Repudian acusación contra docente: “Sienta un precedente de mucha gravedad”

El Frente Patria Grande La Pampa repudió la acusación del juez Maximiliano Boga Doyhenard contra la docente que abordó el genocidio de Israel en Gaza en el aula. En ese sentido, hicieron público el apoyo a la profesora piquense Ana Contreras.

A través de un comunicado, el partido subrayó que la docente, “en cumplimiento de su rol, como agente estatal y garante de derechos de niñas, niños y adolescentes brindó una clase sobre el Terrorismo de Estado en Argentina y la utilización del concepto Genocidio, lo que derivó en la discusión sobre la pertinencia de los conceptos para analizar el caso de la ocupación Israelí del territorio Palestino en la actualidad”.

“Creemos que esta acción judicial sienta un precedente de mucha gravedad y deja en desprotección al colectivo docente ya que, ante cualquier contenido sensible o controversial podría ser judicializado, atentando directamente contra la libertad de cátedra y el derecho a la formación ciudadana crítica, como así también al marco normativo vigente que establece que los alumnos son sujetos de derecho y no propiedad de sus progenitores”, sostuvieron.

“No es un caso aislado”.

Por otra parte, en el documento argumentaron que “no es, bajo ningún aspecto, una situación de adoctrinamiento; no se obliga a estudiantes a pensar de la misma forma que un docente. Lo que se dio y debatió dentro del aula está contenido y contemplado en las líneas curriculares aprobadas por el Ministerio de Educación”.

En ese sentido, señalaron que “no es un caso aislado” ya que esta semana “docentes rionegrinos fueron acusados desde las bancas legislativas provinciales de ‘adoctrinamiento’ por dictar contenidos de Educación Sexual Integral garantizados en la Ley Nacional 26.150, situación que se viene repitiendo a lo largo y ancho del país, y que está sirviendo como forma de disciplinar a los trabajadores de la educación, reemplazando una construcción crítica de saberes por la mera transmisión de ciertos contenidos curriculares seleccionados a discreción”.

Por último, el comunicado remarca que “la educación no puede quedar a merced de la censura ni de intereses particulares que desvirtúan los valores democráticos. Esta sentencia contradice los principios constitucionales, así como tratados internacionales donde se consagran y garantizan el derecho a la educación, de pensamiento y de libertad de opinión”.