La Pampa pierde 700 viviendas por la motosierra

A través del decreto 70/2025, el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, un área a través de la cual se implementaron programas de construcción y urbanización que en las últimas dos décadas dieron techo a más de 100 mil familias que no tenían posibilidad de recurrir al sector privado para acceder a una vivienda. La titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, apuntó contra la gestión de Javier Milei por demostrar “desinterés en aquellas personas que necesitan el acceso a una vivienda digna y que es imposible construirla por sus propios medios”.

 

La medida de Nación pone en manos de las provincias desfinanciadas y los municipios sin obras públicas del Estado nacional la iniciativa de construir nuevas o remanentes inmuebles y obras de urbanización.

 

“La construcción de viviendas, en todo caso, podrá ser un resorte que elijan usar provincias o municipios”, afirmó el ministro desregulador Federico Sturzenegger para desentenderse del asunto y acusó sin pruebas a intendentes y gobernadores de “desviar recursos del Fonavi para gastos generales de administración”.

 

Para resolver el problema habitacional “la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales” dijo el funcionario, calificando con desdén a los barrios del conurbano, pueblos de provincias y zonas de la ciudad de Buenos Aires donde el Estado entregó casas y departamentos a cambio de créditos bajos o congelados. También se eliminó y puso en proceso de liquidación los fondos fiduciarios que sostenían los programas de hábitat.

 

El ministro sentenció que la construcción de viviendas tiene que estar en manos privadas, no públicas. Según él, para “resolver el problema lo importante es tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda”. Sin embargo, los créditos que ofrece el sector privado para esos fines son inalcanzables para una familia promedio.

 

“Desarmar política”.

 

En diálogo con Radio Noticias, la titular del IPAV, Erica Riboyra, lamentó el cierre de la Secretaría y sostuvo que, de esta manera, queda clara la postura “tajante” que tiene el Gobierno nacional en cuanto al “desinterés en aquellas personas que necesitan el acceso a una vivienda digna y que es imposible construirla por sus propios medios”.

 

Manifestó que el decreto es “ponerle el moño a desarmar la política habitacional del país”. Explicó que ahora “el Gobierno nacional no va a tener ningún tipo de vínculo ni representatividad por la finalización, cierre y transferencia de programas en materia de hábitat”.

 

- Quedan sin efecto los programas Procrear, Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi)...

 

- La comunicación oficial que tenemos hasta este momento es el mismo decreto que se difundió. No hubo ningún tipo de reunión, de aviso o de información formal de la ex Secretaría de Hábitat, de sus autoridades ni del Consejo Nacional, con el cual estuvimos reunidos la semana pasada. La decisión era un secreto a voces y nos reunimos para tener alguna respuesta a la información, pero nadie sabe todavía qué va a pasar con esto.

 

- Tampoco cómo afecta a La Pampa en línea general o en particular...

 

- Yo lo pienso de esta manera: todos los barrios Fonavi que hay en la provincia, el Plan 5.000, 3.000 y el Techo Digno son resultado de la política habitacional de la Secretaría de Hábitat -o ministerio como tuvimos en su momento- a lo largo de los años. Si lo traducimos así, tenemos que pensar que todas las familias que tienen viviendas con esos programas, hoy no las tendrían. Esas casas se construyeron con fondos nacionales, hoy no los tenemos y estamos reclamando el pago de lo que se está haciendo cargo la provincia.

 

Ampliación de padrón.

 

La titular del IPAV aseguró que la no construcción de viviendas “implica que se amplíe el padrón”, lo que significa que “hay mayor cantidad de familias viviendo en peores condiciones porque no tienen acceso a la vivienda y quienes no pueden pagar un alquiler se van a vivir con algún otro familiar de forma hacinada o en alguna construcción muy precaria”.

 

“La vivienda nos da dignidad a las familias, fundamentalmente aquellas familias que son trabajadoras y que por sus propios recursos no pueden construir en el corto plazo una vivienda”, apuntó.

 

Respecto a la posibilidad de que el sector privado financie las obras, Riboyra se preguntó “cómo hacemos para que el mercado construya viviendas en Algarrobo del Águila”. Por último, aseguró que el Gobierno provincial continuará con la política habitacional, pero que la velocidad de construcción “va a disminuir sí o sí. Todo esto afecta a los pampeanos y pampeanas”.