Piden investigar a intendenta

El bloque Frejupa y Juntos por el Cambio del Concejo Deliberante de Catriló presentaron un proyecto para crear una Comisión Investigadora con el objetivo de analizar las acciones de la intendenta Graciela López. De esta manera se reaviva el conflicto entre los ediles y la jefa comunal.

 

La medida, amparada en el artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 1597), se tomó como una respuesta severa ante la "persistencia de una conducta omisiva y opaca" del Departamento Ejecutivo, a pesar de las múltiples observaciones, pedidos de informe y sanciones previas.

 

La Comisión tendrá un plazo de 60 días hábiles para investigar los hechos y emitir un dictamen, limitada al análisis administrativo, aunque deberá dar intervención judicial en caso de detectar posibles delitos.

 

Listado.

 

Para justificar la creación de la Comisión Investigadora, los concejales detallaron un extenso listado de irregularidades. En primer lugar se mencionan “contrataciones con irregularidades: el proveedor, identificado como Sebastián Paiva, no cuenta con habilitación comercial. Las órdenes de provisión fueron autorizadas por su hermano y refrendadas por las secretarías de Hacienda, Gobierno y la Intendenta, a pesar de que la propia asesoría letrada municipal advirtió sobre las irregularidades”.

 

También hacen hincapié en “montos excedidos: se realizaron pagos por montos que, sumados en un mismo mes, superaban los límites establecidos para las contrataciones directas; fraccionamiento artificioso: se sospecha de la división intencional de una misma obra (Propays o Acueducto Norte) en múltiples facturas de montos similares para evitar los procedimientos de licitación más rigurosos”.

 

En cuanto a la violación a la Ley de Contabilidad, los ediles señalan “rendiciones rechazadas: se rechazan rendiciones mensuales por el uso de fondos con asignación específica para otros fines sin comunicación previa, y por la falta de documentación contable de respaldo; contrataciones por urgencia falsa: se observan contrataciones directas (por montos superiores) justificadas en supuestas ‘urgencias’ para garantizar el agua potable, pero que un año después (a la fecha de la nota), el sistema aún no funcionaba; falta de transparencia en fondos clave: no se informó de manera completa sobre la ejecución del Programa de Mejoramiento del Parque Automotor ($ 154 millones), ni se solicitaron las autorizaciones de compra exigidas, generando desconocimiento sobre el destino de esos fondos”.

 

Además mencionaron irregularidades en Personal y Pagos. “Continúan produciéndose ingresos de personal a la planta municipal sin que se responda a los pedidos de informe sobre la nómina, funciones y mecanismos de contratación”, aseguraron y agregaron que “se registraron demoras y fraccionamientos en el pago de haberes al personal municipal sin justificación, contradiciendo el discurso de austeridad del propio Ejecutivo”.

 

Finalmente, los ediles opositores denunciaron "desconocimiento funcional y falta de control". En ese marco, afirmaron que “el municipio cobró las cuotas de las viviendas sociales, pero no las depositó en la cuenta específica hasta que el Concejo Deliberante lo requirió por unanimidad”. Y “se detectó una factura emitida por un proveedor que aparentemente no realizó trabajos, intentando cobrar servicios a nombre de otra persona, lo que reveló una ‘confusa y contradictoria explicación’ y una ‘falta de control evidente’ por parte de las secretarías”.