“La reforma se aprobará y los trabajadores perderán”

“El tope indemnizatorio es el ejemplo más palpable de la pérdida de derechos laborales”, advirtió el magister en derecho del trabajo. Consideró que la reforma “será aprobada, porque el gobierno consiguió el apoyo necesario y los sindicatos perdieron prestigio y poder de choque”.

 

“La reforma laboral va a salir y los trabajadores perderán derechos, porque este gobierno nacional está logrando el apoyo necesario y los sindicatos perdieron el poder de choque que históricamente tuvieron”, lamentó Damián Araya. En diálogo con Radio Noticias, el abogado laboralista y docente de la UNLPam vaticinó que la reforma será aprobada por el Congreso Nacional, describió los artículos principales del proyecto impulsado por la gestión que encabeza Javier Milei, y precisó cuáles serán los recortes de derechos más gravosos para los empleados registrados.

 

Entre los principales cuestionamientos a la iniciativa libertaria figuran los convenios por empresa, la ampliación de jornada laboral, la reducción de indemnizaciones, el banco de horas, los salarios dinámicos, el fraccionamiento de vacaciones y las restricciones al derecho de huelga.

 

“Las 48 horas semanales de trabajo se van a respetar. El problema es que uno de los proyectos promueve un banco de horas, elemento que algunas empresas ya tienen”, advirtió Araya. El problema que eso genera para el personal es que “en situaciones como hoy, cuando no hay trabajo o se registra menor consumo, la patronal podría reducir la jornada y extenderla cuando la demanda crezca, haciendo que los empleados recuperen ese tiempo sin pagarlas como horas extra, porque el empleado las debía”.

 

Lo más grave de este cambio es que “el empleador podrá notificar cuando necesite utilizar este mecanismo sin requerir una aceptación del empleado, lo cual entraña flexibilidad laboral”, aclaró.

 

Reducción.

 

En cuanto al pago de indemnizaciones menos gravosas, una pretensión de las cámaras patronales que el gobierno pretende reglamentar, explicó que “proponen diez salarios mensuales como tope de indemnización. Actualmente, frente a cada despido sin justa causa una empresa debe pagar un sueldo por año trabajado, pero en el futuro se pagarían como máximo diez sueldos aunque el empleado haya trabajado 15 ó 20 años. Y en el caso de las pymes, lo podrán pagar en 12 cuotas, lo cual representa una pérdida muy grave, porque te van a decir: ‘gracias por tus 20 años trabajados, te pagaré 10 sueldos en 12 cuotas’. Y éstas son las herramientas que les quieren otorgar a los empleadores”, lamentó.

 

Otro cuestionamiento apuntó a “la cuestión de los intereses aplicables en los juicios laborales, porque en jurisdicciones como Santa Rosa o General Pico los juzgados de competencia exclusiva no registran juicios con tanta indecisión en el tiempo como en Ciudad de Buenos Aires. En nuestra provincia, la llamada ‘industria del juicio’ no existe”. Según Aaraya el perjuicio deriva de que “a la tasa de interés laboral la fijarían en 3%, lo cual significa que cuando un trabajador tenga que reclamar por su despido en la justicia, no le pagarán la indemnización que actualmente corresponde según los criterios del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables)”.

 

Empleo.

 

- ¿En algún lugar del mundo, bajar costos laborales asegura menos desempleo y mayor índice de trabajadores registrados?

 

- Hay ejemplos como España e Italia, que apuntaron a eso al implementar un régimen simplificado de registración. El asunto es que el empleo implica una cuestión cultural muy fuerte y la dinámica laboral en esos países muestra que los trabajadores van pasando por contrato de una empresa a otra. En cambio nuestra realidad cultural es muy distinta, porque el trabajador pretende iniciar un contrato con estabilidad, cumplir una jornada laboral que le permita organizar su vida y jubilarse al término de su vida laboral: es una dinámica vinculada a nuestro estilo de vida. Por eso es muy difícil asegurar que con esta nueva forma de trabajo, a partir de ahora va a haber más contratación.

 

Consultado sobre la no sindicalización de los trabajadores, Araya consideró que, más allá de la puja política “los sindicatos se han alejado de sus bases. Se han estancado y no lograron mantener el diálogo social que los caracterizó, aunque también han sido demonizados por los grandes medios”.

 

Además, “los sindicatos han perdido el poder de choque que históricamente tuvieron y que posibilitó la conquista de tantos derechos laborales. Pero entre la falta de comunicación con sus bases y la estigmatización desde los medios, han perdido mucho prestigio”.

 

Por eso, Araya vaticinó que “lamentablemente, esta reforma va a ser aprobada, porque el gobierno está logrando el apoyo necesario y después de las recientes elecciones está teniendo las mayorías en el Congreso”. Por ello, “estas reformas van a salir y van a tener respaldo”, reiteró.

 

En cuanto al alcance de su implementación, “dependerá de los legisladores. Por ejemplo, en la cuestión de indemnizaciones, ellos deberán determinar si el tope indemnizatorio se aplicará a las relaciones que se inicien a partir de la reforma, o a cualquier relación laboral que finalice posteriormente a junio de 2026, por ejemplo”.

 

En definitiva, concluyó, “habrá pérdida de derechos, una realidad que resulta muy palpable en el tema de la indemnización. Porque de acuerdo a los antecedentes ideológicos de nuestros legisladores, la lógica indica que el tope se aplicará se aplicará a partir de esta ley, y aunque muchos casos terminarán discutiéndose en la justicia y podrían sentar precedentes contrarios, el trabajador pierde muchas herramientas con esta reforma”.