Cuatro testigos declararon que el juez Díaz Lacava violó la cautelar

Cuatro trabajadores y funcionarios judiciales del Tribunal Oral Federal declararon contra el juez federal Pablo Díaz Lacava y lo acusaron de haber violado la medida cautelar que le prohibía acercarse las víctimas que lo denunciaron en la causa por maltrato y hostigamiento laboral.

En la sede de la Fiscalía Federal de esta ciudad, declararon el pasado lunes y advirtieron que el acusado "se acercó a menos de 50 metros de las víctimas y violó la medida cautelar", señalaron fuentes de tribunales.

"Faltan declarar dos personas y después se tiene que definir desde el Consejo si se avanza finalmente con el juicio político o no", agregaron. Díaz Lacava enfrenta cuatro procesos: uno en la justicia penal y tres en el Consejo de la Magistratura -denunciado por los empleados, el gremio judicial y la Cámara Federal de Casación Penal por el retardo de justicia-.

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura tomó declaración a los trabajadores y funcionarios judiciales que denunciaron a Díaz Lacava por maltrato y hostigamiento en su función como juez del Tribunal Oral Federal.

La causa judicial contra el magistrado se inició en abril del año pasado. En mayo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la cautelar que le prohibía acercarse -y la redujo de 200 a 50 metros- y en las últimas semanas, los trabajadores lo denunciaron por haber violado la restricción. El magistrado no puede concurrir por la mañana al Tribunal cuando están los empleados que lo denunciaron.

La acusación.

Díaz Lacava está imputado por los delitos de amenazas en perjuicio de seis víctimas en un contexto de violencia, maltrato laboral, y para los casos de las mujeres, en un contexto de violencia de género; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud de cuatro trabajadores; lesiones graves en la salud de una persona por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley, reiterados en tres ocasiones.