“Multa trucha”: el oficialismo frenó la interpelación de dos funcionarios castenses

(Eduardo Castex / Redacción) - El bloque de Juntos por el Cambio (JxC) blindó a la jueza de Faltas, Natalia Vallejos, y el director de Tránsito y Controles Urbanos, José Luis Braun, y frenó un pedido de interpelación que impulsaron los concejales del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), después de tomar conocimiento -en LA ARENA- que se emitió una “multa trucha” para cobrar $ 500 mil a un vecino de Laboulaye y el Juzgado Provincial de Faltas la desestimó. El abstracto argumento del oficialismo fue “darle un tiempo” a los funcionarios para “estar preparados para saber que preguntarle y que nos dirán” (¿?), mientras que el concejal Martín Araya se quejó que en 20 meses de gestión escuchó “hasta el hartazgo de eficiencia y transparencia”, pero “se niegan a que los funcionarios concurran al recinto”.

Los concejales del Frejupa presentaron, en la última sesión del CD un pedido de informes sobre el funcionamiento de las reparticiones gubernamentales, y requirieron la presencia de los funcionarios en la Legislatura local para que puedan responder “las inquietudes” de los ediles castense.

El oficialismo con su mayoría automática -de seis concejales contra solamente dos de la oposición- blindó a los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, y asumió el costo político de protegerlos para evitar la exposición pública y el impacto social de no poder fundamentar un procedimiento que derivará en una demanda civil contra la comuna castense.

Eficacia y transparencia.

La edila oficialista Silvina Soncini intentó minimizar el impacto de la negativa, y expresó: “No es una negativa sino que lo debemos tratar en comisión para ver cuando pueden venir los funcionarios, porque también tenemos que estar preparados para saber que preguntarle y que nos dirán. Es un tiempo para tratarlo en comisión, pero no es una negativa”, aseguró.

El concejal Araya contrarrestó el argumento, ironizando que estaba “sorprendido” porque “en 20 meses de gestión escuche hasta el hartazgo sobre la eficacia y transparencia que dice tener esta gestión, por eso me sorprende muchísimo que el oficialismo se nieguen a que los funcionarios concurran al recinto para contarle a los concejales y los ciudadanos sobre su trabajo y su función”.

También recordó que el artículo 42 -inciso 3- de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento faculta a los concejales para “convocar al recinto a los funcionarios” y para la próxima sesión restan 15 días. “No hay muchos que pensar, porque 15 días es un plazo suficiente para que se puedan organizar los funcionarios, el oficialismo y la oposición para definir las consultas que se les realizarán y determinar las inquietudes que se pretenden conocer”, expresó.

“Varias consultas”.

Araya planteó que el pedido de informes e interpelación de los funcionarios se presentó porque “nos interesar conocer sobre el funcionamiento de Tránsito, porque es uno de los temas que más nos consultan los vecinos y a nosotros también pretendemos interiorizarnos sobre este tema”.

“Es una gran oportunidad -continuó- para escuchar tanto al director de Tránsito como a la Jueza de Faltas, para que ellos expongan y comenten sus trabajos, para que preguntemos, que los vecinos sientan que sus problemas importan y que su Casa del Pueblo les abre las puertas porque este es el ámbito de la representación popular”.

“Traer a los funcionarios acá no es un gesto burocrático, es acortar la distancia que a veces sienten los ciudadanos entre sus problemas concretos y las instituciones que las administran, es transparentar la gestión, permitir que los funcionarios comenten sus trabajos y que nosotros podamos realizar el debido control”, expresó.

Multa trucha.

La polémica sobre el funcionamiento del departamento de Tránsito y Controles Urbanos y el Juzgado de Faltas, se desató después que LA ARENA reveló que la jueza Natalia Vallejos desestimó un descargo y el 26 de marzo emitió una sentencia de multa de 500 mil pesos a una persona de Laboulaye, a quien acusó de cruzar un semáforo en rojo.

El damnificado Gustavo Gargiulo recurrió al Juzgado Provincial de Faltas donde se pudo determinar que no estuvo en Eduardo Castex el 10 de noviembre de 2024, y planteó que la sentencia careció de “valor probatorio” porque “no contaba con sus datos identificatorios”. También acusó al municipio castense de utilizar “de manera desvirtuada la potestad sancionatoria municipal con fines recaudatorios, en vulneración de los principios de legalidad, razonabilidad”.

El juez provincial de Faltas, Andrés De Biasi, sí aceptó el recurso de apelación, y se expidió -el 30 de junio- desestimando la multa con cuestionamientos a la jueza Natalia Vallejos y absolvió a Gargiulo, porque la sanción “resulta violatoria de la garantía de inviolabilidad de Defensa en Juicio, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Ahora Gargiulo ya habría instruido a los asesores legales locales para iniciar una demanda civil contra la comuna castense.