Se agravó la crisis en Santa Isabel: Farana denunció a los concejales

(SANTA ISABEL/ REDACCIÓN)

Una grave situación institucional atraviesa Santa Isabel. El lunes, el Concejo Deliberante, intimó, mediante una ordenanza, al intendente Carlos Guillermo Farana a pagar de su propio pecunio una supuesta deuda luego de que un comerciante enviara una nota con una factura de 60.500.000 pesos por mercaderías varias. Inmediatamente el jefe comunal desconoció tal operación y le mandó una carta documento al supuesto acreedor, Hugo Darío Conde,  donde negó “rotundamente cualquier transacción comercial” y  le anunció una denuncia penal por “intento de estafa extorsiva”. En las últimas horas, el jefe comunal respondió directamente a los concejales mediante una resolución municipal que rechaza la ordenanza por incurrir en una “injerencia indebida”, y planteó una denuncia penal en la que le pide a la Justicia investigue a Conde y a los concejales firmantes de ésa norma por una “connivencia evidente” que podrían configurar” la posible comisión de los delitos de estafa, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La tirante relación institucional entre el intendente Farana y el Concejo Deliberante no es nueva. Ya tuvo episodios con numerosos pedidos de informe y rechazo de propuestas presentadas por el Ejecutivo. Pero, ésta situación excede ésa realidad y pone en peligro el equilibrio gubernativo del municipio de Santa Isabel.

Dura resolución municipal. Este episodio se inició el 8 de septiembre pasado cuando Hugo Conde le envió a el bloque opositor (Cambiemos) del Concejo local, una nota acompañada por una factura con la nominación de la Municipalidad de Santa Isabel por más de 60 millones de pesos por la supuesto compra de varios “bultos” de mercaderías varias (Bazar, Cotillón, matafuegos, mobiliario, etc).

Los concejales opositores la trasladaron al Concejo que el lunes pasado, 22 de septiembre, aprobaron  por 5 votos (2 del PJ y 3 de Cambiemos,  y un edil del PJ se abstuvo) la ordenanza 53/2025. Allí dieron por cierto el reclamo de Conde y deslindaron responsabilidades económica de la comuna y recurrieron a invocar leyes administrativas provinciales para imputarle a Farana la responsabilidad del pago de ésa deuda porque no estaba autorizada por el Concejo.

Respuesta de Farana. El jefe comunal reaccionó enfáticamente. Ayer, enterado de la situación por medio del contenido de la mencionada ordenanza reaccionó con varias acciones. Primero envió una carta documento a Conde en la que negó el contenido del reclamo de Conde: “rechazo en todos y cada uno de sus términos la nota mencionada, la que carece de firma y cuya autenticidad desconozco en forma total y absoluta. Niego expresamente los hechos allí invocados, en particular que esta municipalidad hubiera recibido entrega alguna de productos o bienes de su parte, que existiera contratación, acuerdo o compromiso de pago bajo cualquier modalidad, que se adeudare suma alguna a su favor por venta de bienes o prestación de servicios”.

En dicho documento también le comunicó a Conde que será denunciado penalmente. “Se le hace saber que su accionar constituye un intento de cobro indebido, infundado y carente de toda causa, configurando una conducta de carácter extorsivo y malicioso, por lo que se le hace saber que esta municipalidad procederá a formular la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de los delitos de estafa, extorsión y/o cualquier otra figura penal que pudiera corresponder, sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas pertinentes”, adelantó.

Rechazo de la ordenanza. Hoy, Farana confirmó a este diario que por medio de una resolución municipal rechazó la ordenanza 53/2025. En su artículo primero, dispuso “rechazar en todos sus términos la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante que pretende intimar al Departamento Ejecutivo al pago de una supuesta deuda a favor del señor Hugo Darío Conde, por resultar manifiestamente improcedente, ilegítima y contraria a las competencias asignadas por la Ley Orgánica Municipal.

En su segundo punto resolvió “desconocer categóricamente la existencia de cualquier contratación, acuerdo, entrega de mercaderías o compromiso de pago entre el Municipio de Santa Isabel y el señor Hugo Darío Conde, reafirmando que el único vínculo contractual pasado fue oportunamente cancelado y que el reclamo presentado carece de toda causa y respaldo documental”.

