“Un trato discriminatorio”

“La solución depende de voluntad política para sentarse a dialogar. La ley nacional 27453 (“Integración socio urbana de barrios populares”) establece que municipios y provincias deben adecuarse a la nueva normativa y por eso desde 2018 la Secretaría de Integración Socio Urbana viene intimando reiteradamente a la Municipalidad de Toay para que afronte nuestra situación en el marco legal correspondiente”, recordó Ana Montes.

 

Los habitantes de la ecoaldea Chakra Raíz desarrollaron ayer una jornada de visibilización en la explanada de Casa de Gobierno, para repudiar la decisión del Superior Tribunal de Justicia, que ratificó una orden de desalojo al no admitir el recurso para revertir un fallo del TIP. Anita, quien se desempeña como habitual vocera de Chakra Raíz, ante la consulta periodística recordó que el municipio de Toay “debería llevar adelante una integración como lo están haciendo Santa Rosa, Catriló y 25 de Mayo, cuyas autoridades implementaron esta ley para siete asentamientos populares, los cuales, al igual que Chakra Raíz, están inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap)”.

 

Sin embargo, “en Toay hemos sido objeto de un trato diferente” lamentó, aunque expresó su esperanza de que “la Corte Suprema de Justicia finalmente pueda resolver esto como corresponde” siempre y cuando el STJ les permita acudir con un nuevo recurso ante el máximo tribunal.

 

“Discriminatorio”.

 

En nuestro país “hay más de un millón de familias que residen en barrios populares, pero lamentablemente el actual gobierno nacional disolvió el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) y los gobiernos provinciales deberían luchar para revertir esa decisión en lugar de ayudar a desguazar una barriada”.

 

En octubre Chakra Raíz cumplirá diez años. “En este lapso nos acercamos muchas veces al Ejecutivo y al Concejo Deliberante de Toay, pero nunca obtuvimos una respuesta”. Por el contrario, “éste es el tercer invierno consecutivo que nos niegan los bonos de leña, con el argumento de que nos vayamos a alquilar si queremos esa leña. Es un trato absolutamente discriminatorio y no le encontramos sentido”, confesó. Y agregó: “Estamos habitando dos hectáreas, dictamos talleres gratuitos para la barriada, mantenemos un ropero comunitario, hacemos huerta, hemos sembrado frutales y nuestro proyecto trasciende por diversas vías y cuestiones al territorio. Con un poco de voluntad política, podría ser totalmente enriquecedor para la sociedad toayense, pero decidieron enfocarlo con una mirada muy distinta y se niegan a dialogar”.

 

Actualmente, en esta ecoaldea hay “nueve casas individuales, dos en construcción y dos espacios comunitarios”. Según Anita, “toda la situación se desencadenó por un capricho del intendente Ariel Rojas, quien no acepta vincularlo con el derecho al hábitat. Somos familias con niños que necesitamos un espacio para nuestros hogares, y la realidad es que las políticas públicas implementadas para cubrir la emergencia habitacional en el conglomerado Santa Rosa-Toay son totalmente insuficientes y la única opción que queda es dejar media vida en un alquiler o esperar 15 ó 20 años, si tenemos suerte, para acceder a una casa de barrio”, con el agravante de que “ahora está afectada la construcción de viviendas por el desfinanciamiento” impulsado desde la Casa Rosada. Mientras, “el sistema político no ofrecía otras alternativas, fue sancionada una ley nacional para regular mejor el acceso a una vivienda digna, pero en lugar de tomarlo, acá lo rechazan, judicializan y persiguen”, concluyó.

 

Tras ocho años de proceso por usurpación, luego de un fallo favorable a la comunidad en primera instancia, el municipio de Toay apeló ante el TIP, que revocó el fallo y ordenó el desalojo. Los habitantes de Chakra Raíz recurrieron entonces al Superior Tribunal de Justicia, que hace dos semanas consideró “inadmisible” este recurso, por cuestiones técnicas.