Medanito y el data room: ¿ignorancia deliberada?

La discusión sobre el proyecto para autorizar la licitación de El Medanito sumó un nuevo capítulo este martes, cuando en el plenario de comisiones de la Legislatura decidió patear su discusión para luego del receso invernal. De esta manera, la resolución se demorará al menos tres semanas.

Sin embargo, no dejó de llamar la atención lo que ocurrió dentro del plenario de las comisiones que presiden Andrea Valderrama (UCR) y Daniel Lovera (PJ) con la posición del radicalismo, que esbozó el diputado Hipólito Altolaguirre, sobre la concreción del Data Room. "Parece que se han juntado algunos funcionarios y que han hecho un data room", fueron sus declaraciones, según trascendió del plenario.

Sin embargo, desde su espacio no podían desconocer que Pampetrol estaba en vías de elaborar un informe de esas características. A su vez, la UCR posee un integrante de su espacio en el Directorio de la petrolera estatal. Se trata de Nicolás Romano, cuyo pliego fue enviado por el bloque para su designación, quien estaba al tanto de la elaboración del Data Room y debería saber que el trabajo fue realizado por los profesionales de la firma.

Confidencialidad.

En paralelo a este episodio, que podría tratarse de un caso de ignorancia deliberada por parte de la oposición, el Gobierno provincial emitió una aclaración sobre por qué se protege con confidencialidad el Data Room. "La información técnica y estratégica que se maneja -como estudios geológicos, perfiles de pozo, sísmica, historiales de producción- tiene un alto valor económico y competitivo. No es público por definición; su uso se basa en la confianza controlada", indicaron.

La información posee un gran valor comercial, ya que presenta "datos permiten estimar volúmenes de reservas, planes de inversión, costos operativos y potencial de rentabilidad. Una empresa que acceda sin control con un tiempo mayor al fijado por la licitación podría usar esa ventaja para ganar o negociar condiciones más favorables, perjudicando al Estado".

"Conocer anticipadamente la calidad de los reservorios o el potencial productivo permite preparar estrategias comerciales, financieras y tecnológicas específicas", explicaron. También enumeraron la normativa vigente que da fundamento jurídico.

"La confidencialidad no es para 'ocultar' información a la ciudadanía: es para proteger el interés público. Si se liberara esta información antes de tiempo: se debilitaría la posición negociadora del Estado provincial; se podría desvalorizar el activo público; se pondría en riesgo la competitividad y la transparencia de futuras licitaciones", añadieron.

"La confidencialidad en los Data Room es una práctica global, ampliamente reconocida en la industria energética y minera, y un estándar de cumplimiento en gobiernos responsables. Su fundamento se basa en proteger los recursos públicos, asegurar la soberanía y garantizar procesos competitivos y transparentes, siempre priorizando el interés provincial y nacional", completaron.