Una cuestión de derechos

Dos integrantes del eje de Salud Mental de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del Conicet reflexionan sobre la necesidad de pensar a la salud mental de las personas como un problema comunitario y de interés público.

Redacción *

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, dos científicas del Consejo – Jorgelina Di Iorio y Gisela Cardozo– explicaron los objetivos centrales del eje de Salud Mental de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del Conicet. Las especialistas proponen comprender a la salud mental como un proceso complejo que abarca no sólo cuestiones psicológicas y del individuo, sino también dimensiones políticas, históricas, socio-económicas, culturales, etarias y de género. En este sentido, remarcan también la necesidad de pensar el derecho a la salud mental como parte del derecho de todas las personas a una salud integral.

– ¿Cuáles son los objetivos centrales del eje Salud Mental en la Red de Investigaciones en Derechos Humanos?

Jorgelina Di Iorio: El eje tiene como finalidad promover acciones de difusión, vinculación, transferencia e investigación desde una perspectiva interdisciplinaria, intersectorial e interseccional, orientadas a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de toda la comunidad. Partimos de comprender a la salud mental como un proceso complejo determinado por componentes políticos, históricos, socio-económicos, de género, de edad, culturales, biológicos y psicológicos, cuyo desarrollo implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas.
Gisela Cardozo: Somos investigadoras e investigadores insertos en nuestras comunidades y territorios, conocemos los problemas y queremos aportar desde nuestro lugar, que es la academia, nuestra mirada, acompañamiento y trabajo. Pero esto no lo podemos hacer en la soledad de nuestras investigaciones y es por eso que articulamos.

– ¿Cómo se inserta la cuestión de la salud mental en el marco de la problemática de los DDHH y en la de los derechos en general?

JDI: Seguramente, uno de los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente cuando hablamos de salud mental es, justamente, que se separa esta temática de la agenda de los derechos humanos en la Argentina. Por eso es la apuesta que hacemos desde el eje de salud mental. Desde la sanción de la LNSM, hace más de diez años, se consolidó en el marco normativo nacional una perspectiva de derechos humanos con relación a las personas con padecimiento mental y para la comunidad en general. La ley, que está en continuidad con los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, avanza así hacia un modelo de respeto de la autonomía en la toma de decisiones que afectan a las personas con padecimiento mental. Pero no se limita a este grupo en particular, sino que se avanza hacia la protección de la salud mental de todas las personas. La construcción de salud mental como un problema público tiene una historia vinculada con el encuentro entre los movimientos de derechos humanos, el retorno a la democracia y el movimiento antimanicomial de denuncia de las violaciones a los derechos humanos de usuarias y usuarios de servicios de salud mental. Esta historización está muy desarrollada en el reciente libro de Silvia Faraone y Alejandra Barcala, A diez años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental.
GC: En ese trabajo, las autoras realizan un ejercicio de memoria histórica en el que dan cuenta del enraizamiento del campo de la salud mental con un movimiento de derechos humanos que fue ampliando sus espacios de lucha, instalando el problema de la violación a los derechos fundamentales de las personas con padecimiento psíquico. En ese punto, es donde toda la experiencia que tenemos desde los posgrados en salud mental comunitaria de la UNLa juega un rol central. Pensar a las personas en lo individual es importante, pero cada persona está inserta en una comunidad que también contribuye, o no, a su salud mental, eso no lo podemos perder de vista.

– ¿Creen que en la etapa pandémica que se cierra y las postpandemica que se abre, el tema de la salud mental cobra especial importancia?

JDI: Creo que el tema se hizo más evidente, una situación que no podemos ignorar. Máxime en un contexto en el que la pandemia COVID-19 agudizó los padecimientos mentales de la población. Un grupo particularmente afectado sería el personal de salud y quienes trabajan directamente con los casos sospechosos de COVID-19. Identificamos, como un problema a abordar, las consecuencias psicosociales de la pandemia, desde una perspectiva de salud mental comunitaria. Es decir, todo aquello que hace a aspectos económicos, sociales, vinculares, entre otros. Pero no solo eso, a la continuidad de la atención en hospitales monovalentes y la brecha para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas usuarias, se suma el problema relacionado con la falta de un abordaje interseccional en la población con padecimientos mentales más vulnerable. Es decir, un abordaje que tome en cuenta las múltiples vulnerabilidades que atraviesan las personas institucionalizadas. Así, a modo de ejemplo, la perspectiva de género en las políticas de salud mental debe ser incorporada tanto en las decisiones concretas de cuidado que deben adoptar las y los profesionales, como las nuevas políticas públicas.
GC: También, en el mismo sentido, se requieren respuestas específicas para otros colectivos, como las infancias y juventudes, en el goce de su derecho a la salud mental. Son varias las temáticas que abordamos quienes formamos parte del eje, porque el cruce entre salud mental y derechos humanos es muy amplio, pero a la vez, se hace muy concreto a la hora de pensarlo desde las posibilidades de políticas públicas y el rol que debe tener el Estado como garante de derechos.

– ¿Por qué es importante garantizar la atención en salud mental como un derecho para todos y todas?

GC: No podemos pensar la atención de la salud mental sin pensar en derechos, la salud mental es parte del derecho a la salud integral. Y los derechos son indivisibles, interdependientes, cuando un derecho es violado el resto se ve comprometido, si tengo padecimiento mental ¿cómo puedo llevar adelante mi vida cotidiana?, ¿cómo afecta a mi vida en comunidad?, ¿cómo puede afectar a mi familia, mi trabajo, mi educación, mi alimentación? Es parte de nuestra salud, y así como naturalizamos la necesidad de atención médica tenemos que pensar la atención en la salud mental.

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