Otra de la jueza

Desde los tórridos días del verano pasado, cuando miles de vecinos salieron a la calle a protestar contra la política del entonces intendente Juan Carlos Tierno, no se veía tanta gente en una manifestación callejera como la que se reunió el lunes para repudiar el fallo de la jueza de la Familia y el Menor que separó bruscamente una niña de su familia de crianza.
Estos últimos días la ciudad se vio convulsionada por tan triste episodio y se convirtió, además, en foco de atención de no pocos medios de comunicación nacionales que comenzaron a seguir la evolución del caso.
Pero a pesar del gran malestar que ha provocado la decisión, ni la jueza, ni otro vocero judicial ni tampoco ningún funcionario del área específica del Poder Ejecutivo se han creído obligados a dar alguna explicación pública que intente justificar, al menos, tan dura medida. La población, atónita, no acierta a comprender cuáles son las razones que determinaron un proceder tan drástico que llegó hasta el empleo de la fuerza pública para separar a una pequeña de tres años de la familia que la cría desde que era una beba de pocos días. Y menos entiende cuando esa familia había iniciado los trámites de adopción y, según denunciaron, la burocracia judicial extravió el expediente.
El sentido común y el equilibrio que falta en los poderes públicos estuvo presente en la familia castigada con tan drástica decisión. Afortunadamente, porque de lo contrario, si hubieran resistido la medida, la policía tenía órdenes de intervenir para secuestrar a la menor a sangre y fuego.
Esta falta de información lo único que genera es incertidumbre y malestar. Los vecinos de la ciudad, que han manifestado su solidaridad con la familia agredida por la resolución, se sienten subestimados y tratados como chicos de un jardín de infantes. Se trata de una persona, dicen indignados, y como tal no puede ser apartada tan abruptamente de su entorno familiar para trasplantarla a otro sitio como si fuera una mascota.
Pero además, la magistrada que debería seguir el caso con el máximo de atención y cuidado se ausentó de la ciudad en plena ejecución de su cuestionada sentencia. Tampoco hay sobre este tema información oficial. Los medios de prensa no encuentran en el juzgado quien brinde certeza sobre un tema que ha crispado los ánimos de la ciudad. Ese proceder que se despreocupa de las consecuencias de una decisión tan relevante es propio de quien no entiende la función pública como servicio sino como privilegio. Porque quienes se sienten así subestimados son ciudadanos que, con el pago de los impuestos, contribuyen a abonar los generosos sueldos de los magistrados.
No es la primera vez que la jueza de la Familia y el Menor adopta decisiones cuestionables. Ya lo hizo cuando autorizó el regreso de un hombre con frondosos antecedentes como golpeador junto a su familia. La consecuencia fue fatal pues el hombre mató a golpes a su hija, una beba de poco más de un año. También se recuerda su omisión en denunciar la desaparición de dos adolescentes de su hogar, falta que permitió el cierre de un caso de secuestro y corrupción de menores sin ninguna investigación.
Su llegada al juzgado que hoy ocupa no estuvo exenta de cuestionamientos, como el que recordó que había superado la edad de jubilarse. En el coloquio ante los diputados de la Comisión de Peticiones, Poderes y Acuerdos había dicho que "a la letra fría de la ley hay que contraponer el corazón y el sentido común". El día de la sesión sólo contó con el apoyo de la bancada justicialista y una solitaria diputada radical.
A sólo dos años de pronunciar aquella frase actuó haciendo exactamente lo opuesto. Aplicó la fría ley sin corazón ni sentido común, ni consideró que una niña de apenas tres años y la familia que la crió merecen un trato mejor. Y los ciudadanos que le pagan el sueldo, información.