“Los genocidios se pueden repetir”

El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, junto a otras organizaciones sociales, políticas y gremiales; manifestaron hoy su “profunda preocupación por el terrible asesinato de Susana Beatriz Montoya”, viuda de Ricardo Albareda, desaparecido por la última dictadura cívico militar y madre de Fernando Albareda, militante de Hijxs Córdoba.
“Claramente es un crimen de odio político, ya que después de matarla dejaron un mensaje intimidatorio: ‘los vamos a matar a todos #Policia’, típico del terrorismo de la AAA. Este crimen se relaciona íntimamente con la ejecución de un plan siniestro promovido por el Gobierno nacional que busca reinstalar el terrorismo de Estado y la violencia represiva para poder llevar adelante el ajuste empobrecedor de todos los argentinos”, señaló el Movimiento en una reunión de prensa que se hizo este martes en la sede del Sipren.
“Solicitamos que la Cámara de Diputados, el Gobierno provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la UNLPam y todos los sectores de la sociedad se pronuncien repudiando los hechos”, señaló el dirigente Víctor Geavedoni.
“Hemos dicho a lo largo de nuestra historia, que los genocidios se pueden repetir y que no empiezan de un día para otro, son procesos que comienzan con actos preparatorios que hace falta denunciar y combatir. La mayoría de nuestra población no pensó, que el golpe de Estado de 1976 tendría las consecuencias que todavía hoy padecemos”, manifestaron.
Y agregaron: “Desde la asunción del gobierno fascista de Javier Milei el odio hacia los sectores que defienden la memoria y la justicia se incrementa día a día. A modo de ejemplos señalamos: el fuerte crecimiento de crímenes machistas hacia las mujeres y diversidades; el proyecto para la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años; la visita de legisladores libertarios a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad; la intervención de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo; el encarcelamiento ilegal y arbitrario de decenas de personas por el hecho de manifestarse; el otorgamiento de un presupuesto de 100 mil millones de pesos a la SIDE; el requerimiento público internacional de un golpe de Estado en Bolivia y en Venezuela; el proyecto de Ley para que el Ejército Argentino pueda intervenir en la represión social; la privación ilícita de alimentos y medicamentos a poblaciones urgidas de alimentación y tratamientos de salud”.