En el tercer artículo Farana hace un duro ataque al CD. Alli dispuso “hacer saber que el Honorable Concejo Deliberante, en su accionar, ha sido parte necesaria y activa en la promoción del reclamo infundado, dando curso y difundiendo un planteo absolutamente inverosímil, basado en una nota carente de firma, una supuesta factura indeterminada y dirigida a un poder distinto del Legislativo, violando toda ética en el ejercicio de su labor, extralimitándose en sus funciones e intimando indebidamente al pago al Departamento Ejecutivo, sin siquiera corroborar la existencia real de la deuda, pese a la absoluta falta de documentación respaldatoria, circunstancias que los concejales no podían desconocer. Este proceder temerario e incluso malicioso, contrario al orden democrático, los convierte en parte necesaria del accionar presuntamente delictual del señor Conde, por lo que este Departamento Ejecutivo dará curso a las acciones penales pertinentes”.

En el punto cuarto, el intendente decidió  “hacer saber al Honorable Concejo Deliberante los términos en que ha sido respondido el pretendido reclamo, acompañando copia de la Carta Documento oportunamente remitida al señor Conde, a fin de que no pueda alegarse desconocimiento alguno”.

El quinto y sexto artículo fue para hacer dos advertencias a edilas y ediles.  En uno resolvió “intimar a los señores Concejales a que, en lo sucesivo, prioricen el diálogo institucional por sobre actitudes confrontativas, evitando dar curso a presentaciones impertinentes que lesionen el prestigio del propio Concejo y comprometan las arcas municipales”.

Y en el último, “intimar asimismo al Honorable Concejo Deliberante al estricto respeto de la división de poderes, absteniéndose de intervenir en materias propias y exclusivas del Departamento Ejecutivo, so riesgo de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder”.

Denuncia a concejales. Hoy, el intendente Farana le confirmó a LA ARENA una presentación en la Justicia Penal relacionada con éste tema. Allí le contó a la Fiscalía que la carta documento enviada al domicilio de la factura librada por Hugo Conde, autoproclamado acreedor de  60.5 millones de pesos de la municipalidad de Santa Isabel, calle Dante Alighieri 1455, en Santa Rosa, “fue devuelta por el correo bajo la leyenda: se mudó el destinatario”. Para el intendente ésa es una “circunstancia que demuestra no solo el ocultamiento deliberado de su paradero sino también la falta de veracidad de su presentación”.

En tanto éste diario accedió a un fascímil de la demanda penal. “Vengo por medio del presente a formular denuncia penal en los términos de los artículos 270 y siguientes del Código Procesal Penal contra quienes resulten penalmente responsables, por la posible comisión de los delitos de estafa, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y/o los que en definitiva resulten de la investigación, en relación a los hechos que paso a exponer y que afectan gravemente el normal funcionamiento del Departamento Ejecutivo, el principio de legalidad y el patrimonio público municipal”, fue el planteo.

Farana considera que “en este contexto, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante no solo desconoce el principio de división de poderes, sino que además constituye un abuso de los mecanismos institucionales para ejercer presión ilegítima sobre el Departamento Ejecutivo, intentando forzar un pago infundado y difundiendo maliciosamente información inexacta en distintos medios, en claro perjuicio del Municipio que los propios concejales dicen representar”.

Y entiende que “esta conducta no sólo configura un abuso de poder por parte de quienes integran el Concejo, sino que podría estar orientada a favorecer intereses espurios de terceros, en desmedro del patrimonio público y del buen nombre de esta Administración”.

Finalmente les imputa responsabilidades a los y las concejales que votaron la ordenanza. “En síntesis, como no podrá escapar a esa Fiscalía, la pretensión del señor Conde ha sido rechazada por carecer de causa, respaldo, sustento legal y fáctico, configurando un accionar temerario, en evidente connivencia con los Concejales firmantes de la Ordenanza 53/2025 (Margarita Inés Hernández, María Elizabet Cabral, Cristina Elena Vázquez, Mariana Andrea Frías y Emanuel Oscar Fernández), conductas que deberán ser objeto de investigación”, concluyó la presentación.