Jueces: 40% tuvo vínculo con políticos

Un relevamiento realizado por Ruido y Connectas en las 23 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires (CABA), arroja un resultado impactante: el 64 % de quienes integran las Cortes Supremas de estos distritos tuvieron nexos con los gobiernos locales -o con sus funcionarios- antes de ser designados en sus cargos. La Rioja, San Luis y San Juan encabezan el ranking con el 100 % de vinculación, mientras que en La Pampa corresponde el 40 %.

 

Cabe destacar que el contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de cinco regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

 

El informe indica que “88 de los 138 jueces y juezas de las 24 cortes provinciales fueron funcionarios del gobierno local -ocuparon cargos ejecutivos o legislativos- o tuvieron funciones partidarias o algún vínculo laboral con funcionarios de una gestión política”. Un dato adicional es que “76 de estos supremos -es decir, más de la mitad del total- fueron designados en las Cortes bajo gobiernos del mismo signo político con el cual tuvieron el vínculo anterior”.

 

Desde Chequeado opinaron que “estas cifras ponen bajo la lupa la independencia de poderes, que es un pilar del sistema republicano, según la Constitución Nacional y las propias cartas magnas provinciales. La mayoría de estos jueces supremos fueron antes secretarios, ministros, legisladores, fiscales de Estado, directores de áreas o asesores. Y hasta existen casos de vicegobernadores, socios de estudios jurídicos de funcionarios e incluso parientes de gobernadores que hoy integran las Cortes provinciales”. También aclararon que “en todos los casos las designaciones han respetado los distintos mecanismos legales previstos en cada provincia, ninguno de los cuales prohíbe o limita que exista esta clase de nexos entre funcionarios políticos y jueces”.

 

Obstáculos.

 

Para esta investigación se realizaron pedidos de acceso a la información (PDI) a cada una de las 24 cortes supremas. Los investigadores destacaron que se recibieron nueve respuestas, pero sólo la del Tribunal Superior de Córdoba incluyó todo lo solicitado. En los casos de Mendoza, Entre Ríos, Salta, La Pampa, Neuquén y Chaco fueron parciales; desde Catamarca y Tierra del Fuego respondieron sólo algunos de los jueces.

 

Ante el pedido de Ruido y Connectas, sólo opinaron sobre este tema los jueces de Córdoba y uno de Tierra del Fuego. En ambos casos recalcaron que sus nombramientos se dieron conforme a lo que establecen las normas, y mencionaron los “anticuerpos” que el mismo sistema judicial tiene para resguardar la independencia y la parcialidad.

 

La Rioja, San Juan y San Luis encabezan el ranking nacional de nexos políticos: son las tres provincias en donde todas las bancas de sus Cortes Supremas están ocupadas por personas que tenían vínculos cercanos al poder antes de ser nombradas. Tierra del Fuego se encuentra al final de la tabla con un juez en esta condición.

 

En La Pampa hay dos jueces con antecedentes en puestos políticos. Se trata de José Sappa, quien llegó a la Corte en 2016 y previamente fue presidente del Tribunal de Cuentas entre 2010 y 2016 y Asesor Letrado de Gobierno. María Victoria Campo se incorporó en 2023; es hija del ex vicegobernador Luis Campo; fue Fiscal de Estado; abogada auxiliar de la Fiscalía de Estado (2004-2005); subsecretaria de Ecología (2005-2006); y directora de Pampetrol (2006-2010).

 

Quienes no tuvieron vinculación con cargos políticos son Eduardo Fernández Mendía (ocupa su lugar en la Corte Suprema desde 1994), Hugo Oscar Díaz (desde 1981) y Fabricio Losi (desde 2016).

 

Casos que son emblemáticos.

 

En Tucumán y en San Juan, las decisiones de sus cortes superiores estuvieron a punto de permitir, en 2023, la reelección de gobernadores para un tercer mandato, pese a que lo prohíben ambas constituciones provinciales. Tanto la Corte tucumana como el Tribunal Electoral sanjuanino (integrado por dos jueces de la Corte) admitieron la postulación de Juan Manzur y de Sergio Uñac, respectivamente. “La avanzada sólo se pudo frenar con fallos de la Corte Suprema de la Nación, que dictaminó en contra de lo que habían resuelto los tribunales superiores de ambas provincias”, afirmaron desde el informe.

 

La Rioja es uno de los ejemplos más claros para analizar la calidad institucional del Poder Judicial en las provincias. En diciembre de 2021 estallaron las críticas de la oposición cuando el gobernador Ricardo Quintela propuso e hizo nombrar –en un trámite exprés en el Legislativo– a su sobrina Ana Karina Becerra como jueza del Tribunal Superior. A los cuatro meses de asumir, además, la eligieron presidenta del máximo tribunal.

 

En Entre Ríos, el ex gobernador Sergio Uribarri fue detenido el 19 de noviembre de 2024, tras ser condenado a 8 años de prisión por delitos de corrupción. Pero gracias a un fallo del STJ de la provincia, su paso por la cárcel fue de sólo 50 días. El 8 de enero de 2025, su hijo Mauro –ex ministro de Gobierno- lo fue a buscar a la Unidad Penal de Paraná y lo llevó de vuelta a casa. Cinco meses después, el mismo órgano judicial cerró toda posibilidad de que volviera a la cárcel al negar la apelación ante la Corte Suprema de la Nación.