023.

El gobernador pampeano fundamentó el planteo en el incumplimiento del Pacto Federal de 1999, ratificado por ley 25.235, y de las leyes 27.260 y 27.701, luego de agotada la vía administrativa ante la falta de respuesta a los reclamos provinciales. También La Pampa apuntó contra el DNU 280: planteó la inconstitucionalidad del decreto que deroga la legislación que regula esos pagos.

A partir de la deuda acumulada por el gobierno nacional principalmente en el anticipo mensual de recursos, el Ejecutivo provincial debió aportar fondos del presupuesto provincial para cubrir la falta de envió de recursos nacionales.

Santa Fe , 700.000 millones.

El gobierno de Santa Fe, a través de la vía judicial, cuestionó la constitucionalidad del artículo 18 del Decreto 280/24, que dispuso de manera "inconsulta e intempestiva" el cese de esos pagos y exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el Estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas.

En la década de 1990, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales, aunque algunos distritos como La Pampa, Santa Fe y otras 11 jurisdicciones no cedieron sus cajas. Sin embargo todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.

Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $700.000 millones -incluyendo casi $70.000 millones de anticipos en 2024-. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.

Pullaro pretende que una medida cautelar obligue a reponer las transferencias establecidas hace más de tres décadas entre el Estado federal y las provincias que no cedieron el manejo de sus cajas, como sucede con Santa Fe. A La Pampa y Santa Fe, se suma también el reclamo ante la Corte por parte de Córdoba que exige más de $117.000 millones.