Las universidades van a la Justicia

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó realizar una presentación ante la Justicia para exigir que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley de financiamiento que sancionó el Congreso. A su vez, reclamaron que se cumpla con el sistema republicano.

 

El Plenario de Rectoras y Rectores del CIN se reunió este martes de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ese marco, se acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).

 

El presidente del cuerpo, el rector de la UNLPam Oscar Alpa, explicó que "40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”. De esta manera sintetizó el acuerdo de la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el plenario.

 

“Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.

 

Desde el CIN recordaron que Milei había vetado la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre la oposición logró ratificarla. La ley finalmente fue promulgada pero suspendida. Para Vergara, este accionar “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”.

 

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta. Corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci.

 

Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.

 

Bronca y desilusión.

 

La Asociación de Docentes Universitarios (ADU) se manifestó ayer en la Plaza San Martín ante la decisión de Milei de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada coincidió con el segundo día de paro que realizaron esta semana.

 

"La situación es de enojo, bronca y desilusión. Hemos trabajado entre todos y todas por una ley que tuvo una amplísima mayoría en Diputados y en el Senado, fue vetada, y se revirtió el veto. No obstante eso, el presidente hoy nos dice 'sí, pero no'. Promulga, pero no nos dan financiamiento", explicó Santiago Audisio, referente del gremio.

 

"Venimos ya con un desfinanciamiento del orden del 40 % en pérdida salarialy de gastos de funcionamiento. El punto importante, aunque parece egoista, es el salarial porque es parte de la implosión que estamos sufriendo. Son cada vez más los docentes que se van de la universidad y que no son reemplazados o sustituidos, porque quienes podrían estar en esas condiciones no vienen por salarios miserables", agregó.

 

En la pobreza.

 

Audisio reveló que "el 70% de la docencia está por debajo de la línea de pobreza. De ese 70%, la mitad están por debajo de la línea de indigencia de sus salarios. Es inconcebible, pero siguen trabajando y dando clases por las y los estudiantes. Ahora, el presidente Milei promete para el 2026 un ajuste que recae con otro 40% de pérdida de nuestra capacidad adquisitiva y de financiamiento".

 

Estos son los fundamentos de la medida que se concretó este martes. "Vamos a profundizar las medidas", anticipó y anunció que los gremios docentes presentarán por su cuenta planteos ante la Justicia para que se aplique efectivamente la ley.

 

Finalmente, le pidió al pueblo pampeano que "votemos por candidatos a diputados que realmente representen los intereses de la gente, que es la educación pública, la salud, la atención a personas con discapacidad... Hay que votar a opositores reales que tiene este gobierno. Tenemos que ser fuertes porque este presidente merece un juicio político".

 

"Gravedad institucional".

 

Tras la decisión del Gobierno nacional de promulgar las leyes de emergencia pediátrica y de Financiamiento Universitario, aunque condicionando su aplicación hasta tanto el Congreso defina el origen de los recursos para implementarlas, constitucionalistas advirtieron que se trata de una medida que viola la división de poderes.

 

“Esto es de gravedad institucional y afecta a toda la sociedad porque es un presidente que viola el proceso de formación y sanción de las leyes”, afirmó el pampeano Andrés Gil Domínguez a La Nación. El abogado constitucionalista consideró que la decisión expresa de suspender o condicionar una normativa sancionada es un fenómeno sin precedentes.

 

En coincidencia con su par Pedro Caminos, sostuvo que la ley 24.629 es aplicable sólo cuando hay un presupuesto vigente. Esto no ocurre actualmente debido a que Milei utiliza una prórroga del Presupuesto 2023. "Además, advirtieron que, al tratarse de leyes especiales, las normativas suspendidas por Milei anulan lo establecido en la ley citada y no a la inversa", precisó el artículo publicado por el medio porteño.

 

“Las leyes especiales desplazan en su aplicación a las leyes generales. Lo que propone el gobierno es un absurdo jurídico”, indicó Caminos a La Nación y aclaró que la decisión presidencial supone un avance del Ejecutivo sobre las prerrogativas parlamentarias. “Acá hay una discusión política más directa que es cuáles son las prioridades (del Gobierno) y otra constitucional sobre quién fija esas prioridades y, esto último, según la Constitución, lo hace el Congreso”, sostuvo.

 

En ese sentido, explicó que es el jefe de Gabinete, en este caso Guillermo Francos, quien debe encargarse de redistribuir los recursos disponibles a fin de cumplir con lo pactado en el recinto. El no reasignar las partidas y dejar sin efecto la ley, Caminos advirtió que “el Presidente está neutralizando la división de poderes en materia de gasto público”.